La hora del Tribunal

La renovación del Tribunal Constitucional es una de las tareas más urgentes de las fuerzas parlamentarias en el curso político a punto de iniciarse. No es que su composición actual haya restado legitimidad a las decisiones adoptadas, algunas tan complejas y de tanta carga política como la sentencia sobre el Estatut de Cataluña. Lo que sí se ha puesto en juego, por el contrario, es la autoridad y el prestigio imprescindibles para desarrollar el papel que tiene asignado. Si, como viene sucediendo desde que la renovación de sus miembros se encuentra bloqueada, sus fallos son percibidos como triunfos de parte y no como expresión de la racionalidad última del sistema, es la Constitución misma, y no el Tribunal, la que padece las consecuencias.

La naturaleza política del Tribunal no justifica que los partidos puedan hacer de él un terreno donde proseguir los debates parlamentarios en los que no pueden imponer su criterio. Recurrir por interés de partido normas aprobadas en las Cámaras es hacer un uso fraudulento del sistema constitucional, lo mismo que cualquier intento de determinar sus decisiones por la vía de manipular su composición. Ambos mecanismos han sido utilizados con profusión, aparte de otros más burdos e inconfesables, como presionar directamente a sus miembros o inspirar o consentir contra ellos campañas públicas de desprestigio.

El procedimiento de urgencia adoptado por el Tribunal para decidir sobre la nueva ley de aborto podría convertirse en una nueva ocasión para ahondar en el deterioro de su autoridad y su prestigio, cuando debería servir para todo lo contrario. El PP está dando signos de persistir en la estrategia de impedir la renovación, convencido de que la actual composición será más favorable a sus posiciones. Es una grave anomalía, además de un ataque al sistema, que desde la legislatura anterior se haya impedido en la práctica a las Cámaras ejercer su función en la renovación del Tribunal.

La experiencia indica que era necesaria la sustitución de la anterior regulación del aborto basada en supuestos por otra que lo despenalizara dentro de determinados plazos. A esta filosofía responde la ley aprobada en las Cámaras y que el Partido Popular tiene recurrida ante el Constitucional. De las declaraciones de algunos de sus dirigentes se deduce que su propósito no sería tanto impedir la aplicación de la nueva ley como replantear por completo la despenalización del aborto, y para ello pretenderían valerse del Tribunal Constitucional.

Si su verdadero programa consiste en prohibir la interrupción del embarazo, el Partido Popular debería decirlo expresamente y asumir los costes políticos. Lo que no puede hacer es intentar transferírselos al Tribunal, desentendiéndose, acto seguido, del destrozo institucional que provocaría. Adoptando esta estrategia, el Partido Popular no demuestra tanto su habilidad como su escasa lealtad al sistema constitucional.