Las exportaciones de gas peruano desatan la protesta social en Cuzco

Un nuevo conflicto social sacude Perú y esta vez ocurre, aunque suene paradójico, en el que, según portavoces del Gobierno, puede considerarse "el distrito más rico del país". Los pobladores del distrito de Echarate, y en general los de toda la provincia cuzqueña de La Convención, donde se encuentran los ricos yacimientos de gas natural de Camisea, se han levantado para demandar al Ejecutivo que cancele los contratos de exportación del combustible, muy cuestionados por los nacionalistas de la oposición, que aseguran que las condiciones de la venta son desventajosas y que el gas se está exportando sin garantizar el suministro interno.

A los pobladores de Echarate esos argumentos les parecen más convincentes que los cerca de 100 millones de euros que reciben cada año en concepto de canon y regalías por la explotación de gas de su territorio, según informó el primer ministro, Javier Velásquez. Son ya 11 días de un paro general que se agrava poco a poco. El miércoles, un enfrentamiento en el poblado de Kiteni entre la policía y los manifestantes terminó con 18 personas heridas, dos de ellas de bala, y 25 detenidos, informó la defensora del pueblo, Beatriz Merino. Mientras, más de 500 vecinos de Quillabamba marcharon hasta Cuzco para reclamar a la gente que se sume a la protesta.

El combustible comenzó a venderse a España y México a principios de año

La reclamación principal de los pobladores de La Convención parece difícil de cumplir, pues hay un compromiso a largo plazo para exportar el gas, con fuertes inversiones de por medio. En los últimos tiempos las condiciones preferenciales que se otorgaron para facilitar la exportación -a comienzos de año empezó a venderse a España y México- han sido muy cuestionadas, hasta el punto de que el Gobierno recientemente anunció que empezará a renegociar el contrato. El presidente, Alan García, defendió el pasado 28 de julio la exportación y aseguró que sin el compromiso a largo plazo de venta al extranjero, el gas seguiría bajo tierra, otro argumento con el que sus opositores discrepan.

El Ejecutivo, que la semana pasada decretó el estado de emergencia en la región, ha señalado que no habrá diálogo con los manifestantes hasta que estos no suspendan el paro y cesen los cortes de carreteras. Mientras tanto, la semana pasada suspendió las garantías constitucionales en la zona y movilizó a más de 600 policías y militares para proteger los edificios públicos, el aeropuerto de Cuzco (que los manifestantes amenazan con tomar), los lugares de interés arqueológico y, sobre todo, las instalaciones del estratégico gasoducto. Según datos del Ministerio de Energía y Minas, el gas natural de Camisea aporta el 19% de la energía que se consume en Perú y, de acuerdo con la empresa TGP, se usa para producir el 35% de la electricidad que se genera en el país andino.

El primer ministro ha advertido de que hay motivaciones políticas detrás de la protesta y que "cuatro o cinco dirigentes" con aspiraciones electorales están azuzando a los pobladores. También ha denunciado que autoridades locales de La Convención usan fondos públicos para financiar la movilización y que también participan en ella elementos terroristas de Sendero Luminoso.

Si bien el flujo de gas no se ha interrumpido, el perjuicio económico lo sufren los agricultores de La Convención y provincias aledañas, donde hay importantes cultivos de café y cacao. Los bloqueos de carreteras y el cierre de negocios causan pérdidas diarias de 2,5 millones de euros. También se han visto afectados algunos circuitos turísticos, aunque la amenaza de cortar el acceso a Machu Picchu no se concretó.