La fiscalía venezolana investiga a las ONG que reciben ayuda del exterior

Promover el periodismo de investigación en Venezuela es sinónimo de conspiración. Y recibir financiamiento internacional para hacerlo, un delito de traición a la patria. Con esos argumentos, el Gobierno de Hugo Chávez ha pedido a la Fiscalía General que investigue a periodistas y ONG que promueven la libertad de expresión y que para hacerlo hayan recibido, entre otras donaciones, dinero de Estados Unidos. "Esa es la forma de disfrazar organizaciones que son del Departamento de Estado", ha dicho el presidente-comandante.

La asociación Espacio Público y el Instituto Prensa y Sociedad (IPYS) encabezan una lista de decenas de organizaciones civiles y políticas y de más de 150 periodistas que, según una investigación realizada por la norteamericana Eva Golinger con el respaldo del Gobierno, son financiadas por el "imperio" para desestabilizar la revolución. "Esto hay que investigarlo a fondo. (Han sido) millones y millones de dólares del Departamento de Estado para grupos de periodistas, grupos de ONG, eventos, premios y no sé cuantas cosas", ordenó el presidente Hugo Chávez el 14 de julio pasado. Este martes, Golinger acudió personalmente a la Fiscalía a ratificar la denuncia, que ya había consignado el movimiento oficialista Periodismo Necesario.

A Human Rights Watch le preocupa la 'campaña de persecución'

A partir de las informaciones de Golinger, la mayoría oficialista del Parlamento aprobó en julio un informe en el que señala que, en dos años, el Departamento de Estado ha transferido más de 4 millones dólares a medios y periodistas venezolanos en forma de becas y financiamiento para ONG y universidades. El objetivo, dice el documento, es "desestabilizar el Gobierno revolucionario en nuestro país, utilizando estos periodistas apátridas, lacayos del Imperio, quienes, a través de medios privados de comunicación siguen una línea editorial cónsona con los intereses desestabilizadores e imperialistas del Gobierno de EE UU". Según este informe, que ahora es parte del expediente de la fiscalía, más de 150 periodistas han sido "captados y entrenados por las agencias estadounidenses"; entre ellos, todos los que alguna vez hubiesen sido invitados a EE UU para participar en algún programa de formación.

Venezolana de Televisión, el más grande de los seis canales que pertenecen al Estado, difunde una y otra vez vídeos en los que caricaturiza y ataca a periodistas y representantes de estas organizaciones. El director ejecutivo de Espacio Público, Carlos Correa, aparece en dos de ellos como una tira cómica que viaja en limusina y que sale de la Embajada estadounidense en Caracas con una maleta repleta de dólares. Human Rights Watch ha expresado su preocupación por la campaña de persecución contra Correa, Espacio Público e Ipys. "Iniciar una investigación penal sólo por el hecho de que una organización de derechos humanos recibió financiamiento internacional para su trabajo (...) es incompatible con la obligación de Venezuela de no obstaculizar el trabajo de los defensores de derechos humanos", ha escrito el director de HRW para las Américas, José Miguel Vivanco, en una carta dirigida al embajador de Venezuela en Washington.

También Transparencia Internacional ha denunciado las presiones oficiales que sufren sus colaboradores venezolanos y ha expresado su rechazo a "los intentos por obstaculizar la autonomía de las organizaciones sociales para ejercer de manera libre su derecho de expresión". "En Venezuela se ha creado un marco jurídico para tipificar como delito de traición o desestabilización cualquier actividad que reciba cooperación internacional. Son argumentos similares a los usados en la Primavera Negra de Cuba, cuando 75 activistas fueron acusados de ser agentes extranjeros", sostiene el periodista Ewald Scharfenberg, director ejecutivo del IPYS. Scharfenberg pone como ejemplo la sentencia del Tribunal Supremo del 22 de julio, que reza: "La obtención de recursos financieros, ya sea de manera directa o indirecta, provenientes de Estados extranjeros con la intención de emplearse en perjuicio de la República, los intereses del Pueblo (...) podría configurar el delito previsto en el artículo 140 del Código Penal Venezolano (...) referido a la traición a la Patria y otros delitos contra ella".

En 2006 la Asamblea Nacional aprobó un proyecto de Ley de Cooperación Internacional, para regular la actividad de las ONG. El proyecto establece que toda agrupación civil venezolana deberá registrarse ante un organismo que dependerá de la Presidencia de la República, que administrará todos los recursos que reciban.