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Entrevista:IGNACIO FERNÁNDEZ TOXO Y CÁNDIDO MÉNDEZ | La protesta del 29-S

"Es la huelga más necesaria de la democracia"

La huelga general convocada para el miércoles 29-S es, para los secretarios generales de los sindicatos CC OO y UGT, "la más necesaria de la democracia" y culpan de ella a la política del Gobierno, con su presidente, José Luis Rodríguez Zapatero, a la cabeza

Cándido Méndez e Ignacio Fernández Toxo llevan todo el mes recorriendo España para explicar las razones de la huelga general y, aparte de compartir discurso, se les nota compenetrados. La entrevista se celebra a cuatro días de la convocatoria en el Círculo de Bellas Artes, previa a un acto reivindicativo con actores y famosos.

Pregunta. ¿Era inevitable?

Ignacio Fernández Toxo. No se puede decir que fuese inevitable. Es el resultado de un giro radical en la política económica y su desencadenante ha sido una reforma laboral tremendamente lesiva que se configura como un retroceso muy grave en los derechos básicos del trabajo, como la contratación, el despido, las condiciones fundamentales de trabajo hasta extremos que pueden dejar en papel mojado la negociación colectiva. Además, los problemas del mercado laboral no están en la reforma, como lo demuestra el que la mitad de España tiene una tasa de paro de entre el 10% y el 15%, y la otra supera a veces el 25% con las mismas leyes laborales. Pero la huelga, sobre todo, tiene un carácter de prevención de nuevos ajustes que afectan al núcleo de los sistemas de protección social, cuya expresión más visible sería el retraso de la edad de jubilación obligatoria a los 67 años.

"El Gobierno ha abrazado el discurso que combatía hace unos meses"

"La reforma laboral es reversible, diga lo que diga Zapatero"

"El director del FMI narcotiza la conciencia del Gobierno español"

"Se han escuchado gritos de ¡Zapatero dimisión!, pero no de ¡Rajoy al Gobierno!

Cándido Méndez. La ha hecho inevitable el giro brutal del Gobierno en su discurso y en su política: en los contenidos de la reforma, el plan de ajuste y las amenazas que hay sobre el sistema de pensiones. El Gobierno es quien la provoca. Nosotros no tenemos otra alternativa que convocarla.

P. ¿Creen que es una "putada" hacer una huelga a un Gobierno de izquierdas?

F. T. Posiblemente fue una expresión desafortunada, pero venía a resumir que las políticas que puso en circulación tras la nefasta reunión del Ecofin de mayo habían llevado una huelga general cuando lo que necesitaba era un consenso para salir de la crisis. La huelga es la respuesta obligada a esa secuencia de ajuste económico, reforma laboral y anuncio de reducción del peso de la protección social.

P. ¿Esperan un "huelgón"?

C. M. Va a tener mucho impacto. La estamos preparando concienzudamente. La verdad es que la coyuntura en la que se produce seguramente es la más difícil de todas en las que hemos convocado huelgas. Pero, curiosamente, es la huelga más necesaria de la historia de la democracia española porque los motivos son combatir unas imposiciones laborales y unas pretensiones en materia de pensiones sin precedentes. Nunca, en la historia de la democracia, un Gobierno ha tratado de atacar por tantos frentes a la vez los derechos sociales y laborales de los trabajadores como ahora.

P. ¿Por qué se produce ese giro?

F. T. Hay varios factores, aunque probablemente el último impulso lo da el pánico que generan los mercados ante la crisis griega y los movimientos especulativos hacia Portugal y España, mientras Europa mira a otro lado. Es el punto de inflexión que lleva a pasar de políticas expansivas para salvar el sistema financiero a priorizar el déficit público, lo que orilla el empleo. No obstante, había un sustrato que venía alimentando ese giro y que, en medio de las convulsiones de la crisis, pasó desapercibido: el viraje hacia la derecha en el Parlamento Europeo y en algunos Gobiernos. Lo más lamentable, y no estoy pensando solo en el Gobierno español, es que la izquierda europea no haya logrado un discurso alternativo para enfrentarse a la crisis y se haya asignado a la marea neoliberal.

