Controlados

Los controladores aéreos han tardado en llegar a un acuerdo de bases con AENA el tiempo que han necesitado, seis meses, para convencerse de que el Ministerio de Fomento no iba a dar marcha atrás respecto a su decisión de poner fin a la situación de privilegio y abuso de posición de ese sector. Si el acuerdo es ratificado mañana por la asamblea, se habrá puesto fin a un conflicto que ha sido acuciante durante las últimas semanas, pero que en realidad ha durado meses, y cuyas raíces se remontan a hace al menos seis años.

Fue en 2004 cuando, ante la falta de acuerdo para renovar el convenio colectivo firmado en 1999, se recurrió a la prórroga del anterior, muy favorable para los intereses gremiales de los controladores, sobre todo porque la respuesta que daba a la necesidad de ampliar la jornada para atender al aumento de tráfico era el recurso a horas extras, pagadas al triple de las ordinarias. Ello condujo a un incremento desmesurado de las remuneraciones de esos empleados (una media de unos 350.000 euros anuales, según AENA, con algunos casos de más del doble de esa cantidad), lo que repercutía en que las tasas aéreas españolas fueran las más elevadas de Europa.

Al mismo tiempo, el enorme poder desestabilizador que tiene ese colectivo frenaba los intentos de poner fin a esos abusos, por lo que el convenio seguía prorrogándose. Pero un efecto de las crisis económicas es que ciertas inercias dejen de ser consideradas como inevitables. El escepticismo con que a fines del año pasado fueron acogidas las declaraciones del ministro de Fomento se convirtió en sorpresa cuando en febrero cumplió su aviso de modificar por decreto, ante la falta de acuerdo, las condiciones laborales de los controladores. Por una parte, se fijaba una jornada equivalente a la que realmente hacían si se incluían las horas extras, con lo que estas dejaban de ser pagadas al triple. Por otra, se suprimía la capacidad práctica de organizar su trabajo autónomamente. A la vez, se abrió la posibilidad legal de contratar el servicio con empresas privadas.

La respuesta fue una sucesión de huelgas encubiertas disfrazadas de bajas laborales, seguida por la votación en asamblea de una huelga formal en agosto. Pero una novedad fue la difusión desde enero pasado de los datos sobre sueldos y condiciones laborales privilegiadas de los controladores, lo que puso a la opinión pública del lado de Fomento e hizo que el aviso de huelga fuera acogido con gran irritación. Ese respaldo ha sido seguramente decisivo para que AENA y el Ministerio resistieran las presiones, incluyendo el ultimátum de 48 horas para que les recibiera el ministro si quería evitar la huelga.

El pulso se ha zanjado con la retirada definitiva de la huelga y un acuerdo que mantiene lo esencial de la oferta existente en materia salarial, aunque se flexibiliza la jornada laboral. Y se abre una negociación sin chantajes para renovar el convenio antes de fin de año. Un desenlace que no es el mejor de los posibles para las partes, pero sí el menos malo de los probables.