Rectifique, señor presidente

Las crisis obligan al gobernante a elegir.

La elección más difícil, si le inspiran valores de igualdad y progreso, es decidir cuál será la carga que soportarán los ciudadanos y cómo será distribuida. Dificultad que deviene de la conciencia de una injusticia como es la de hacer pagar a quien no es responsable.

En la decisión, tan importantes son los principios que inspiran la distribución del esfuerzo como el procedimiento para aplicarlo. Se puede hacer reforzando el consenso social u optar por medidas unilaterales e impuestas.

Somos conscientes de que ante una crisis tan virulenta y global los Estados se enfrentan a acontecimientos que escapan a su control, que los superan. Sabemos que, salvo excepciones, su capacidad de maniobra es limitada. España no es la excepción. No obstante, esto no exime, así lo creemos en UGT y es la guía de nuestro proceder, que las decisiones desatiendan o sean contrarias a los principios de justicia social que han de regir la conducta de todo buen gobernante. Cuando este se ve en la obligación de pedir sacrificios a los ciudadanos, debe hacerlo bajo el principio de la equidad. Dar una explicación coherente y ofrecer alternativas solventes, que contribuyan a la recuperación económica y del empleo y a mantener la solidaridad social.

El Gobierno ha dado un giro radical y ha adoptado medidas laborales y sociales injustas e ineficaces

Los sindicatos estamos en el punto de mira de la derecha y sus libelistas

De esta crisis tenemos que salir todos juntos y con más cohesión. Afirmaciones como esta figuraban en el frontispicio político del Gobierno hasta hace pocos meses. Un compromiso compartido, sustentado en la convicción de que los recortes de derechos no crean empleo, que la inseguridad laboral no produce más competitividad, que la reducción de la protección social castiga a los más débiles.

La UGT sigue convencida de ello. Nosotros, que damos valor a la memoria, participamos de una afirmación: tanto recuerdas, tanto vales.

Hemos asistido a un cambio radical. Las decisiones del Gobierno en materia de reforma laboral, de congelación de pensiones y de ajustes salariales son incomprensibles, injustas e ineficaces.

El consenso social expresa la voluntad de un esfuerzo común que busca alcanzar más progreso, más cohesión y bienestar. El diálogo entre trabajadores y empresarios es parte de él, tiene sus límites y en ocasiones no es posible el acuerdo. Pero no por ello se ha de romper el consenso, que resulta especialmente necesario para conducir la salida de la crisis. El Gobierno, que es quien lo modera, debe hacer todo lo necesario para garantizarlo.

Lo que está sucediendo es justo lo contrario. El Gobierno ha quebrado el delicado equilibrio que se mantenía con dificultad desde que se desató la crisis enEspaña. Lo ha roto de una manera unilateral. Actuando precipitadamente abraza un discurso diametralmente opuesto. Este viraje no refuerza su autoridad, al contrario, ahonda en el desconcierto y el rechazo de una gran mayoría de la población.

Con vanidosa indiscreción, algunos de los llamados "expertos" a los que se escuchó en los días previos a la ruptura relatan cómo el Gobierno, desdiciéndose de sus convicciones, fue preñado a la fuerza por los mercados financieros. No parece una actitud muy correcta para unos consejeros, aunque lo sean por horas. Asesores honestos y competentes son necesarios para un gobierno eficaz. En situaciones de crisis tener valores compartidos es inexcusable.

Quien los convocó duda ahora de los efectos que sobre la creación de empleo tendrá la reforma laboral. Dudas que están empezando a matizar el discurso gubernamental. Las medidas aprobadas y las previstas son, después de las de Grecia, las más duras de la Unión Europea. También las más desequilibradas en la carga del ajuste. Se hicieron, según han trasladado a la opinión pública, obligados por el pánico que produjo la especulación contra el euro y la solvencia de nuestro país.

Pero hay preguntas que no se acierta a responder: ¿en qué va a calmar a un especulador que a los trabajadores españoles les despidan con 20 días de indemnización en lugar de 45? ¿Qué efectos va a tener sobre el déficit debilitar la negociación colectiva? ¿Cómo se va a asegurar que alguien pueda cotizar 38 años y trabajar hasta los 67 si a la edad de 45 años no encuentra un puesto de trabajo?

España es el único país donde se ha impuesto una contrarreforma laboral que ha roto el equilibrio existente entre trabajo y capital, atacando principios básicos de las relaciones laborales. Lo hace un Gobierno que mantenía un discurso no ya distinto, sino opuesto.

Por eso convocamos una huelga general. Una huelga cargada de razón y de legitimidad, también de convicciones democráticas. No podemos resignarnos a que la ley de la selva del mercado se imponga y gobierne nuestro destino.

Cada vez son más las opiniones que avisan sobre las similitudes de esta crisis con lo sucedido en los años treinta. Alertan sobre los efectos de las reducciones drásticas del déficit presupuestario en momentos en los que el sistema bancario y la economía pueden no ser lo suficientemente firmes para aguantar sin estímulos fiscales y monetarios. Creemos que hay que reconducir decisiones precipitadas y evitar un escenario de retroceso de la incipiente recuperación económica.

El Gobierno tiene opciones. Nos preocupa su voluntad política, pero sabe que un aumento de impuestos es siempre menos contractivo que un recorte del gasto. Medidas de corto plazo deberían completarse con una revisión sustancial del sistema fiscal. Si se desea contar con una fiscalidad que haga frente a los retos del cambio de modelo productivo y el desarrollo del Estado de bienestar es necesario avanzar en equidad contributiva. Una piedra angular debe ser la reducción del fraude.

Las sociedades obreras que nos precedieron, los sindicatos hoy en el siglo XXI, son una alianza entre los que murieron y los que están por nacer. Una cadena biológica de solidaridad.

Para la derecha y sus libelistas somos un objetivo a batir. Otros respetables analistas anticipan nuestra extinción. Nada de ello es nuevo, baste leer lo que se escribía en 1988 o en 2002. Hace unos meses se nos criticaba por no convocar protestas contra el Gobierno y hoy los mismos nos difaman por hacerlo. De la actitud responsable y la contribución al desarrollo económico hemos derivado a lo contrario. Aceptamos las críticas, si bien las de ciertos eruditos a la violeta resultan de dudoso rigor. Nos preocupa un discurso extremista que, como una lluvia fina, deteriore la calidad de nuestra democracia y aliente la confrontación.

Los sindicatos no podemos tolerar que los trabajadores paguen con su empleo, con sus ahorros y ahora con sus derechos laborales y sociales los excesos y la irresponsabilidad de unos pocos.

Nosotros no chantajeamos, como hacen los especuladores financieros y sus voceros, a los Gobiernos soberanos. No tenemos la capacidad de presión que da disponer de miles de millones de euros apostados a romper el espinazo de la Unión Europea. A nosotros nos ampara la razón y la búsqueda de la justicia social. Fuerzas muy poderosas que son motor de la democracia y han transformado sociedades. Si las perdemos, con ellas se va nuestra razón de ser. En el tiempo que nos toca vivir quizás no estemos destinados a rehacer el mundo, pero vamos a hacer todo lo posible para impedir que se deshaga.

Después de la huelga general el Gobierno debe rectificar, será una muestra de inteligencia, responsabilidad y sensibilidad social.

Cándido Méndez es secretario general de UGT.