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Reportaje:vida&artes

'Manteros', entre la tregua y el acoso

Dos alcaldes deciden tolerar la 'venta ilegal' por evitar conflictos mayores - Los comerciantes los denunciarán por "prevaricación"

La gestión de la inmigración se antoja como un complejísimo cubo de Rubik. Para cuadrar todas las piezas hay que ensayar varias soluciones, y no todas son compatibles. En ese dilema se han encontrado los alcaldes de las localidades tarraconenses de El Vendrell y Calafell, que se han visto obligados a poner sobre la balanza el estricto cumplimiento de la legalidad comercial y de la propiedad intelectual, por una parte, y el orden social y cívico, por la otra, al regularizar la venta ambulante de productos falsificados que ejercen inmigrantes, la mayoría sin papeles, y que se ha popularizado con el nombre de top manta.

La imagen se repite a diario. Inmigrantes que desmontan la manta de un tirón y cargan el fardo a cuestas huyendo de la policía. La escena es tan habitual en las grandes ciudades que la gente lo asimila a un engorro corriente, anecdótico y normal. Para los juristas que defienden la despenalización de la actividad, eso da una idea de que no existe ningún tipo de alarma social. Sin embargo, los comerciantes azuzan a los municipios, que deben enfrentarse a la afluencia masiva de manteros con menos recursos por la crisis, para perseguir a estos vendedores.

La federación de municipios urge al Gobierno a resolver el fenómeno

En El Vendrell no pueden vender películas pirateadas; en Calafell, sí

Más de 550 'manteros' han sido encarcelados desde el año 2003

"Se está criminalizando la pobreza", dice el abogado Pau Rius

Los alcaldes de El Vendrell, Benet Jané, (CiU) y Calafell, Jordi Sánchez (PSC), pertenecen a partidos de enfrentado color político y con posturas distintas sobre la inmigración. Aun así, ambos se han rebelado para dejar de perseguir a estos vendedores ambulantes y, en su lugar, han regularizado esta actividad. Al hacerlo, han puesto sobre la mesa un enredo social de enorme complejidad: los inmigrantes que subsisten del top manta, en su mayoría extranjeros en situación irregular que mercadean con productos falsificados, son ya una marea en España.

Los dos Ayuntamientos han optado por una vía rápida que fuentes jurídicas consultadas califican de ilegal. El Vendrell emprendió hace meses la negociación con los vendedores después de acordarlo en una junta de gobierno, según fuentes municipales. El Consistorio no quería que se repitieran los incidentes registrados el pasado verano, cuando decenas de manteros se enfrentaron a pedradas con los agentes en reiteradas ocasiones. Esos episodios contaron incluso con la participación de los turistas, que llegaron a increpar a los policías por el continuo acoso a los inmigrantes.

El Consistorio diseñó una legalización que pasaba por que los manteros se agruparan en una asociación. A través de esta entidad, los propios inmigrantes deben controlar que la venta ambulante se restringe a las zonas pactadas, formalizar los pagos una vez se concrete la tasa municipal por ocupar la vía pública y garantizar que no ofrecen películas grabadas ilegalmente para respetar la Ley de Propiedad Intelectual. El acuerdo tolera, sin embargo, vender productos falsificados como bolsos, ropa y gafas de sol.

En Calafell, en cambio, la presión de los manteros arrastró a un Consistorio desbordado que no había planificado ningún proceso de regularización esta semana. "Imitamos la idea de El Vendrell porque nos pareció buena", explica sin complejos Jordi Sánchez. La Policía Local se reunió con los portavoces de los manteros y se les notificó el acuerdo, que aceptaron. "Si funciona, estudiaremos cómo formalizar la legalidad de esta medida. De momento, los resultados son excelentes", asegura Sánchez. El acuerdo de Calafell no prevé restricciones en los productos que se pueden vender y en la zona designada hay incluso películas pirateadas. "No sé si es legal pero es de sentido común", agrega Sánchez.

