Rajoy opta por Camps

La acreditada tendencia de Francisco Camps, presidente autonómico valenciano, a rechazar con el mayor aplomo las evidencias que van apareciendo sobre la financiación ilegal del PP, está encontrando un imitador en Mariano Rajoy. "Creo que Camps debe ser el candidato en las próximas elecciones autonómicas", zanjó el presidente del PP tras la reunión de inicio de curso mantenida por la plana mayor de su partido en Toledo; lo hizo ignorando olímpicamente los nuevos y más contundentes indicios delictivos conocidos, que según la Fiscalía Anticorrupción "no dejan dudas sobre la existencia de irregularidades" en la contratación por el Gobierno de Camps con empresas de la trama Gürtel.

El nuevo informe policial, aportado al sumario sobre esa trama que instruye el juez Pedreira en Madrid, acredita nuevos casos de financiación ilegal del PP valenciano en el marco de los enjuagues a tres bandas entre la Administración autónoma, la sucursal del tinglado de Francisco Correa en Valencia, comandada por Álvaro Pérez, El Bigotes, y diversos empresarios de la zona, con la adjudicación de contratas públicas al fondo.

La lógica que viene aplicando el PP en el caso Gürtel desde la primeras diligencias del juez Garzón desafía la del común de los mortales. Esa lógica, difícilmente encajable en las reglas de los comportamientos democráticos, conduce a que aumente la intensidad de los apoyos políticos a un dirigente en la misma proporción en que se acrecientan los indicios delictivos que se ciernen sobre él y la organización que dirige. Con ello aumenta y se asume el nivel de riesgo de que un presidente de la Generalitat en ejercicio termine sentado en el banquillo de los acusados, situación nada aconsejable, aunque solo sea por la presión que supondría para la Administración de justicia.

El informe policial que documenta nuevos pagos ilegales a favor del PP valenciano por valor de 845.000 euros no ha sido elaborado a instancias de Rubalcaba, como dejan caer algunos demagogos, sino del juez instructor del caso Gürtel en Madrid. Hablar de manipulación política supone poner en entredicho a la justicia, lo que no es nuevo en la estrategia procesal del PP en este caso: desacreditar la investigación judicial, cuestionar a los jueces que la llevan e intentar que la corrupción política que esconde el caso Gürtel quede penalmente impune y sin coste político.

Contraponer el veredicto de las urnas al de un tribunal de justicia respecto de una conducta delictiva, como ha hecho Camps, supone llevar esa estrategia de descrédito de la justicia al límite. No importa que ese discurso antidemocrático no haya podido cambiar su condición de imputado por cohecho pasivo impropio, un delito de corrupción política menos grave que otros pero igualmente tipificado en el Código Penal. Es a un imputado por un delito relacionado con su cargo de presidente de la Generalitat a quien Rajoy ha decidido apoyar para su reelección.