Cataluña "ve razonable" el acuerdo con los 'manteros'

La Generalitat respaldó ayer parcialmente la decisión de los dos municipios turísticos catalanes que han abandonado la persecución policial de los manteros para, en su lugar, pactar una zona en la que esta actividad ilegal se desarrolla con la normalidad propia de cualquier mercadillo legal. "Puede ser una solución razonable para evitar conflictos mayores", señaló el consejero de Interior del Gobierno catalán, Joan Saura, en alusión a que los Ayuntamientos deben velar por garantizar el orden público y mantener así una imagen atractiva para el turismo. "Pero los mossos seguirán actuando contra esta venta ilegal", añadió.

La opinión de Saura, que evitó debatir sobre la posible ilegalidad de la medida pero acató las áreas que El Vendrell y Calafell (Tarragona) han habilitado para la venta ambulante irregular, fue interpretado como un espaldarazo encubierto a esa decisión.

Ambas localidades de la Costa Dorada reciben una avalancha de manteros cada verano, por lo que han acordado alejarlos de las zonas más masificadas para evitar problemas de imagen y de convivencia que, entre otros aspectos, perjudiquen al sector turístico. Interior puntualizó después que Saura pretendía también lanzar una advertencia para los manteros en el sentido de que los Mossos d'Esquadra no respetarán ningún pacto municipal.

"Realizaremos los mismos dispositivos en Calafell y El Vendrell para controlar este tipo de venta ilegal que en cualquier otro municipio", detalló un portavoz. Pero la reacción del consejero sorprendió por la tibieza en un asunto que puede vulnerar la legalidad.

Las críticas en este sentido se reprodujeron a nivel municipal y llegaron hasta los representantes del Senado del PP. La portavoz de Consumo del Grupo Popular en la Cámara Alta, Carmen Riolobos, exigió el cumplimiento de la ley "a todos los Ayuntamientos y comunidades autónomas" para que persistan en la represión a los manteros. "Si creen que la ley no debe estar en los términos en los que está, que pidan que se cambie a través de sus representantes", subrayó.

En la misma línea se manifestaron el resto de municipios catalanes, sorprendidos por la acogida de Interior al desaire de Calafell y El Vendrell a la norma legal. El Consistorio de Barcelona, ciudad donde también son habituales los manteros a la carrera perseguidos por agentes, descartó tajantemente cualquier pacto con este tipo de vendedores. "No daremos cobertura política ni legal a estas prácticas y seguiremos ejerciendo presión para combatirlas", aseguró el alcalde accidental, Jordi William Carnes. "Estaríamos cuestionando a la gente que sí cumple con sus obligaciones", añadió.

La misma estrategia defendieron Salou y Cambrils, municipios de la Costa Dourada también afectados por la avalancha de manteros en verano. "Los resultados de la persecución policial son positivos", aseguraron. La Cámara de Comercio de Tarragona, por su parte, consideró que pactar con los manteros supone "el principio del desastre". "Ocasiona un daño enorme al resto de comerciantes", lamentó el presidente de la entidad, Albert Abelló.