Camps intenta aplacar el malestar patronal por las deudas del Consell

Francisco Camps se quitó ayer la corbata y salió a torear en tono informal con una cuarentena de responsables patronales y grandes empresarios valencianos para intentar aplacar sus crecientes quejas ante los impagos de la Generalitat. El presidente del Consell sentó a los grandes patronos en la biblioteca del Palau para vestir de solemnidad un discurso que sus colaboradores calificaron de "pragmático" y trufado con unas gotas de "optimismo". Una intervención cargada de "austeridad", de la necesidad de "apretarse el cinturón" y de puyas al Estado, es decir, al Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero, por la escasez de la financiación autonómica.

Los representantes empresariales fueron convocados de urgencia por teléfono el miércoles por el vicepresidente primero y consejero de Industria, Vicente Rambla, quien subrayó que acudieran vestidos con atuendo informal. Más de uno se tuvo que quitar la corbata cuando cruzaba anoche el umbral del Palau.

"No pueden ingresar cuatro y gastar seis, es indignante", dice un empresario

Juan Roig no se sumó a quienes se quitaron la corbata como el presidente

Fuentes de la presidencia de la Generalitat explicaron que estaban convocados cuarenta dirigentes empresariales, entre ellos los presidentes de Bancaja y Caja del Mediterráneo. Ambas entidades están envueltas en procesos de fusión, pero siguen siendo la referencia financiera para los empresarios de la Comunidad Valenciana. Juan Roig, presidente de Mercadona, ocupó un lugar preferente. A su lado, Ignacio Sánchez Galán, presidente de Iberdrola.

Según la Generalitat, el encuentro se preparó hace una semana para trasladar a los dirigentes empresariales "ideas de futuro". Fuentes empresariales, sin embargo, sugieren que el malestar entre los dirigentes patronales es tal que el presidente de la Generalitat no tuvo más remedio que congregarles para intentar aplacar su descontento.

La crisis económica no es nueva, se arrastra desde 2007, pero desde la vuelta del verano ha crecido el clamor entre la clase empresarial de resultas de los impagos de la Generalitat. Los retrasos en los pagos no son nuevos. Pero la parálisis del Consell, sí. "Son incapaces de firmar un papel para comprometer a lo largo de 2011 pagos pendientes desde hace dos años", comentó un miembro de la Asociación Valenciana de Empresarios, "con esa carta, cualquier banco te refinancia, pero Hacienda, ni paga ni se compromete a pagar".

"No pueden ingresar cuatro y gastar seis, es indignante", siguió el mismo empresario, haciéndose eco del último documento público de la Confederación Empresarial Valenciana (CEV). "Todos los empresarios hemos hecho lo posible por capear este huracán que azota a todo el mundo y la Generalitat no ha hecho nada", sintetizó.Juan Roig, presidente de Mercadona e impulsor de la Asociación Valenciana de Empresarios (AVE), entidad que agrupa a un centenar de los más poderosos empresarios de la Comunidad Valenciana, no se quitó la corbata. Al cierre de esta edición, todavía se prolongaba la reunión de trabajo en el Palau.

Formalmente, Camps pretendía convencer a los empresarios del esfuerzo que ha asumido para recortar gastos, desde la reducción de liberados sindicales hasta la bajada de los sueldos a los consejeros y altos cargos de la Generalitat. A continuación, tenía previsto atender "las reflexiones y propuestas" que han formulado los patronos en las últimas semanas.

La CEV, la patronal provincial de Valencia, denunció hace una semana la incapacidad de la Generalitat para recortar sus gastos y para hacer frente a sus compromisos de pago en los plazos que marca la ley. Y se permitió ofrecer "algunos ejemplos" para aliviar las cargas del erario público, como el copago sanitario o la revisión del modelo de televisión pública. La CEV denunció el "insostenible" coste de la televisión autonómica valenciana. El agujero de Canal 9 alcanza ya una profundidad de 1.200 millones de euros, "pero no hacen nada por taparlo, gastan sin medida", ilustró un dirigente de la CEV.

El vicepresidente Vicente Rambla templó gaitas el lunes durante un almuerzo con AVE. Francisco Pons, presidente del grupo empresarial, indicó ante los periodistas que "el Consell sabe que tiene que pagar en tiempo y forma". Rambla se vio obligado a asumir ciertos "desajustes" en los pagos de la Generalitat como resultado de la caída de ingresos públicos.

Hasta el discreto Rafael Ferrando, presidente de Cierval, la patronal autonómica, ha exigido a la Generalitat que asuma sus compromisos.

La crisis merma los ingresos de todos, incluso de las administraciones públicas. Tanto que Gerardo Camps, vicepresidente segundo y consejero de Hacienda, difundió una nota muy ilustrativa el mismo lunes. Por primera vez, el responsable económico del Consell asumió que la Generalitat tendrá que apretarse el cinturón al elaborar los presupuestos para 2011. "Si bajan los ingresos y el gasto social se tiene que mantener o incrementar, es inevitable reducir los gastos que nos quedan, es decir, el gasto corriente", deslizó Gerardo Camps.

El propio Ignacio Sánchez Galán, presidente de Iberdrola, concedió ayer en Valencia que la compañía eléctrica también arrastra impagos de la Generalitat. "El asunto no es nuevo", comentó a raíz de un reciente corte de suministro a una estación de Ferrocarrils de la Generalitat. "La situación de la mayor parte de las administraciones públicas no es precisamente boyante, pero nuestra política es siempre la misma, tendemos la mano para estirar los plazos y llegar a compromisos de pago".

Pero el choque más sonoro entre patronal y Consell se registró la semana pasada entre Mario Flores, consejero de Infraestructuras, y los máximos responsables de Fecoval, la federación de contratistas de la Comunidad Valenciana. Flores convocó a finales de agosto a los contratistas de obra pública para cargar contra los recortes anunciado por el Ministerio de Fomento.

Los contratistas valencianos atendieron a Flores pero, una semana después, descargaron con un detalle desconocido hasta la fecha el calibre de los incumplimientos de la Generalitat y sus empresas públicas.