Claroscuros de un gobierno bipolar

La proclamación de Agustín Navarro para encabezar la lista del PSPV-PSOE a la alcaldía de Benidorm, en calidad de independiente, ha coincidido con el aniversario de la moción de censura que lo aupó al cargo, el 22 de septiembre de 2009, con la ayuda de un ex concejal del Partido Popular, José Bañuls. Es el primer aniversario del voto de censura con más repercusión en España, en gran medida porque el PP encontró un filón para dañar la imagen de la secretaria de organización del PSOE, Leire Pajín, hija de Maite Iraola, concejal socialista en Benidorm.

En este año la gestión del Ayuntamiento ha estado mediatizada por la esquizofrenia de su gobierno local: ex socialista de puertas afuera, pero al cobijo de las siglas PSPV, de puertas adentro. Los 11 ediles del nuevo Gobierno se dieron de baja del partido pero se mantienen en la Corporación como Grupo Socialista municipal.

El edil tránsfuga del PP ha convertido su concejalía en un búnker

Navarro no ha cumplido su promesa de auditar el Ayuntamiento

El nuevo Gobierno formado tras la moción de Benidorm puede presumir de algunas cosas, aunque su gestión está cubierta de claroscuros. En muchos aspectos, el actual alcalde, Agustín Navarro se ha dedicado a hacer justo lo que criticó de su antecesor, y ha incumplido algunas promesas que hizo públicas nada más llegar al cargo. Anunció una auditoría externa de las cuentas municipales que no ha realizado, que prescindiría del coche oficial con chófer en el que ahora se desplaza a todas partes o que haría fichar a los funcionarios, que siguen campando a sus anchas.

Navarro ha mantenido una frenética carrera por firmar convenios y repartir subvenciones con todas las asociaciones de la ciudad. Eso sí, el actual regidor recibe cara a cara algunas tardes a los vecinos que le piden cita, una actuación impensable en su antecesor, Pérez Fenoll.

Navarro, ajeno a la crisis y la caída generalizada de los ingresos, ha mantenido los 32 asesores presupuestados a principio de la legislatura. Los socialistas tienen 22, seis el PP y cuatro el concejal tránsfuga del PP José Bañuls. Entre todos se embolsan alrededor del 1% del presupuesto municipal. Bañuls ha convertido su concejalía en un búnker y ha mantenido importantes fricciones con Navarro, la más relevante a cuenta de la rescisión del contrato con la empresa que explotaba la concesión de la grúa y la zona azul que impuso el edil ex popular.

Cuando el actual Gobierno llegó al poder se encontró con una herencia económica envenenada. Benidorm es uno de los Ayuntamientos que mayor deuda relativa acumula en la Comunidad Valenciana. Solo en préstamos vivos con entidades bancarias debe 93 millones de euros, a los que hay que sumar todas las facturas impagadas hasta alcanzar los 130 millones para unos ingresos anuales de 105. El margen de maniobra es nulo y el actual Gobierno ha decidido acudir a la rescisión de los contratos con las empresas que gestionaban la grúa y el aparcamiento del Consistorio para volverlos a adjudicar y obtener liquidez.

Tampoco se han resuelto dos de los grandes retos pendientes. La prolongación del paseo de Poniente para completar la fachada marítima de la ciudad sigue paralizada por el Ministerio de Medio Ambiente y el nuevo hospital comarcal, sin ubicación, aunque la Consejería de Sanidad ha recibido tres propuestas diferentes y está evitando pronunciarse a la espera de las elecciones municipales.

Entre los éxitos innegables está la excelente acogida que han tenido dos festivales de verano, el Low Cost y el Electrobeach, que permite visualizar la recuperación de una parte del turismo joven al que Benidorm había renunciado deliberadamente con el PP, la revitalización del Parc de l'Aigüera, el pulmón verde de la ciudad, o los intentos por reconducir la caótica situación del urbanismo local, que también heredó de su predecesor el último alcalde del PP, Manuel Pérez Fenoll.

La presentación de la moción de censura de Benidorm también ha tenido efectos en el ámbito judicial. El Grupo Popular municipal ha presentado dos contenciosos y otro el Consell contra las decisiones plenarias inmediatamente posteriores al voto de censura. El abandono de la formación política por la que fueron electos los concejales implica ahora que los regidores deben pasar a la condición de No Adscritos, lo que imposibilita la formación de un grupo propio y, por consiguiente, disponer de recursos públicos para el ejercicio de su actividad política. Si los populares ganan este pleito, el Grupo Socialista municipal de Benidorm, mantenido tras la moción, debería disolverse y todos sus asesores devolver el dinero percibido.