C. M. Además, ocurre que la crisis de Grecia, cuya economía afecta solo al 2,5% de la europea, se utiliza para aplicar una cura de caballo, con un fuerte protagonismo de Alemania. El Gobierno español, que ostenta la presidencia europea, no sabe jugar sus cartas y se deja acogotar cuando debería haberse centrado en alguna fórmula para luchar contra la crisis y no aceptar una imposición que nos puede condenar a una segunda velocidad. El Gobierno, al que hay que reconocerle un compromiso con la preservación de los derechos civiles, ha tenido bastantes incoherencias en materia de política económica como se demuestra en esa perla de que bajar impuestos es de izquierdas. El Gobierno, dentro del cual ha habido cierta predisposición, no solo se ha quedado sin discurso, sino que ha abrazado desesperadamente el que combatía hace unos meses.

P. ¿Es Zapatero el instigador de ese cambio? ¿A quién se refiere cuando dice que dentro del Gobierno había predisposición?

C. M. Es que él es el responsable, primero y último. Yo no lo puedo identificar con otro que el propio presidente del Gobierno.

F. T. El presidente nombra a los ministros y a las ministras y ha metido en las áreas económicas a gente de la que se conocía su predisposición a transitar por estos caminos antes del giro. En el fondo compartían ese diagnóstico de los sectores más próximos al pensamiento liberal.

P. ¿Ha tratado el Gobierno de hablar con ustedes?

C. M. No. Pero en relación con ese tema voy aprovechar para dejar claras algunas cosas. Probablemente, el Gobierno sea presa de una confusión tremenda por causa de la huelga; pero las organizaciones sindicales tenemos el derecho de ser informadas por el Gobierno, y éste el deber de informarnos sobre todas las políticas que afectan a los trabajadores, más allá de las situaciones de conflicto que aparezcan. El hecho de que no nos haya convocado para ser informados y consultado sobre los Presupuestos Generales del Estado es un incumplimiento de los deberes generales.

P. Y de los PGE se ha informado siempre, claro.

F. T. Efectivamente. Ha habido un corte radical en la relación. El Gobierno, una vez que se produjo el desencuentro de la reforma laboral, ha dejado de tomar contacto con las organizaciones sindicales. Convendría que se evitaran algunos tics: una cosa es que tengamos un nivel de confrontación fuerte por oposición a la política que están desarrollando y otra que se pierdan los modales y, sobre todo, se entre en riesgo de vulneración de normas. El Gobierno está obligado a informar de los PGE a los agentes económicos y nunca, en lo que yo tengo de memoria, se había producido un hecho como el comentado por Cándido. Sospecho que tampoco ha convocado a las patronales. ¿A qué obedece ese ataque de sectarismo? A lo mejor al subconsciente que cada uno lleva dentro.

C. M. Eso pone en entredicho el concepto de valor que se le da al diálogo social, que no es un instrumento de quita y pon en función de la coyuntura, es una manera de entender la política. Un escenario de confrontación no exime al Gobierno de sus obligaciones.

P. ¿Posiblemente es porque espera un fracaso?

C. M. Yo no llegaría a eso. Forma más parte de una enajenación mental en estos momentos, en los que, probablemente, no son conscientes de las consecuencias últimas. Lo que hay es una ofensiva desde ámbitos mediáticos que consideran que las organizaciones sindicales somos el mayor obstáculo para aprovechar la crisis y debilitar nuestro sistema de protección social, abordar una última fase de las privatizaciones de ciertos servicios fundamentales y debilitar la negociación colectiva. Pero tengo la percepción de que el hecho de que incluyan en los PGE la subida de impuestos a los más ricos a pocos días de la huelga se debe a que el Gobierno acusa el impacto. No obstante, quiero decir que la reforma fiscal debe ser mucho más profunda que eso, debe recuperar impuestos, como patrimonio y sucesiones, y la capacidad recaudatoria del de sociedades.

