La Generalitat exime a los dueños de clubes de dar asistencia médica a las prostitutas

Los dueños de prostíbulos en Cataluña ya no tendrán que ofrecer asistencia médica a las prostitutas. La Generalitat ha retirado tal obligación, vigente desde 2002 y única en España, que pretendía facilitar el acceso de las trabajadoras del sexo a los servicios de salud. El Gobierno catalán considera ahora que la medida solo ha servido para que los empresarios "publiciten que sus chicas están limpias" y afirma que no ha dado ninguna garantía sanitaria.

Aunque no reguló la prostitución -una actividad que sigue en el limbo: ni es legal ni está prohibida- el decreto de 2002 fijó los requisitos de seguridad e higiene que deben reunir los burdeles. El texto, aprobado por CiU, determina que los propietarios "han de garantizar" que las mujeres tengan acceso "a medidas de control sanitario de tipo preventivo y asistencial". El decreto no prevé, en ningún caso, que las mujeres deban exhibir un certificado médico y, mucho menos, que este esté a disposición del cliente.

El decreto tampoco especifica la clase de asistencia. En la práctica, los pocos propietarios que han seguido la norma han puesto médicos a disposición de las mujeres para someterlas a análisis de sangre y otras pruebas. Un nuevo reglamento de espectáculos, aprobado ayer, ha quitado esa carga a los empresarios. El texto ha dejado intactos, sin embargo, otros muchos aspectos relacionados con las "condiciones de higiene y salubridad" de los burdeles.

Interior sostiene que el cambio no afecta a las condiciones de salud de las prostitutas. Las entidades que defienden los derechos de las mujeres denuncian que algunos empresarios han aprovechado el decreto para imponer pruebas de VIH, en lugar de reconocer sus derechos laborales.El Departamento de Interior, autor del nuevo reglamento, no ha impuesto ni una sola sanción en ocho años relacionada, específicamente, con la obligación de dar asistencia médica a las mujeres. Interior considera que el contenido del decreto es ambiguo y su aplicación, muy compleja. "No se puede saber si las mujeres son sometidas a una prueba a diario. Además, la rotación en estos locales es muy alta", justificó un portavoz.

Los efectos han sido no deseados, según Interior: el uso del control sanitario como reclamo publicitario. Los empresarios anuncian que las trabajadoras de su local están "limpias" para captar clientes. Con el añadido de que el usuario no tiene garantía alguna de que eso sea cierto.

El Departamento de Salud asegura que el cambio normativo no tendrá consecuencias y defiende la labor que lleva a cabo, a diario, con las prostitutas.

Las entidades que defienden los derechos de las prostitutas se felicitan por el fin de los controles obligatorios. "Algunos locales tienen médicos que hacen pruebas a las mujeres, cuando este debería ser un asunto privado y personal", explicó la coordinadora de Àmbit Dona, Mercè Meroño, que reclamó para las prostitutas "derechos laborales, como los de cualquier trabajador".

Para Ana Fàbregas, portavoz de Genera, es una "violación de la intimidad", ya que los controles "podían utilizarse como medio para despedir a una mujer". "Lo ideal es que las mujeres accedan a la sanidad cuando quieran, no cuando se les imponga". Fàbregas admitió que el polémico artículo de 2002 da pie a "interpretaciones" y que "perpetúa el estigma de las prostitutas como grupos de riesgo".

El nuevo reglamento salva la mayor parte del antiguo decreto y añade otros aspectos: las prostitutas no podrán dormir en los locales y los dueños deberán garantizar "la confidencialidad" de los datos de mujeres y clientes.

El texto aprobado por el Gobierno catalán regula por primera vez los after hours, aunque impone serias restricciones; entre otras medidas, deberán estar a más de 500 metros de los núcleos habitados. La patronal del ocio nocturno expresó ayer su rechazo al reglamento y su intención de recurrir ante la Unión Europea.