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Editorial:

Europa ante Francia

La vigencia del Tratado de Lisboa agrava la falta de firmeza de Barroso ante las expulsiones gitanas

Si el presidente de la Comisión Europea cree que con un lacrimógeno llamamiento a "no despertar los fantasmas del pasado", como el que ayer dirigió, sin nombrarlo, al Gobierno francés desde el Parlamento Europeo a propósito de la deportación de gitanos, ha cumplido con sus obligaciones, es que Durão Barroso vive en la inopia. Su inane queja contrasta con la firmeza demostrada por su antecesor, Romano Prodi, frente al acceso del ultraderechista Haider al Gobierno austriaco. Y es tanto más de lamentar en el año de la entrada en vigor del Tratado de Lisboa, que se suponía crucial para el desarrollo de la UE y que contiene una Carta de Derechos Fundamentales plenamente constitucionalizada.

Si resulta mordaz que París señale la efemérides violando los derechos de la minoría gitana, todavía es peor que la Comisión, guardiana legal de los Tratados, reduzca esta obligación a mera retórica. La reprimenda ayer a Francia del Parlamento Europeo, con la excepción del PP y apenas un centenar de diputados en los escaños, no añade especial intensidad a la general indiferencia de las instituciones y los líderes de la UE por una situación lacerante.

La expulsión de gitanos ordenada por Nicolas Sarkozy, más de 8.000 en lo que va de año, además de atentar contra la Constitución francesa violenta media docena de artículos de la nueva Carta europea de derechos. Muy directamente el 19, por el cual "se prohíben las expulsiones colectivas"; el 22, que ordena respetar la "diversidad cultural"; y el 45, que defiende el "derecho a la libre circulación y residencia". La Carta no obliga únicamente a las instituciones comunitarias, sino también "a los Estados miembros cuando apliquen el derecho de la Unión".

La libre circulación de los gitanos no es un privilegio susceptible de otorgarse o denegarse según los caprichos de un dirigente, sino puro derecho común. El Ejecutivo comunitario viene obligado, pues, a abrir una auténtica investigación sobre la actuación francesa; y a adoptar las medidas pertinentes. El Gobierno de Francia es responsable de atentar contra su propia ley, hundir el prestigio de su historia como país paladín de las libertades y de crear falsos culpables en esta coyuntura de crisis. La Comisión de Bruselas solo es un vulgar cómplice. Sucede, sin embargo, que esta actúa no solo en nombre de los franceses, sino también de todos los europeos. En nuestro nombre.

* Este artículo apareció en la edición impresa del Miércoles, 8 de septiembre de 2010