Los tránsfugas de Gondomar levantan la prohibición de construir

El gobierno de tránsfugas de Gondomar ha descubierto la pólvora y ayer mismo, como prometió el sábado Alfonso de Lis, concejal de urbanismo, empezó a tender la mecha. "Gondomar dispone de un ordenamiento jurídico urbanístico", proclamó De Lis, para anunciar la "reviviscencia" de las Normas Subsidiarias de Planeamento de 1991, avalada por un informe jurídico de la Secretaría Xeral de Ordenación do Territorio e Urbanismo. Este informe indica que, anulado un plan general, como sucedió con el de Gondomar en 2005, recobra su vigencia el planeamiento existente con anterioridad a la aprobación del plan anulado para evitar el vacío normativo.

En Gondomar no se conceden licencias urbanísticas desde 2005. El informe de la Xunta le permite afirmar ahora a De Lis que el Ayuntamiento podrá hacerlo en los 93 núcleos rurales y de población delimitados por los técnicos municipales en 1991. "En el núcleo urbano [las licencias] son más restrictivas", añadió, "ya que sólo podrán otorgarse dentro del suelo urbano consolidado" (con redes de servicios: saneamiento, electricidad, etcétera).

Desde 2005 el Ayuntamiento no ha podido dar permisos de obras

Fuentes de la Consellería de Medio Ambiente han precisado, por una parte, que el dictamen de la Secretaría Xeral se limita estrictamente a un análisis jurídico, sin que comporte "ningún permiso para nada ni decida lo que se puede o no contruir", ya que la concesión de licencias es competencia muncipal. Por otra parte, las mismas fuentes contradicen a De Lis al sostener que "la normativa urbanística para los 93 núcleos delimitados será la más restrictiva".

En ellos, los técnicos municipales tendrán que combinar el contenido de las Normas Subsidiarias con los de la Lei de Ordenación Urbanística de Galicia (Louga) y prevalecerá, entre ambas normativas, la que establezca las mayores restricciones.

La Comisión Provincial de Urbanismo emitió un informe favorable a la delimitación de esos 93 núcleos en 1995, cuando se tramitaba el plan general que el pleno municipal aprobó en 1997, el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia anuló en 2001 y, definitivamente, el Tribunal Supremo en 2005. Por una sola de las más de 700 licencias que el Ayuntamiento concedió de acuerdo a ese plan anulado fueron recientemente inhabilitados el alcalde, Carlos Silva (PP), y los concejales que formaban la Xunta de Goberno Municipal.

Durante la elaboración de un nuevo plan general que reemplazara al anulado de 1997 fueron detenidos, en febrero de 2007, los concejales José Luis Mosquera, portavoz del gobierno local, y Alejandro Gómez, responsable de urbanismo, recientemente condenados ambos por cohecho: cobraron a promotores por establecer determinadas condiciones en los convenios urbanísticos que les afectaban. Fue entonces cuando se apodó el plan que se tramitaba como "el plan de la corrupción".

Ya en el actual mandato, que inició el BNG en el gobierno, la gestión del urbanismo local estaba sumida en un caos que paralizaba toda iniciativa. El gobierno nacionalista propuso entonces dos medidas para tratar de superarlo: tramitación de un nuevo plan general que espantara el fantasma del "de la corrupción" y, mientras, para superar la inacción urbanística, una delimitación de los núcleos en que hubiera más demanda de licencias para comenzar a concederlas: se delimitaron así cinco núcleos.

Pero ambas medidas precisaban la aprobación por el pleno municipal y los grupos popular y socialista no lo permitieron. El BNG hacía "una utilización abyecta del urbanismo", dijo el sábado De Lis. Ellos proponían rescatar "el plan de la corrupción", sin los convenios sospechosos de cohechos, y en 2008 votaron en contra de la delimitación de los núcleos atribuyendo favoritismos al BNG. Ahora los tránsfugas tramitan un nuevo plan y, hasta su aprobación, revitalizan todos los núcleos delimitados.