Vivienda social hasta que la muerte nos separe

"No va a estar todo el mundo de acuerdo y creo que vamos a generar una buena polémica". El primer ministro británico, el conservador David Cameron, ha avisado de que su próximo paso va a molestar a mucha gente. Si su propuesta sale adelante, las viviendas sociales dejarán de ser vitalicias. Las Administraciones llevarán a cabo inspecciones cada ciertos años y los beneficiarios con un sueldo suficiente para pagar un alojamiento a precio de mercado tendrán que mudarse. Adiós a aquellos council homes a los que uno accedía con el convencimiento de que se podría morir en ellos, sin importar el dinero que fuera a ganar el resto de su vida. E incluso que en muchos casos heredarían sus hijos.

El PP y CC OO rechazan abandonar el apoyo a la propiedad

La rehabilitación y el alquiler son ahora prioridades del Gobierno

Más del 30% de las familias británicas vive de alquiler. En España, solo el 11%

El fraude se hace frecuente en torno a las casas de protección oficial

No tendrá fácil Cameron salirse con la suya. En primer lugar, porque sus socios de Gobierno, los liberal-demócratas, han recibido de uñas el globo sonda que el premier lanzó a principios de agosto. Además, iniciativas similares ya chocaron con una fuerte oposición en Reino Unido. El ex primer ministro laborista Gordon Brown calificó de "dinamita política" una propuesta parecida de su ministra de Vivienda. "Supone un paso más tras 30 años de deliberada marginación de las casas sociales y de las personas que viven en ellas. Cameron considera que cualquier persona que tenga un trabajo decente no debería aspirar a uno de esos pisos", sostenía hace poco la articulista Lynsey Halen en el periódico de centro-izquierda The Guardian.

Es cierto que las políticas de vivienda de Reino Unido son radicalmente distintas de las españolas, y que el parque público de alquiler español es ridículo respecto al británico. Pero un grupo de expertos de la Fundación de Estudios de Economía Aplicada (Fedea) presentó el año pasado un catálogo de recetas que guarda algún parecido con la que ahora defienden los conservadores británicos. Entre ellas estaba la de suprimir la vivienda de protección oficial (VPO) en propiedad y reorientar todas las ayudas sociales hacia el alquiler.

El documento critica que la VPO, con un volumen muy limitado y una demanda muy amplia, se haya convertido en una especie de lotería en la que muy pocos beneficiados reciben una subvención muy elevada. Una vez que se obtiene esta ayuda, aunque los ingresos de la familia se disparen, nunca se perderá. Es más: el régimen de protección suele tener un periodo fijo de 30 años, a partir del cual el piso se puede descalificar y pasar al mercado libre.

Los economistas de Fedea se agarraban a que la VPO no había ayudado en los últimos años a contener los precios en el mercado libre y a que este régimen generaba numerosos fraudes para argumentar por qué se debería suprimir la creación de nueva vivienda protegida en propiedad y dedicar los recursos disponibles a financiar ayudas al alquiler en el mercado libre para personas con escasos recursos.

Es importante señalar que entre la idea británica y la española hay una diferencia radical: la propuesta de Cameron implicaría la salida de muchas familias que ahora viven en los cuatro millones de council homes, mientras que la paralización de la VPO en propiedad no perjudicaría a los que ya tienen una, sino que impediría que más personas disfrutaran de ellas a partir de ahora. El peso del alquiler en Reino Unido es muchísimo mayor que en España: así viven un 30% de las familias británicas frente a un 11% en España, tasa que se mantiene prácticamente invariable desde hace décadas. Pese a que ni los grandes partidos ni los sindicatos comparten la idea de abandonar con carácter inmediato la VPO en propiedad, la política de austeridad del Gobierno ha forzado al ministerio a volcar sus escasos recursos en dos grandes prioridades: el alquiler y la rehabilitación. La dura realidad de las cuentas del Estado ha obligado al Gobierno, por ejemplo, a eliminar la ayuda directa a la entrada para comprar un piso a partir del próximo 1 de enero, que el año pasado absorbió del presupuesto 300 millones de euros.

