Justicia parada
Con el boato de rigor, regio y litúrgico, se acaba de abrir el año judicial. El discurso inaugural nos exhorta a no criticar a la judicatura, porque, dice, es pieza esencial de la democracia. No dice, sin embargo, que el titular constitucional del Poder Judicial es el pueblo español, y no la judicatura, que solamente es su administradora. El servicio público de administrar justicia es siempre importante y, a veces, además, inaplazable. Según su cometido, y según sus protagonistas, los ritmos de ese servicio público son distintos. Hay juicios rápidos y procesos inacabables. Hay expedientes tramitados en piezas separadas y otros tramitados acumuladamente. En todo esto la Administración de justicia no difiere mucho de otros servicios públicos. También el servicio ferroviario tiene lentos trenes de mercancías, trenes de largo recorrido y trenes de alta velocidad. Todos ellos completos, con su locomotora, todos sus vagones, su carga, sus pasajeros, sus maquinistas y empleados.
Los usuarios exigen que el servicio funcione, piden información y protestan cuando es deficiente o se interrumpe
Los usuarios exigen que el servicio funcione; requieren, a veces infructuosamente, información cuando sus expectativas no se cumplen, y protestan cuando el servicio es deficiente o se interrumpe. Nadie dudará de que tienen derecho a protestar no solo por el mal servicio recibido, sino también por las insuficiencias de las infraestructuras, por la mala gestión y por la dirección técnica o política del transporte ferroviario. Esto, que vale para los usuarios del ferrocarril, y análogamente para los de otros muchos servicios públicos, también debería valer para los usuarios del servicio público de la Administración de justicia.
Pero el símil no es tan fácil como sería deseable. Los que hacen andar los trenes no pueden, a su arbitrio, desenganchar o añadir vagones, elegir vías, ni velocidades, ni paradas. Pero pueden hacer huelga. De entre los que hacen andar la máquina de la justicia, algunos, los jueces, sí pueden despiezar o acumular trámites y actuaciones, que sería como enganchar o desenganchar vagones en los trenes de sus procesos, y pueden cambiar trayectos, vías y velocidades, llegando, prácticamente, a poder parar la marcha de un proceso, sin necesidad de hacer huelga, haciendo superfluo el debate sobre si pueden hacerla.
Aquí, a casa nostra, tenemos el tren del Palau. Parece que es un tren largo y de largo recorrido. Lleva, según dicen, pasajeros en clase preferente, mucha carga, y aún debería detenerse en determinadas estaciones para cargar más, enganchando nuevos vagones, y posiblemente más pasajeros. No diré nada de los maquinistas y demás profesionales encargados de que ande ese tren. Pero, en buena lógica, según el sentir general, ya debería haber llegado, o estar llegando, a su estación de destino. Y, sin embargo, parece que en esa estación "ni está ni se le espera". Se teme que para simular una llegada en tiempo razonable, se alivie la carga, se desenganchen vagones, a la espera de que otros maquinistas con otro tren, por otras vías, y a otra velocidad, condujeran esos vagones desenganchados a otra estación. Quienes, como titulares de ese servicio público, tienen todo el derecho a exigir y criticar esperan que el tren de ese proceso cargue junto con el primer vagón de la rapiña inicial, a todos los posteriores beneficiados, ilegalmente financiados, comisionados, y los conduzca, todos juntos, ya, al destino que les corresponde.
José María Mena es ex fiscal jefe de Cataluña.
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