Las cajas supeditan el pacto laboral a las ayudas

Sindicatos y cajas siguen sin entenderse en la mesa laboral que negocia la prejubilación de 1.200 trabajadores. Las centrales mayoritarias en el comité (Comisiones, CSICA y CIG) salieron ayer muy disgustadas de la reunión con los responsables de recursos humanos y sus asesores del despacho madriñelo de Sagardoy. Desde la formación nacionalista, Clodomiro Montero lo resumió diciendo que "se ha vuelto al punto de partida". Caixa Galicia y Caixanova supeditan el pacto a que los sindicatos acepten un ERE con coste para la Seguridad Social. La incertidumbre se extiende al Banco Gallego (propiedad de Caixanova), cuya plantilla ha convocado movilizaciones.

Este juego del gato y el ratón (la ausencia más clamorosa, dicen los sindicatos, es la falta de información sobre el cierre concreto de oficinas) les lleva a pensar en movilizaciones. Desde CC OO suscriben la idea de la central nacionalista. "Si no hay avances en la próxima reunión tendremos que empezar a calentar el ambiente", dicen sus representantes. Creen que la estrategia de las cajas pasa por agotar al máximo el tiempo para forzar un pacto en el último momento.

No lo ve así UGT, que aprecia "cambios en la posición de las cajas" próximos a sus planteamientos. Esto es: los empleados ya no necesitarían tener 63 años para prejubilarse, sino que lo podrían hacer en la edad en la que tengan derecho a cobrar el 100% de la pensión pública. "También nos han hablado de mínimos salariales dignos para los que vayan a entrar; de que las personas con procesos de consolidación pendientes podrán completarlos; de mejores condiciones en los traslados que impliquen un cambio de domicilio", afirma José Ramón Pliego, de UGT.

Otro frente abierto para completar la integración está en el Parlamento. Ayer cumplió un capítulo más cuando la Junta de Portavoces, el órgano que pacta los debates, anunció que el de la ley de cajas sería por lectura única este martes. Los partidos enseguida arrimaron el ascua a su sardina. El portavoz del BNG, Carlos Aymerich, denunció un pacto de socialistas y populares para privatizar las cajas y mantener al frente de ellas a los actuales gestores. Tanto el PP como el PSdeG se apresuraron a desmentir el presunto acuerdo.