Las raíces de Camps

Con su irresistible vis cómica, reforzada esta vez mediante imaginarias pataditas en el suelo, el presidente Camps inauguró en Alicante el nuevo curso del PP de la Comunidad Valenciana con una brillante lección de botánica aplicada a la política. A diferencia de los socialistas, que no defienden "nuestra tierra, nuestra identidad y nuestro orgullo", los populares son como las naranjas, que resisten las heladas y los calores. La victoria del PP en las autonómicas se da por supuesta: "No hay quien mueva a quien tiene las raíces en esta tierra". Ausente Rajoy del acto, Esteban González Pons, uno de los tapados para sustituir a Camps en las autonómicas de mayo si las vicisitudes judiciales viniesen mal dadas para el PP, fue el encargado de cubrir de elogios superlativos al Muy Honorable presidente y de anunciar su candidatura electoral.

El presidente de la Generalitat valenciana inaugura el curso con una lección de botánica política

Pero la implantación de los populares en la Comunidad Valenciana no nace de esa mímesis telúrica con el paisaje. Dos rodrigones han ayudado decisivamente al crecimiento de su hegemonía: la utilización predemocrática de las Cortes valencianas para pisotear los derechos de las minorías y el benévolo tratamiento dispensado por el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana (TSJCV) al presidente Camps, imputado por un delito de cohecho pasivo impropio relacionado con el caso Gürtel.

Sin embargo, una sentencia dictada a finales de julio por el Constitucional, aceptando los cinco recursos de amparo interpuestos a lo largo de 2009 por el grupo Compromis contra la Mesa de las Cortes valencianas, mostró la fragilidad de esa abusiva ventaja parlamentaria. El alto tribunal resuelve que la Mesa rechazó sin motivación 29 preguntas dirigidas al Gobierno de la Generalitat por los diputados de Compromis (sobre los contratos de la Administración con el entramado Gürtel, la contaminación por residuos tóxicos en Mislata, las adjudicaciones de licencias de radio y televisión y el plan de emergencia exterior del polígono El Serrallo de Castellón), así como una proposición no de ley (en beneficio de un consejero provincial valenciano de la preguerra). La sentencia -el ponente fue el magistrado Manuel Aragón- desmonta el incongruente artilugio utilizado para tratar de justificar la caprichosa negativa: la exclusión por el Reglamento de la Cámara de las cuestiones referidas a personas físicas o jurídicas sin trascendencia pública dentro de la comunidad o de naturaleza estrictamente jurídicas. El alto tribunal concluye que esa arbitraria decisión vulnera el derecho de los diputados a ejercer sus funciones representativas, vinculadas con el control del Gobierno en el caso de las preguntas y con la promoción del debate político en el supuesto de las proposiciones no de ley.

En el ámbito penal las raíces de Camps también empiezan a pudrirse. Aunque el presidente de la Generalitat, imputado por aceptar el regalo de trajes y otras prendas de vestir obsequiados por la trama Gürtel, fue sobreseído por el TSJCV en agosto de 2009, el Supremo ha casado hace unas semanas esa resolución y devuelto las actuaciones procesales a Valencia para que prosiga la instrucción. De añadidura, un informe de la Brigada de Blanqueo de Capitales del pasado 20 de julio sobre las actividades de la organización mafiosa capitaneada por Francisco Correa y sus connivencias con el PP incorpora nuevos hechos delictivos -desde el cohecho propio al tráfico de influencias, pasando por la financiación irregular del PP- al inventario de las ilegalidades cometidas, de las que probablemente tendrá que responder el presidente Camps.

Si bien la inhibición del Tribunal Superior de Justicia de Madrid -destinatario del informe policial- en favor del TSJCV por razones de aforamiento se halla momentáneamente bloqueada por el obstruccionismo del PP, el diseño defraudatorio de la financiación irregular de los populares valencianos denunciada es más simple que el mecanismo de un chupete. En una operación triangular diáfana, varias compañías beneficiarias de adjudicaciones otorgadas por diversas consejerías de la Generalitat pagaron mediante facturas ficticias el importe de las comisiones ilegales, adeudadas clandestinamente al PP (cientos de miles de euros) como soborno por sus labores de intermediación, a Orange Market, una empresa de la trama Correa acreedora de servicios igualmente ocultos prestados al Partido Popular durante la campaña electoral. Cuando la justicia -sea el TSJCV o el Supremo- se pronuncie sobre el asunto, seguramente Camps perderá el último palo del sombrajo que hasta ahora le había protegido de las inclemencias del tiempo.