El PP quiere legalizar casas junto al mar posteriores a la Ley de Costas

Con el pretexto de regular los núcleos rurales tradicionales de los pueblos costeros de Galicia que, por su proximidad al mar, quedaron atrapados en un limbo jurídico desde que se aprobó la Ley de Costas hace más de dos décadas, el PP llevó ayer al Parlamento autónomo una propuesta que, de llegar a término, daría pie a legalizar construcciones levantadas a más de 20 metros del mar, sean o no anteriores a la norma estatal. La única condición es que esas obras se acometiesen "al amparo de un acto administrativo público".

El PP planteó a los demás grupos un pacto para defender el cambio legal en el Congreso, en un debate que siguieron atentamente una veintena de vecinos afectados invitados por los populares. El encargado de defender la moción no fue el portavoz popular de Urbanismo, Román Rodríguez, sino José Fervenza, natural de Moaña, donde hay más de 200 construcciones afectadas. El diputado achacó la demora en regular este tipo de emplazamientos -cuyo ejemplo más represantativo es el de los núcleos pesqueros de Marín- a la falta de voluntad política del Gobierno central, que recurrió ante el Tribunal Constitucional y paralizó, amparándose en una invasión de competencias, la aplicación de una norma promovida por el bipartito para solventar el embrollo legal. Este nuevo intento aporta cambios, según defendió, "no grandes pero sí necesarios".

Barcón (PSdeG): "Esto no va de núcleos rurales; va de 'business"

Los grupos de la oposición no compartieron el diagnóstico de Fervenza. Teresa Táboas anunció que el Bloque aceptaría entrar a discutir los cambios propuestos "por responsabilidad con los vecinos", pero criticó que el PP no lleve la proposición al Congreso a través de sus diputados nacionales, ahorrándose el trámite en la Cámara gallega. "Plantean esta proposición porque están ante unas elecciones municipales", sostuvo, y censuró las legalizaciones indiscriminadas que planten los populares, que van más allá de los núcleos rurales tradicionales: autoriza que se otorguen derechos de ocupación y aprovechamiento del dominio público a quienes construyeron "al amparo de actos administrativos públicos con fecha anterior o no" a la entrada en vigor de la Ley de Costas. "¿Pretenden arreglar por la puerta de atrás cuestiones que no competen a los afectados de los núcleos del litoral, igual que hicieron con la ley del suelo?", preguntó.

"Esto no va de núcleos rurales; esto va de business", empezó la socialista Mar Barcón su turno de intervención. La diputada aseguró que lo que plantea el PP implica en la práctica privatizar el uso del litoral "no sólo en los núcleos afectados, sino en otros". También echó en cara a los populares que no abordasen la cuestión de este tipo de núcleos rurales en el ya aprobado Plan de Ordenación do Litoral. "Si tienen el valor de presentar esto en el Congreso, recorrerá todas las facultades de Derecho de Eespaña, porque es un intento de demoler la Ley de Costas", adujo en referencia a una de los puntos de el texto del PP, que prevé excluir del dominio público "por decisión administrativa" a los núcleos urbanos consolidados antes de 1988.

"La ley de costas tiene dificultades en su aplicación, pero este texto no habla de eso", indicó la portavoz socialista. "Modifican servidumbres de dominio público y derechos de ocupación y de propiedad en él y permiten edificaciones en lugares con otro tipo de suelo, consolidando lo hecho y dejando que se amplíe", censuró. "En ese camino van a ir ustedes solos", remachó, para expresar la oposición frontal del PSOE a la propuesta.

En el turno de cierre, Fervenza repitió que los cambios propuestos "sólo benefician a los que pueden perder sus propiedades injustamente" y preguntó a los diputados del PSdeG si también habrían votado en contra "si el afectado fuese un ministro".

Por otra parte, la Xunta se comprometió, tras una reunión con el Ayuntamiento de Marín, a defender los núcleos de Aguete, Casás, Loira, Teoira y Mogor, como "suelos urbanos de núcleo rural" ante Costas del Estado, de cara al informe que el organismo estatal debe emitir para el plan general del municipio, según Europa Press.