"Los recursos públicos tienen que ir destinados a quienes más lo necesiten, ya sean ayudas o creación de parque público. Y los esfuerzos del Gobierno van a ir en esa dirección", asegura el director general del ministerio, Javier Ramos, que prefiere no pronunciarse sobre el anuncio de Cameron ni sobre las propuestas de Fedea. El Plan de Vivienda 2009-2012 destinaba el 40% de las ayudas a alquiler, pero entre estas incluía la opción de alquiler con opción a compra, iniciativa en la que había sido pionera la Comunidad de Madrid, gobernada por el PP.

Ni desde la oposición ni desde los sindicatos se apoya la idea de volcarse exclusivamente en el alquiler como vía para favorecer la accesibilidad a un techo digno. "Es cierto que las viviendas sociales para alquiler permiten una mayor rotación y por lo tanto pueden ser usadas por las personas que tienen más necesidades en cada momento, pero también crean distorsiones. Por ejemplo, si una familia con un miembro en paro supera los ingresos establecidos al encontrar trabajo, perdería el derecho al disfrute de esa vivienda. Pero si vuelve a perder su empleo, se tendría que poner otra vez a la cola para recibir una nueva casa social. Esta medida exigiría un parque de viviendas públicas en alquiler monstruoso", señala Pablo Matos, portavoz del PP en la Comisión de Vivienda del Congreso. Los economistas de Fedea niegan la mayor: ellos reclaman que las ayudas se concedan al alquiler, pero no con un parque público, sino en el mercado libre, a través de desgravaciones fiscales o instrumentos parecidos. Gonzalo Bernardos, profesor de la Universidad de Barcelona, comparte esta opinión: "Es una barbaridad seguir construyendo vivienda pública habiendo más de un millón de casas sin vender".

CC OO defiende el alquiler subvencionado para algunos colectivos, como el de jóvenes o solteros; pero también, de forma paralela, mantener una red de casas protegidas en propiedad para los más desfavorecidos. "Claro que consideramos imprescindible un amplio parque de viviendas en alquiler. Pero en una circunstancia como la actual, con más del 20% de paro, sigue teniendo sentido que se facilite el acceso a la propiedad a muchas personas al borde de la exclusión social", señala Javier Jiménez, secretario de política sectorial de CC OO.

Uno de los objetivos de los expertos que abogan por acabar con la propiedad en la VPO es acabar con el fraude habitual en este régimen. Estas viviendas no pueden descalificarse ni venderse a precio libre antes de un plazo determinado, que suele ser de 30 años. Si el adjudicatario quiere deshacerse de ella antes de ese plazo, debe solicitar un permiso de venta anticipada a su comunidad autónoma y devolver todas las ayudas o subvenciones directas que hubiese recibido al adquirirla, incluyendo los tipos de interés subsidiados. No obstante, el precio al que puede vender la casa está establecido, en correlación por lo que pagó en su día el beneficiario de la VPO y que, obviamente, está muy por debajo del precio de venta libre (en torno a la mitad).

En realidad, la venta se hace en ocasiones a precio de mercado, porque el propietario escritura la transmisión por la cantidad que marca la Administración, y el resto lo cobra en negro. Así, no solo elude el pago de plusvalías, sino que defrauda a Hacienda.

"Los mecanismos de inspección contra el fraude y seguimiento han sido siempre exiguos. Pero esto no es un problema exclusivo de la VPO, sino de muchos otros ámbitos", justifica el dirigente sindical.

"Donde exista el fraude hay que controlarlo. Pero eso no invalida una política", señala Matos. "Sería una forma muy buena de luchar contra el fraude. Si se aprobara esta medida, no sería posible lo que vi hace poco: un edificio de VPO en Sabadell con 40 familias, de las que solo 15 cumplían los requisitos oficiales. También hay fraude en el alquiler, pero ahí es más fácil detectarlo", señala el catedrático José García Montalvo, uno de los impulsores de la iniciativa de Fedea.

El diputado popular añade otro argumento a favor de las ayudas en propiedad frente al alquiler: que los beneficiarios cuidan mucho más los bienes si saben que se los van a quedar a perpetuidad, y los costes de mantenimiento son mucho menores. García Montalvo muestra su desacuerdo: "Si hay que gastar más en rehabilitación se gasta. Lo que no es justo es que se distribuyan los derechos como si fueran una lotería. Que a alguien le caiga el gordo y el resto de solicitantes se queden sin nada".