El Ayuntamiento recurre al Estado la liquidación de 2008

La capital comienza a rebelarse contra el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero. El vicealcalde, Manuel Cobo, anunció ayer, tras la reunión de la junta de gobierno, que el Ayuntamiento recurrirá la liquidación del presupuesto del año 2008 que le corresponde. El balance establece que el gobierno municipal devuelva al Estado 128 millones de euros. La responsabilidad de este reembolso es del Ministerio de Hacienda, que hizo una previsión de ingresos demasiado optimista y ahora reclama el dinero de más que anticipó.

Pero la razón que esgrime el Ayuntamiento para justificar su recurso se basa en que el Gobierno debe responsabilizarse de las nuevas medidas fiscales que adoptó, como el cheque-bebé de 2.500 euros o el subsidio a los parados de 400 euros, que salen de la contribución por el IRPF y no del gasto. "Esto ha supuesto una merma directa de la financiación local, sin ninguna medida compensatoria", dijo el vicealcalde.

Si el recurso prospera, solo recibiría 48 millones porque debe 128

El Consistorio mantiene que el cheque-bebé merma su financiación

La financiación de los Ayuntamientos se resuelve a través de una transferencia incondicionada, llamada Fondo Complementario de Financiación, a la que se añade un porcentaje que procede de la recaudación de impuestos y, si los impuestos caen, la financiación de las corporaciones locales cae con ellos.

"En 2008, como consecuencia de la crisis, se liquidaron menos impuestos y el Gobierno aprobó una serie de medidas de reforma fiscal que generaron una caída en la recaudación. Esa disminución derivada de la crisis la tenemos que soportar todos por igual, pero lo que no tiene sentido es que suframos las consecuencias de esas ayudas que el Estado podría haber incluido en sus gastos y no en los impuestos", explica el concejal de Hacienda, Juan Bravo.

Si el recurso prospera, el Ayuntamiento, que ya anunció en agosto que propondría a la FEMP que los municipios no devolviesen estas cantidades al Gobierno hasta que se aprobase una nueva financiación local, pasaría de devolver 128 millones a ingresar, al menos, 48. Es decir, que reclama al Ministerio de Economía y Hacienda 176 millones de euros.

El gobierno de Alberto Ruiz- Gallardón -con una deuda que supone un cuarto del total de los Ayuntamientos españoles- presenta este recurso basándose en dos principios: la lealtad institucional y la suficiencia financiera. "Entendemos que, por el principio de lealtad institucional, cualquier modificación fiscal, al alza o la baja, no tiene que afectar a la financiación del resto de administraciones que no participan en esas decisiones. No podemos asumir el coste económico de esas medidas porque no estaban reflejadas en la Ley de Financiación Local", mantiene Bravo.

Cobo, por su parte, se refirió a la suficiencia financiera de las Haciendas locales como la obligación del Estado de garantizar a las corporaciones locales los recursos suficientes para el desempeño de sus funciones.