Alarte reacciona contra la corrupción frente a la pasividad de Camps

La corrupción sí tiene consecuencias políticas en la Comunidad Valenciana, al menos en el PSPV-PSOE. El secretario general de los socialistas valencianos, Jorge Alarte, solicitó ayer a la dirección general del PSOE la suspensión cautelar de militancia del concejal en Elche y portavoz en la Diputación de Alicante Antonio Amorós. La decisión se tomó horas después de hacerse pública su imputación en la investigación del caso Brugal. Previamente, el propio Amorós anunció su dimisión como portavoz, aunque mantiene el acta de concejal y el cargo de diputado. El líder del PSPV-PSOE quiso evidenciar que, a diferencia de lo que ocurre con el PP, no está dispuesto a transigir con los casos de corrupción.

"Esperamos que coopere con la justicia", dice Alarte respecto a Amorós

"Emplazo al señor Rajoy a que tome nota", afirma el líder del PSPV

"Le deseamos el mejor de los futuros", dijo Alarte en referencia a Amorós, para el que reclamó la presunción de inocencia a la que tiene derecho todo ciudadano y el respeto a su honorabilidad, pero anunció que la secretaria de Organización del PSPV-PSOE, Elena Martín, ha abierto el procedimiento para suspenderle de militancia. "Esperamos que coopere con la justicia", añadió Alarte. "Estamos seguros de que lo hará, dando ejemplo como un ciudadano de bien".

La decisión del líder socialista valenciano, coherente con lo que ha venido defendiendo -el mismo jueves reiteró que apartaría a cualquier militante imputado-, implica la apertura de un expediente disciplinario y su marginación de las listas electorales. Amorós, en teoría, deberá dejar de formar parte de los grupos de concejales socialistas, aunque el líder del PSPV-PSOE dijo desconocer la normativa en la Diputación de Alicante sobre la creación de grupos mixtos o de no adscritos. Ayer mismo, el grupo socialista en la Diputación de Alicante apoyó la suspensión de militancia de Amorós y nombró portavoz provisional a María Teresa Carbonell, concejal en Xixona, a la espera de reorganizar su estructura el próximo lunes. A lo largo de todo el día, la dirección del PSPV mantuvo contactos con la organización en Alicante, donde el relevo de Amorós, hombre próximo a la familia de la secretaria de Organización del PSOE, Leire Pajín, supone un trauma importante y ha levantado ampollas.

"Esperamos que todo se aclare y se investigue por el bien de la sociedad", dijo Alarte, que añadió: "Emplazo al señor Rajoy a que tome nota". El dirigente socialista citó a Camps, Ripoll, Fabra y "hasta 40 cargos más del PP" implicados en investigaciones por corrupción. Tras apuntar que, como Antonio Amorós, también son ciudadanos con derechos, añadió: "Pero existen responsabilidades políticas".

El secretario general del PSPV-PSOE criticó la negativa del presidente Francisco Camps y del PP valenciano a tomar medidas contra la corrupción y la pasividad de Mariano Rajoy ante lo que calificó como "un entramado generalizado de corrupción" del que el caso Brugal solo es una parte.

Amorós es el único cargo socialista valenciano implicado en un caso de corrupción y se ha convertido en la primera víctima política del caso Brugal, que investiga una supuesta trama del PP vinculada al negocio de la basura en el sur de Alicante. El juez ha imputado a un centenar de personas, entre ellas varios cargos públicos y empresarios. "Es lo mejor para que nadie me utilice para tapar sus miserias. Yo, por ahora, no estoy imputado en el caso Brugal", dijo Amorós, que no ha recibido todavía la notificación de su situación, "y si en el futuro se abren diligencias contra mí, adoptaré nuevas decisiones".

El político socialista está imputado en la rama del caso Brugal que investiga un supuesto cohecho por la adjudicación de la planta de basuras del plan zonal de La Vega Baja. Junto a Amorós, en esa causa hay otros 21 imputados, entre ellos, el presidente de la Diputación de Alicante, José Joaquín Ripoll, el adjudicatario; el constructor Enrique Ortiz y el empresario Ángel Fenoll, viejo conocido de los populares alicantinos.

El edil socialista defendió su inocencia y su "nula capacidad de decisión" en la adjudicación de la planta de basuras: "Nunca me he sometido a intereses viles o pretensiones indecentes".