F. T. En el Gobierno hay ganas de que la huelga fracase, evidentemente. Están convencidos de que lo que hacen es lo mejor para el país, pero los hechos demostrarán que no es así, porque nos instalaremos en una situación de precariedad en el crecimiento por un largo periodo y en el mercado de trabajo. Hay quien en su fuero interno considera que las organizaciones de trabajadores son una especie de incordio, que hay que prescindir de ellas y si el país les da un varapalo no acudiendo a la huelga queda el campo expedito para el avance de la política neoliberal. El objetivo es dar el salto de gigante a la individualización del trabajo.

P. Dicen que si fracasa la huelga, adiós a los sindicatos.

F. T. En absoluto. El éxito de la huelga no lo aplico tanto en la participación, pero el resultado va a ser bien visible. No contemplo un fracaso de los sindicatos; sería de la sociedad española que resignadamente asumiría que solo hay una manera de enfrentarse a esa situación. Los que nos dicen que estamos anquilosados, que son los mismos que nos halagaban hasta hace muy poco tiempo, se equivocan. El movimiento sindical está en permanente evolución y los sindicatos en España hemos demostrado una capacidad de adaptación a las nuevas circunstancias sociales y económicas, como ninguna organización.

C. M. La legitimidad de los sindicatos está radicada en la representación democrática que se expresa en las elecciones sindicales cada cuatro años. Somos los depositarios del ejercicio constitucional de la huelga y con la convocatoria abrimos el cauce para que los trabajadores se expresen. En la pregunta hay latente un equívoco y es que se intenta trasladar que este es un juego entre los sindicatos y el Gobierno. Es un tema del conjunto de la sociedad porque de esta política no salen las soluciones que necesita este país.

P. Si triunfa la huelga, ¿qué debe hacer Zapatero? ¿Hay marcha atrás para la reforma?

F. T. Sí, una ley se cambia con otra ley. La reforma laboral es reversible, diga lo que diga Zapatero. González y Aznar dijeron lo mismo que está diciendo ahora él, que se mire en ellos.

C. M. La alternativa que contemplamos es la rectificación, no hay otra. El juez contra la reforma laboral va a ser la realidad. Y en relación con las pensiones, me parece incomprensible que el Gobierno haya tirado por la borda el Pacto de Toledo.

P. ¿Se ha puesto el Gobierno en manos de una casta empresarial u organismos internacionales?

F. T. En España hay empresarios muy comprometidos con los que se puede trabajar. Pero hay una presión ambiental de los mercados financieros, cuyo vehículo para que se canalice su forma de entender la sociedad son los Gobiernos (el de Sarkozy en Francia, el de Merkel en Alemania y el de Zapatero en España). Por tanto, no cabe identificar a una persona, es un entramado que se viene instalando en un mundo que entró en pánico en 2009 y que hoy ha recuperado la iniciativa a través de la acción de los Gobiernos.

C. M. Hay empresarios acostumbrados a la competencia internacional que no dirán nada si les rebajan el despido o las cuotas, pero que saben cuál es el problema. Los costes laborales siguen siendo una ventaja clara frente al precio de energía, que es una losa que mata literalmente a las empresas españolas. La presión viene de organizaciones empresariales que trabajan en términos ideológicos y algunos grupos de presión de autodenominados expertos que en la última fase son acogidos en La Moncloa y que, una vez que el Gobierno toma las decisiones, lo ponen literalmente a parir diciendo que han sucumbido a los mercados financieros.

P. ¿Quiénes son esos expertos?

C. M. No los menciono porque les gusta que lo haga; pero ellos lo saben. En el caso concreto del Gobierno español hay un factor que narcotiza la conciencia. Es el papel funesto de Strauss-Kahn [director del FMI], que se permite aplicar las viejas recetas y proclamar a los cuatro vientos que ante esta crisis no sirven las viejas recetas. Pero como viene de la izquierda francesa sirve de sedante.

F. T. Sobre todo cuando se ve que su objetivo es volver a tener un retorno del 15% que había antes de la crisis. Y la única manera de conseguirlo es una ingente transferencia de rentas de trabajo a rentas del capital y perder el efecto social de las empresas.

