El PP propone limitar el capital privado en carreteras y hospitales

Fue la gran novedad en los presupuestos de 2010, pero ayer, tras medio año defendiendo sus bondades financieras, el Partido Popular (PP) decidió someterla a control. A través de su portavoz de Economía, Pedro Puy, el grupo popular anunció su intención de poner un techo a la financiación pública-privado (PFI en sus siglas en inglés) mediante una proposición no de ley que ha presentado en el Parlamento. El objetivo, en palabras de Puy, es "mantener un límite que no ate las manos a los Gobiernos del futuro" y controlar decisiones cuyas consecuencias se extenderán durante "décadas".

La propuesta no fija un techo concreto, pero la intención del PP es que el Parlamento fije un umbral de endeudamiento consensuado por todos los partidos. El sistema de financiación privada se está aplicando ya para construir los hospitales de Vigo y Pontevedra, 21 centros de salud presupuestados e infraestructuras como la autovía de la Costa da Morte. El recorte no supondrá en ningún caso el abandono de un modelo que Puy presentó como "necesario" para mantener el nivel de inversión y que es práctica común en comunidades como Valencia, Madrid o Castilla y León, así como en el propio Ministerio de Fomento, que planea afrontar con él los costes del AVE.

El PP tacha de "irresponsables" los datos económicos de la oposición

Tras calificar de "extrema" la situación actual de la hacienda autonómica, el portavoz popular defendió que éste es el único modelo capaz de sostener la inversión en un contexto marcado por la deuda de las comunidades, la "caída drástica" de los ingresos y el límite al endeudamiento fijado por el Gobierno central. Por ello señaló la "contradicción" del PSOE al "recortar el gasto público" y "criticar el modelo público-privado, la única manera de acometer obras como el Hospital de Vigo".

El portavoz popular citó entre las ventajas del PFI que la Administración recibe la obra ya terminada y permite externalizar servicios como la limpieza, el catering o la seguridad. Sus detractores cargan las tintas, sin embargo, en que obliga a la Xunta durante 30 años al pago de un canon anual que en ocasiones llega a multiplicar por seis el valor final de la obra. El caso más sonado es el del Hospital de Vigo, que, tras la aplicación del modelo de financiación público-privado, ascendería a 860 millones de euros, 450 millones más de lo que costaría con el modelo de Sociedade Pública de Investimiento (SPI) propuesto por el bipartito.

Otro de los hospitales que se hará con este modelo de PFI es el de Pontevedra, en estado de redacción del proyecto, y al que se le suman centros de salud en Santiago, Ames, Tui, O Grove, Nigrán, Oia, Gondomar, Ribadavia, Vinteún, O Couto, A Valenzá, Culleredo, Arteixo, Ares, Pereiro de Aguiar, Monterroso, As Nogais, Malpica y A Capela, todos por licitar.

El control al endeudamiento se presenta en el marco de "rigor" que, según Puy, ya demostró la Xunta con el Plan Estratéxico, "pruebla palpable" de que "el actual Gobierno tiene una visión a largo plazo en lo referente a la dinamización ecomómica". Su máxima expresión, no obstante, serán los presupuestos de 2011, en los que adelantó que se "mantendrá el núcleo central del Estado de bienestar", pero que exigirá "repensar qué subvencionamos, a qué ciudadanos, empresas y demás entes públicos".

Puy censuró "la alarma sin fundamento" generada por socialistas y nacionalistas al "difundir de un modo irresponsable una imagen catastrofista mediante la manipulación de la realidad". A ellos contrapuso los datos de la Xunta, que con un incremento del 4,4% deja a la producción industrial gallega más de dos puntos por encima de la media estatal, o el 0,5% en que aventaja el incremento de las exportaciones gallegas a la media estatal. El portavoz popular aventuró incluso el carácter "esperanzador" del índice del PIB que se va a presentar hoy.