Efectos del recorte en infraestructuras

Durante los últimos meses, la atención de las instituciones y de los mercados financieros se ha centrado en la sostenibilidad de las finanzas públicas, muy deterioradas por la intensidad de la crisis y como consecuencia de los planes fiscales puestos en marcha para estabilizar las economías. Las respuestas en Europa fueron el plan de ayuda a Grecia, la creación del European Stabilization Mechanism, las intervenciones del BCE en los mercados de deuda y la reducción del déficit y la deuda de las economías más afectadas.

En mayo se intensificó el proceso de consolidación fiscal de la economía española que el Gobierno había aprobado en enero. Las consecuencias han sido muy graves para la obra civil en España. La Actualización del Programa de Estabilidad de enero ya supuso una importante reducción de la inversión pública hasta 2013: se pasaba del 4,4% del PIB en 2009 al 2,9% en 2013. Ello suponía que la inversión se reduciría, en euros constantes, un 7,1% durante 2010, un 15,6% adicional en 2011, un 6,2% en 2012 y un 3,6% en 2013. En consecuencia, la inversión pública soportaba un excesivo peso en el ajuste y la demanda de obra pública se reducía respecto a la demanda esperada en 23.300 millones constantes de 2009. Los efectos sobre la actividad y el empleo eran muy relevantes: el PIB se podría reducir 1,3 puntos y se destruirían unos 500.000 puestos de trabajo hasta 2013.

La reducción de la inversión bajará el PIB en un 0,1% y destruirá 72.000 empleos

A pesar de ello, el ajuste de mayo supuso importantes recortes adicionales en la inversión pública que implican incluso la rescisión de contratos y la reprogramación de anualidades de proyectos en ejecución, por el 10% y el 40% respectivamente de la cartera pendiente de ejecución del Ministerio de Fomento.

Las consecuencias de este ajuste en dos etapas son graves porque la inversión en infraestructuras es clave en la actual situación, por un doble motivo. En primer lugar, por su capacidad para aumentar la productividad y el crecimiento potencial. Y en segundo lugar, por su efecto estabilizador de la demanda agregada. Desafortunadamente, no ha sido posible diseñar una política de inversión pública de carácter contracíclico como era el objetivo. Una vez más, cuando han aparecido las dificultades en el déficit público, ha sido necesario recortar muy significativamente la inversión.

El impacto de las rescisiones de contratos y del retraso de los proyectos en ejecución se estima en una caída inmediata del 0,1% del PIB, que aumenta en el medio plazo hasta el 0,5%, y una destrucción de 72.000 empleos, que aumentarán a 166.000 en dos años y medio.

El retorno fiscal de la inversión en infraestructuras supone, a corto plazo, el 59%, por lo que la rescisión de contratos y la reprogramación de anualidades supondrán la desaparición de un retorno fiscal de 3.800 millones de euros. No obstante, la estimación de la autofinanciación de la inversión pública con modelos econométricos muestra que el impacto total se aproxima al 80%, por lo que el efecto de reducir un proyecto de inversión en el superávit público es tan solo del 20%.

El sector de obra civil está sobredimensionado como consecuencia de la demanda pública y de la estructura del Estado. Los márgenes son excesivamente reducidos, por lo que muchas empresas del sector están escasamente capitalizadas. Por tanto, un shock negativo de demanda, junto a la nueva Ley de Morosidad, tendrá efectos magnificados y provocará la desaparición de un número imprevisible de empresas.

Conclusiones. Primero, dados los efectos extremadamente negativos del recorte de la inversión pública, deberían plantearse medidas en los Presupuestos Generales del Estado para 2011 que corrigieran esta situación. Debería considerarse el establecimiento de tasas o peajes vinculados a las infraestructuras.

Segundo, la puesta en marcha del PEI debería ser prioritaria, lo que exige la resolución de los problemas pendientes de las autopistas de peaje y la elaboración de proyectos que cumplan los requisitos para ser financiados por el sector privado.

Tercero, la política fiscal y especialmente la inversión en infraestructuras se configuran como el único instrumento estabilizador en la UEM. Reducir la inversión pública sin consolidar la recuperación puede tener consecuencias negativas sobre la actividad y el empleo.

Cuarto, la teoría económica y la evidencia empírica sobre las consolidaciones fiscales son concluyentes. Las que tuvieron éxito se basaron en la reducción del gasto público no productivo y no en reducciones de la inversión en infraestructuras o en subidas de la imposición.

Quinto, los efectos sobre las cuentas públicas de la reducción del gasto en infraestructuras se sobrevaloran extraordinariamente. La inversión en infraestructuras produce, ya en el corto plazo, un retorno fiscal del 59% que, en el largo plazo, al considerar los efectos inducidos, se aproxima al 80%. Como consecuencia, el recorte de la inversión no permite alcanzar el objetivo perseguido.

Sexto, las características del sector implicarán unos efectos magnificados, lo que provocará la desaparición de un inestimable número de empresas, con graves consecuencias para la actividad, el empleo y, por supuesto, los ingresos públicos.

David Taguas es presidente de SEOPAN.