P. ¿No han sentido que están haciendo el juego al PP?

F. T. En absoluto. Es incierto que con un Gobierno del PP hubiéramos convocado una huelga hace tiempo. Estos sindicatos tienen acreditada independencia como para no vincular sus decisiones al color de los Gobiernos. Ahora se insinúa que la huelga va a provocar la anticipación de la llegada del PP al Gobierno. Primero, no hay convocadas elecciones; segundo, la huelga no está convocada para cambiar el Gobierno, sino para que el Gobierno cambie las políticas que creemos que no comparte la mayoría de los trabajadores. A lo mejor es que se está suicidando. Pero llegados al extremo: se han escuchado gritos de ¡Zapatero dimisión!, pero yo no he escuchado ¡Rajoy al Gobierno! Y es los que gritaban eso pensaban que en la izquierda hay alternativas. Si cambia el ciclo político no es porque los sindicatos empujemos, sino porque el Gobierno lo precipita y, tal vez, la ciudadanía intuya que para hacer políticas de derechas más que el sucedáneo es mejor el genuino.

C. M. La huelga la convocamos por motivos sociales y queremos cambios en la política. No vamos más allá. Que se abren expectativas para el PP, pues es una posibilidad que la marca la política del Gobierno. Hay quien dice que el mejor aliado de Zapatero es Rajoy. A lo mejor ahora hay que decir que el mejor aliado de Rajoy es Zapatero. En las bases sindicales hay decepción y cabreo con la izquierda gobernante, pero no hay expectativas en la derecha. El ataque tan virulento que sufrimos las organizaciones sindicales por parte de los que utilizan la libertad de información en el fondo expresa que el PP tiene más preocupación que el Gobierno por el alcance de la huelga, porque puede ser un revulsivo social de consecuencias irreversibles. Para nosotros muy esperanzadoras.

P. Algunas comunidades del PP han endurecido los servicios mínimos.

F. T. No todas. También es una insidia que el Gobierno, con los servicios mínimos, pretende facilitar la huelga. Se debería normalizar la relación de las instituciones con el derecho de huelga y fijar servicios esenciales y evitar el espectáculo lamentable que se produce cada vez que hay una huelga. Pero están aquéllos o aquéllas que parecen que quieren ser el perejil de todas las salsas, como ocurre en la Comunidad de Madrid. Es lamentable que negocie y al tiempo el Gobierno de la Comunidad se reúna para aprobar un decreto. Eso se llama negociar de mala fe, aunque tiene más palabras que lo pueden calificar. ¿Para qué fin? Para provocar un conflicto parecido al de la huelga del Metro de Madrid; para abundar en la dinámica de descalificación, o solo para ocupar espacio mediático. A lo mejor son las dos cosas.

C. M. Para mí lo más relevante es que hemos llegado a un acuerdo en transporte de manera global y sería muy interesante que se trasladara a otros servicios esenciales. Lo más estridente siempre es lo de Madrid. En cualquier escenario, siempre gravita el hecho de que la presidenta [Esperanza Aguirre] quiera ser alternativa al Gobierno de la nación siendo previamente la alternativa al líder de la oposición y, claro, eso contamina las decisiones políticas, porque se ve como la referencia de la derecha más dura y neoliberal. Antes en Madrid había otro gobernante de derechas y no ocurría lo mismo.

P. ¿Creen, en contraposición, que debería haber más labordetas en el territorio político español?

F. T. Labordeta es de esas figuras que un país necesita para tener referencias de valores. Creo que hay mucha gente que bebe de las mismas fuentes, lo que pasa es que parece que el mundo del dinero, del individualismo, lo ocupa todo. Y sería muy conveniente que esta gente tuviera cada más presencia pública y social.

C. M. Labordeta es el emblema de la libertad, como su canción. Pero en el ámbito de la política hay mucha gente normal que hace las cosas muy bien. Sigo confiando en la sociedad española por encima de todo, en la inmensa mayoría de la clase política y en los representantes sindicales. Lamento que haya una especie de tabla rasa por la que cual las diferencias en el ámbito de la acción política sean inapreciables.

* Este artículo apareció en la edición impresa del Domingo, 26 de septiembre de 2010