La Confederación de Comercio catalana denunciará por "prevaricación" los pactos municipales con los manteros

La vía abierta por dos municipios turísticos de Cataluña para designar zonas específicas en las que se tolera la actividad de los manteros, en su mayoría inmigrantes en situación irregular que venden productos falsificados, sigue generando críticas y dudas en relación a la legalidad de esta medida. El secretario general de la Confederación de Comercio de Cataluña, Miguel Ángel Fraile, ha considerado hoy que los alcaldes de El Vendrell y Calafell (Tarragona) incurren en un delito de "prevaricación" por pactar con los manteros y permitir que estos desarrollen su actividad a sabiendas de que la venta de productos falsificados que llevan a cabo supone un delito penal. "Si se legalizan los manteros es prevaricación porque los alcaldes saben que están haciendo algo ilegal", ha asegurado Fraile que ha asegurado que emprenderá acciones legales contra estos Ayuntamientos "ante las administraciones correspondientes".

"Hemos hablado con la Generalitat y nos ha garantizado que los Mossos d'Esquadra actuarán con la toda la contundencia en su lucha contra el 'top manta'", ha agradecido el secretario general. Este ha recordado que la venta de productos falsificados también es competencia de los ayuntamientos, por lo que ha advertido al resto de municipios que no apliquen medidas similares. "Espero que no caigan en esta trampa, porque es inadmisible en un Estado de Derecho", ha asegurado. Fraile ha detallado que en este tipo de venta no se pagan impuestos y se comercializan productos falsificados que en muchos casos atentan contra la seguridad del consumidor al carecer de cualquier tipo de control o garantía.

"El problema social de personas explotadas y sin papeles no se puede solventar por la vía del comercio. El siguiente paso será que los comerciantes ambulantes que pagan impuestos dejen de hacerlo", ha advertido el responsable de la Confederación.

Desde esta semana, los manteros que venden su mercancía en El Vendrell y Calafell, dos municipios contiguos de la Costa Daurada, no son detenidos ni perseguidos por la Policía Local siempre que restrinjan su actividad a la zona designada por el Ayuntamiento. La decisión pretende evitar el acoso de la venta ambulante a los turistas y los enfrentamientos entre manteros y agentes que se produjeron el verano pasado. En esos episodios, los turistas se pusieron al lado de los manteros e increparon a los policías en protesta por el cerco al que eran sometidos los inmigrantes.