El plan de vivienda peligra por la falta de financiación de los bancos

"Todas las ayudas son bienvenidas, pero sin ellas, se pueden hacer las viviendas de protección oficial. El problema es la falta de financiación". Así resumió ayer el presidente de la Federación Andaluza de Municipios y Provincias y alcalde de Dos Hermanas (Sevilla), Francisco Toscano, la situación del plan de vivienda, que prevé hasta 2012 la construcción de 92.400 pisos para venta y 39.600 para alquiler. A estos hay que sumar los planes para rehabilitar 135.378 casas.

A finales de julio, el Gobierno central anunció la supresión del fondo de 10.180 millones de ayudas a compradores y promotores de vivienda oficial. De ellos, 1.440 corresponden a Andalucía. La consejera de Obras Públicas, Rosa Aguilar, tiene previsto reunirse este mes en Madrid con la ministra de Vivienda, Beatriz Corredor, para trasladarle "múltiples y profundas aportaciones con el fin de reorientar" la medida.

Los sindicatos afirman que la ley obliga a la Junta a cumplir los objetivos

Aguilar "aboga por establecer un periodo de transición", es decir, que se aplace la aplicación de la medida. Además, se comprometió ayer ante los sindicatos CC OO y UGT, la patronal Fadeco y los municipios, "a buscar fórmulas para continuar favoreciendo la financiación de los adquirentes de vivienda protegida". También se propuso en la mesa de ayer que el Gobierno central aporte los fondos comprometidos y que sean los agentes sociales andaluces y la Junta los que decidan las prioridades y dónde se recorta.

Pero al margen de la polémica de las ayudas, todos coincidieron en señalar que el verdadero peligro del plan de vivienda es la falta de financiación. Las 265.000 actuaciones en pisos más las 40.000 previstas sobre suelo dependen de 9.000 millones que se comprometieron a financiar 30 entidades bancarias. De este incumplimiento no se dieron datos ayer, pero todos lo constataron, desde los municipios a los promotores.

El secretario de Política Institucional y Concertación de CC OO, Juan Pérez, reiteró el apoyo de su organización a la Junta, pero a cambio exigió firmeza y advirtió que debe ser el Gobierno andaluz quien responda del incumplimiento de los objetivos. Recordó que los derechos a una vivienda están reconocidos por la ley y que los usuarios pueden llevar a los tribunales a la Administración. En el mismo sentido se pronunció Roberto Marín, representante de UGT, quien reiteró que "el plan de vivienda es el instrumento de una ley que compromete a todos". Marín alabó que la Junta mantenga los planes, pero dijo que "eso se verá con los presupuestos".

El secretario general de Fadeco, Emilio Corbacho, también respaldó a la Junta, calificó de positiva la reunión de ayer y destacó los compromisos con el mantenimiento de los planes, pero advirtió que, "si no se consigue financiación, la ley quedará vacía".

Toscano fue muy claro al exponer la situación, que conoce por la presidencia de la FAMP y por el municipio que gobierna, donde tiene prevista la construcción de 6.000 viviendas de protección oficial y ya ha registrado a 7.500 personas que cumplen todos los requisitos para acceder a una. El plan de vivienda, según explicó, genera empleo, responde a una demanda real y, sobre todo, implica a toda la sociedad; "pero no se puede hacer sin financiación".

"La banca", afirmó Toscano, "se escuda en la falta de garantías, pero no es más que una excusa". En el mismo sentido, el representante de CC OO afirmó que la morosidad de los beneficiarios de viviendas sociales es de un 0,7%.