El PSOE logra apoyos de la izquierda para suavizar los cambios más duros del Senado
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Con más de 70 enmiendas incorporadas, la reforma laboral responde más que nunca a la categoría de reforma de la letra pequeña. El proyecto innova en flexibilidad interna de las empresas, despido, contratación y hasta en desempleo. Incluso se desliza la promesa de modificar la negociación colectiva si empresarios y sindicatos no lo hacen en seis meses. Pero ninguno de esos cambios se aborda de manera decidida, sino a través de múltiples detalles de redacción farragosa.
El último capítulo de esta reforma la ha despojado -gracias al apoyo de la izquierda minoritaria al PSOE- de varios aspectos aprobados en el Senado que endurecían el texto. El más significativo atañe a la conversión en fijo de un contratado por obra después de tres años en la empresa. La reforma inicial preveía para estos casos la entrada en plantilla, pero una enmienda del PNV en el Senado precisó que la condición de indefinido solo llegaría si el trabajador realizaba "idéntica actividad y en el mismo puesto de trabajo", lo que relajaba mucho la medida.
También han decaído las mayores facilidades que aprobó el Senado para despedir por absentismo. El PNV logró eliminar el requisito de que la plantilla rebasara un nivel mínimo de absentismo para despedir individualmente por esta causa. El Congreso ha vuelto al texto anterior, que en cualquier caso allana el camino para esos despidos respecto a la situación actual. Con la reforma laboral, un trabajador ausente el 20% de la jornada en dos meses consecutivos (el 25% en cuatro discontinuos) será despedido con indemnización de 20 días por año trabajado si el absentismo medio de la plantilla supera el 2,5% de la jornada (hasta ahora era el 5%).
Sí ha prosperado la incursión que realiza la reforma en el desempleo, una materia en principio ajena a este proyecto. El Senado rebajó de 100 a 30 días el periodo máximo en el que un parado puede rechazar formación y así ha quedado en el texto final.
El debate de ayer en el Congreso evidenció que la regulación del despido constituye el aspecto más controvertido de la reforma. Las empresas podrán acogerse a la indemnización más barata si alegan pérdidas "actuales o previstas" o si registran "una disminución persistente de su nivel de ingresos", una redacción que ha encendido los ánimos sindicales. Y el Estado subvencionará, a través de un fondo que engrosan los empresarios, parte de ese despido.
Menos evidente resulta la mayor flexibilidad interna a la que podrán acogerse las empresas a partir de ahora. Además de aplicar el modelo alemán de reducción de jornada (el empleado cobra una parte del sueldo y otra del paro), el texto facilita el descuelgue salarial respecto de lo que marquen los convenios sectoriales, fija un plazo de 15 días improrrogables para negociar cambios en las condiciones de trabajo y ofrece la posibilidad de recurrir a un árbitro en caso de desacuerdo entre las partes.
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