El Gobierno vasco tratará con cada juez la asignación de escoltas

Los jueces y fiscales vascos mantendrán su sistema de protección personal ante la amenaza terrorista, al menos, durante los dos próximos meses. El consejero de Interior del Gobierno autónomo, Rodolfo Ares, se marcó ayer ese plazo para actualizar la evaluación del riesgo que soporta la judicatura -la actividad de ETA no es tan intensa como años atrás- y contrastarla con los propios magistrados, mediante entrevistas personales, para tener en cuenta su opinión.

Ares se reunió en Bilbao con la Sala de Gobierno del Tribunal Superior para trasladar a la cúpula judicial sus intenciones. El consejero advirtió de que habrá casos particulares en los que resultará necesario reducir la asignación de guardaespaldas y otros en los que quizá se tendrá que aumentar.

Algunos responsables de la judicatura vasca consideraron ayer que lo que en realidad pretende Interior es reducir el número de escoltas.