Según fuentes judiciales consultadas, la ilegalidad en este caso es doble: primero, por constituir un delito contra la propiedad intelectual y, segundo, porque con el decreto que regula la venta ambulante en la mano, los manteros no podrían obtener la autorización municipal. La norma fija que el Ayuntamiento debe abrir un proceso para autorizar la venta ambulante y, en cualquier caso, el beneficiario deberá acreditar que está al corriente en el pago de las cuotas a la Seguridad Social y que tiene los papeles en regla.

La Confederación de Comercio Catalana (CCC) anunció ayer que interpondrá una denuncia contra ambos Ayuntamientos. El secretario general de la CCC, que también lo es de la Confederación Española de Comercio, Miguel Ángel Fraile, calificó cualquier posible acuerdo con los manteros de "prevaricación". "Saben que están haciendo algo ilegal", aseguró en un tono durísimo.

Las organizaciones de comerciantes se unieron en cascada, y con el mismo acento, a Fraile. La Plataforma en Defensa de la Venta no Sedentaria expresó su "absoluto rechazo" a esa tolerancia con los manteros al entender que "fomenta la competencia desleal" con el resto de vendedores. La Cámara de Comercio de Barcelona reclamó "tolerancia cero" a las autoridades con esas ventas.

La Cámara de Comercio recogió, además, un estudio de la Asociación Nacional para la Defensa de la Marca que sostiene que los daños económicos de una firma imitada se reparten del siguiente modo: el 48% en el deterioro de la imagen, el 23% en daños industriales y el 24% en daños laborales y sociales. Hay quien discrepa. La abogada Marta Segura, de Segura Abogados, plantea: "¿Alguien que quiera comprarse un bolso de marca irá a un top manta a por una mala imitación? No hay apenas daño económico. Y tampoco al consumidor, porque todos sabemos que son falsos", afirma.

La mayoría de los Consistorios costeros opta por perseguir a los manteros. Los resultados son muy dispares. En El Vendrell a la vista está que el acoso policial no sirvió, pero el jefe de policía de Calella (Barcelona), Joan Vilademat, asegura que la ordenanza que prohíbe esta actividad funciona. "Tenemos los tres kilómetros de playa controlados y en julio hubo más de 100 denuncias, aunque no todas de top manta", señala. En Cullera (Valencia), el jefe de policía, Juan José Figueres, no lo ve así. No está de acuerdo con pactar con los manteros, pero admite que el método actual no conduce al fin del fenómeno.

Pese a que varias ciudades, entre ellas Barcelona -que incluso multa al comprador con 180 euros-, han rechazado la medida, el mundo municipal mira a esas dos localidades. "Este pequeño terremoto será un punto de inflexión porque la situación es insoportable", subraya el presidente de la comisión de Consumo y Comercio de la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP), Josep Maria Tort.

La FEMP tampoco apoya la medida de los alcaldes porque asegura que va en contra del resto de comerciantes, pero a raíz de esta polémica ha decidido elaborar un informe para "plantarse" ante el Gobierno central y los Ejecutivos autonómicos. "Han dejado a los alcaldes indefensos y en el centro de la diana con un problema mayúsculo", señala Tort. De momento, el consejero de Interior de la Generalitat, Joan Saura, ha respaldado la decisión de El Vendrell y Calafell a pesar de que ha afirmado que los Mossos seguirán persiguiendo el top manta.

Y es que la solución es al menos tan compleja como el problema. Con una tasa de paro superior al 20% -y al 30% en el caso de los extranjeros-, miles de inmigrantes se ven abocados de nuevo a trabajar en la economía sumergida. Y uno de esos cientos de empleos es el de mantero. "No pueden ser expulsados porque no existen protocolos con sus países de origen, pero tampoco tienen permiso de trabajo. La ley de Extranjería no les ofrece otra salida que la venta ambulante", sostiene Carles Bertran, coordinador del Centro de Información para Trabajadores Extranjeros de CC OO.

