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El déficit público, un problema estructural

Estamos a las puertas de conocer en detalle los Presupuestos Generales del Estado para 2011 (PGE-11). Parece, pues, conveniente, a modo de introducción, repasar cuál ha sido la evolución de las cuentas públicas desde que estallara la crisis allá en 2007.

El gráfico superior izquierdo nos muestra los datos básicos de esta evolución. Hablando en términos del PIB, los ingresos del conjunto de las Administraciones Públicas (AAPP) han disminuido desde el 41,1% en 2007 al 34,6% en 2009, es decir, 6,5 puntos porcentuales (pp). Por su parte, los gastos han aumentado 6,6 pp, hasta el 45,8% en 2009. El consumo público (fundamentalmente remuneraciones de los empleados públicos y consumos intermedios de bienes y servicios), que supone en torno al 45% de los gastos totales, ha aumentado 2,7 pp y las prestaciones sociales monetarias y en especie, que suman casi otro 40% del gasto, lo han hecho en 3,3 pp, de los cuales la mitad corresponden a las prestaciones por desempleo. Los gastos de capital en inversiones y transferencias también han aumentado su peso en el PIB en medio punto porcentual. Como consecuencia de todo ello, el saldo ha pasado de un superávit del 1,9% del PIB en 2007 a un déficit del 11,2% en 2009, es decir, se ha deteriorado en 13,1 pp.

Si excluimos el del paro, la evolución del gasto público ha sido similar en España al de la zona euro
Son necesarias reformas en impuestos y en gastos para hacer sostenible el Estado del bienestar

Todas estas cifras son cuando menos sorprendentes. Nunca desde que existe la contabilidad nacional se había producido este vuelco tan radical y en tan poco tiempo de las cuentas públicas. Si miramos a los países de nuestro entorno, encontramos varios en los que el gasto público ha avanzado igual o más que en España (Irlanda, Dinamarca, los tres países bálticos y Reino Unido), pero ninguno en el que los ingresos hayan caído tanto, incluido Estados Unidos, donde la política fiscal expansiva se ha hecho sobre todo reduciendo impuestos. En la zona euro en su conjunto los ingresos han retrocedido un punto porcentual del PIB entre 2007 y 2009 y los gastos han aumentado 4,7 pp.

El hecho de que los ingresos hayan disminuido tanto en España se debe, en primer lugar, a las bajadas impositivas que se llevaron a cabo en los prolegómenos de la crisis (Sociedades, IRPF y cambios en el IVA), que pueden explicar unos dos puntos del PIB; en segundo lugar, a que el impacto de la crisis ha sido mayor en España, a pesar de que la contabilidad nacional nos dice que la caída del PIB ha sido similar a la de la zona euro, y a que la composición de dicha caída ha afectado mucho más que en dicha zona al gasto interno (incluido el de la vivienda) y al empleo, que son las bases de la mayor parte de la recaudación; por último, no hay que descartar un aumento de la ocultación fiscal. Por lo que se refiere al gasto, si excluimos el aumento del destinado a hacer frente al paro, la evolución ha sido en España similar a la de la zona euro, por lo que no puede decirse que nuestras Administraciones Públicas han sido especialmente despilfarradoras. Eso sí, han seguido gastando como si dispusieran de los elevados aumentos de ingresos anteriores a la crisis, lo que demuestra una notable falta de diagnóstico sobre la naturaleza, los efectos y la duración de la crisis por parte de nuestra clase política.

Buena parte de la pérdida de ingresos puede considerarse permanente o estructural. A su vez, la dinámica y la estructura de gran parte del gasto público solo podrían sostenerse en el futuro si el PIB volviera a crecer a las tasas anteriores a la crisis (7,7% nominal anual entre 2000 y 2007), lo que parece poco probable. Todo ello plantea un problema de primer orden: al margen de la coyuntura, el sistema tributario español no va a ser capaz por mucho de sostener el nivel del gasto público actual, que, por otra parte tampoco es especialmente elevado, pues queda unos cinco puntos porcentuales del PIB por debajo de la media de la zona euro. De ahí que sean necesarias reformas y medidas estructurales en los ámbitos de los ingresos y gastos para, por un lado, recuperar al menos parte de los ingresos perdidos y, por otro, redimensionar las Administraciones Públicas y hacer sostenibles las prestaciones del Estado de bienestar. Lo primero puede incluso hacerse sin subir más los impuestos a los que ya soportan el grueso de las cargas impositivas. Veremos si los PGE-11 van en esta dirección. -

Ángel Laborda es director de coyuntura de la Fundación de las Cajas de Ahorros (FUNCAS).

* Este artículo apareció en la edición impresa del domingo, 26 de septiembre de 2010.

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