El incómodo caso de un fusilado

El 27 de agosto murió en Málaga Carmen Dorado, la hija de Luis Dorado Luque, diputado socialista asesinado por los franquistas en Córdoba al inicio de la Guerra Civil. Carmen falleció sin ver cumplido el sueño por el que ha luchado los últimos años: recuperar los restos de su padre de la fosa común donde está enterrado y darles una sepultura digna. La mujer, junto con su hijo, Antonio Gutiérrez Dorado, agotó las vías administrativas y judiciales para obligar al Ayuntamiento de Córdoba a abrir la fosa del cementerio de La Salud, donde Dorado Luque y otras 300 personas fueron pasados por las armas y arrojados. Gutiérrez espera ahora la resolución del Tribunal de Estrasburgo, última instancia a la que ha acudido.

El diputado socialista Dorado y otras 300 personas fueron asesinadas

Lo que hace arquear las cejas a muchos con este caso es que un gobierno municipal de izquierdas (IU y PSOE) lleve más de dos años sin satisfacer la demanda de la familia de un fusilado socialista. Antonio Gutiérrez ha acusado siempre al Consistorio de no tener ninguna voluntad política para actuar, ni cuando estaba como alcaldesa Rosa Aguilar ni ahora que rige Andrés Ocaña. Y al PSOE también le reprocha el nulo apoyo recibido.

El caso es incómodo para ambos partidos. Más todavía cuando se inicia un curso político marcado por las elecciones locales de la próxima primavera. Si se mienta el tema, se suele cerrar filas con el gobierno municipal. "Puede existir algo de desconcierto", se atreve a admitir un líder del PCE andaluz. Incluso en las asociaciones de la memoria histórica próximas a Izquierda Unida se defiende la tesis del Ayuntamiento. "Creemos que se ha hecho un poco de demagogia con este caso y se ha usado de manera partidista", dice Luis Naranjo, vicepresidente del Foro por la Memoria Histórica de Córdoba.

Para no actuar en el cementerio, el Consistorio alega complicaciones técnicas y, sobre todo, financieras. Reabrir la fosa supone desmantelar una estructura donde hay decenas de nichos y tumbas que se situaron justo encima de donde se enterraron a los fusilados. Además, la identificación por ADN supondría un coste que el Ayuntamiento no está dispuesto a sufragar.

La puerta abierta por la Junta hace un año con la redacción de un protocolo que ordena la exhumación de fosas de la Guerra Civil tampoco convence al Ayuntamiento. La orden permite iniciar trabajos sin necesidad de esperar una orden judicial, algo que también ha venido exigiendo el gobierno municipal. "El protocolo tiene graves deficiencias en cuanto a la determinación de quién debe financiar la exhumación. Tampoco resuelve los problemas que nos podemos encontrar con los enterramientos en superficie que se hicieron encima de la fosa", critica Alba Doblas, concejal del Ayuntamiento y presidenta de Cecosam, la empresa municipal encargada de los cementerios.

"En el caso de la fosa del cementerio de La Salud, no es que exista falta de voluntad política. Lo que hay es una problemática muy compleja. Por un lado tenemos los enterramientos posteriores a la guerra en superficie, que se situaron con toda la intencionalidad política por los franquistas. Pero la misma fosa común fue usada para enterrar a las personas sin recursos que no podían pagarse un entierro", continúa Doblas. Se calcula que en la fosa puede haber cerca de 900 cadáveres, 300 de ellos de represaliados. "Nuestra prioridad política es, ahora mismo, dignificar la memoria de los fusilados a través de una comisión que reúne a las asociaciones de memoria histórica y en unos meses construiremos un monumento a las víctimas", zanja la edil.