El acoso policial se da porque esta actividad está castigada en el Código Penal, cuya reforma -aprobada en el Senado en junio- eliminó la pena de cárcel cuando el valor de la mercancía sea inferior a los 400 euros. Desde 2003, más de 550 manteros han sido encarcelados. Cuando se eliminó la pena de cárcel los comerciantes protestaron al entender que la propiedad intelectual debe protegerse. Pero, ¿a costa del ingreso en prisión de los manteros?

El abogado Pau Rius ha llevado varios casos relacionados con los manteros. Entre ellos, el de Ibrahima Diop, un joven sin papeles que fue arrollado por un tren mientras escapaba de la policía en Castelldefels (Barcelona). Esa situación define, a juicio de Rius, el "estado de miedo" permanente que viven estos vendedores. "Se está criminalizando la pobreza. Esto no se resuelve con el Código Penal, porque los vendedores se agarran a esta actividad porque no pueden hacer otra cosa. Esto se soluciona con más derechos y más convivencia", ataja Rius.

A pesar de que el top manta ya no se castigará con la cárcel, por encima de los 400 euros sí está penalizado con una multa o trabajos para la comunidad. La abogada Marta Segura explica que esa sanción llega a veces con un año de retraso y que, si es de más de 30 días de trabajo social, deben pasar hasta dos años para que se cancelen los antecedentes. "El inmigrante está condenado a tres años durante los cuales no podrá obtener los papeles", indica. Y eso lo aboca otra vez al mercado negro y a malvivir manta en ristre.

El conflicto tiene una última arista. Es el de las supuestas mafias que hay detrás, aunque todo indica que ni de lejos pueden compararse con el crimen organizado. El inspector jefe del Cuerpo Nacional de Policía en Cataluña, Rafael Jiménez, explica que "hay una estructura" basada en portavoces o líderes. "Pero estos grupos están poco conectados entre sí", añade.

Ante este enredo, el presidente de la asociación Nómadas del Siglo XXI, Mamadou Diagne, que agrupa a unos 120 manteros, recordó ayer que ellos solo pretenden sobrevivir de forma digna, sin delinquir. Diagne explicó que los vendedores solo ganan entre 200 y 300 euros al mes, y lamentó que hasta que puedan trabajar con los papeles se verán obligados a deambular con las mantas. Apartarlos a una zona concreta, como han hecho El Vendrell y Calafell, para Diagne es solo un parche. Pero para Kadou, un senegalés de 27 años que vende gafas en El Vendrell: "Al menos ahora nos tratan como a seres humanos".

Lo que dice la ley

- La reforma del Código Penal elimina la pena de prisión cuando la mercancía tiene un valor inferior a los 400 euros, puesto que considera que se trata de una falta. En su lugar se impone una multa de un mes y de 4 a 12 días de localización permanente.

- Para los delitos de un importe superior a los 400 euros, la pena es de tres a seis meses de multa y hasta 61 días de trabajos para la comunidad.

- El real decreto 199/2010, de 26 de febrero, por el que se regula el ejercicio de la venta ambulante o no sedentaria, establece que son los municipios quienes fijan las zonas para el ejercicio de la venta ambulante.

- El texto establece que la autorización para la venta tendrá una duración limitada y obliga a las Administraciones a comunicar a los órganos de defensa de la competencia las infracciones que puedan cometerse en defensa de la competencia.

- Las solicitudes de los interesados para ejercer la venta ambulante deberán demostrar que: a) se está dado de alta del impuesto de actividades económicas y al corriente de su pago y b) se cumple con los abonos correspondientes a las cotizaciones de la Seguridad Social.

- El decreto establece que los "prestadores" procedentes de terceros países deberán acreditar el cumplimiento de las obligaciones establecidas en la legislación vigente en materia de autorizaciones de residencia y trabajo.

- El decreto también añade que la autorización exige que el producto objeto de la venta reúna "las condiciones exigidas por la normativa reguladora".

- Los procesos para otorgar estos permisos de venta ambulante deben ser públicos y su tramitación deberá desarrollarse de acuerdo a criterios que serán "claros, sencillos, objetivos y predecibles".

* Este artículo apareció en la edición impresa del Viernes, 13 de agosto de 2010

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