El prolongado ocaso de las viviendas protegidas

El primer ministro británico, David Cameron, ha anunciado el propósito de su Gobierno de revisar la situación de las viviendas sociales de alquiler, promovidas por los Ayuntamientos. Se trata de que los tenedores las abandonen si sus ingresos hubiesen mejorado significativamente respecto de la situación de origen y superasen determinados mínimos.

La medida tiene claros ecos thatcherianos. El amplio parque público británico de viviendas sociales en alquiler, creado en el mandato del laborista Clement Atlee (1945-1951), se vio sustancialmente reducido en los años de Margaret Thatcher. Esta forzó a los Ayuntamientos, al final de los años ochenta, a que vendiesen tales viviendas según la ley de derecho a comprar (right to buy). Numerosos adquirentes pasaron del alquiler a la calle ante las fuertes elevaciones de los tipos de interés del comienzo de la década de los noventa. No fue este un periodo brillante en la historia social del Reino Unido y algo tuvieron que ver dicha medida y el poll-tax con la caída de la premier conservadora.

Los recortes de gasto público puestos en marcha en España desde 2010 pueden afectar a la baja a la demanda de nuevas viviendas protegidas. El Ministerio de Vivienda tiene comprometida casi la mitad del gasto público disponible en subsidios y subvenciones a los préstamos a largo plazo de anteriores adquirentes de viviendas protegidas. El margen de maniobra se limita a los subsidios y subvenciones de las actuaciones protegidas que van a ponerse en marcha al calor del Plan Estatal de Vivienda y Rehabilitación 2009-2012.

De disponer de financiación crediticia e iniciarse nuevas viviendas protegidas, sus adquirentes disfrutarían casi en exclusiva de un precio de venta reducido. Disminuirían sustancialmente las ayudas adicionales a compradores de menores ingresos, entre las que la más relevante es la correspondiente a la ayuda al pago de entrada.

En 2009-2010, dicho ministerio puso en marcha nuevas ayudas para la venta de viviendas procedentes del stock de viviendas libres terminadas y no vendidas, asimiladas a viviendas protegidas. El Gobierno ha simultaneado el ejercicio de la medida tradicional socialdemócrata consistente en ayudar a los adquirentes de nuevas viviendas protegidas con bajos ingresos y a la vez ha pretendido facilitar la salida del stock no vendido, una actuación de signo diferente.

Un tiempo de escasez y de restricciones como el presente viene a ser un momento adecuado para acelerar las reformas. Las ayudas al acceso del ministerio deben concentrarse en los hogares con menos ingresos, que no pueden acceder a una vivienda en condiciones de mercado. No han bajado mucho los precios de venta en España a pesar de lo profundo de la crisis. Además, resulta complicado encontrar financiación crediticia para las VPO de alquiler, pues bancos y cajas no ven en estas promociones la posibilidad de efectuar "ventas cruzadas".

Las ayudas directas al alquiler y a la rehabilitación deben ser el destino final del gasto público para el acceso a la vivienda en España, aunque parece difícil hacer el cambio de forma abrupta. La rehabilitación precisa, además, del desarrollo de políticas urbanísticas coherentes con los objetivos perseguidos por parte de Ayuntamientos y comunidades autónomas. La VPO de nueva construcción deberá reducir su presencia, de forma equivalente a lo sucedido en el resto de Europa Occidental, donde los Gobiernos no construyen nuevas viviendas, pero en los que las ayudas directas a los arrendatarios de menores ingresos siguen teniendo una presencia significativa.

Julio Rodríguez López es vocal del CES de Madrid y ex presidente del Banco Hipotecario.