La Abogacía y la Fiscalía denuncian el "grave fraude" del amaño de partidos

La supuesta compra de partidos de fútbol por parte del dueño del Hércules, el constructor Enrique Ortiz, recogidas en el sumario del caso Brugal, puede generar "una extraordinaria alarma social y constituir un fraude de graves consecuencias, con posibles perjuicios a terceros, capaz de producir una quiebra en la confianza de las personas". Esta es la tesis que defiende el fiscal jefe de la Audiencia de Alicante, Juan Carlos López Coig, que presentó ayer personalmente un recurso de reforma y subsidiario de apelación contra el auto del juez de instrucción número 7 de Alicante, José Luis de la Fuente, que se ha negado a trasladar al Consejo Superior de Deportes y a la Federación Española de Fútbol el contenido de las grabaciones que recogen los supuestos sobornos del empresario, implicado también en el caso Gürtel.

Dar las grabaciones "no afectaría a ningún derecho fundamental", sostienen

Enrique Ortiz, dueño del Hércules, está imputado en el 'caso Brugal'

Por su parte, el abogado jefe del Estado en Alicante también presentó su recurso, en el que pide que la grabación de las conversaciones se remita al Consejo Superior de Deportes (CSD) "para no dejar carente de sentido y huérfana de actuación" la facultad de sancionar del Estado. "El resultado de la investigación operaría directamente", añade, "sobre las quinielas futbolísticas, que suponen no solamente un gran movimiento económico, sino uno de los medios de financiación de la Liga Profesional de Fútbol". Entre las finalidades de la Ley del Deporte figuran el fomento y la financiación de las prácticas deportivas y ese mandato "puede verse gravemente afectado si no se actúa sobre las conductas que le pueden perturbar", agrega el representante del Estado.

El amaño de partidos (tanto la compra como las primas a terceros) es una "infracción administrativa muy grave" de la Ley del Deporte y vulnera también el Código Disciplinario de la Federación. El artículo 76 de la Ley del Deporte sanciona "las actuaciones dirigidas a predeterminar, mediante precio, intimidación o simples acuerdos, el resultado de una prueba o competición". Pero, al no estar penalizadas hasta el momento estas conductas de corrupción en el deporte (lo estarán con la entrada en vigor de la reforma del Código Penal, el próximo 22 de diciembre), se intenta que se castiguen por la Administración deportiva.

El fiscal y el abogado del Estado disienten de la negativa del juez a dar traslado de las grabaciones a las autoridades deportivas y aseguran que hacerlo "no afectaría a ningún derecho fundamental". López Coig admite que, aunque las grabaciones se efectuaron para investigar una supuesta trama de corrupción vinculada al negocio de la basura en el sur de Alicante, el hallazgo, aunque haya sido casual, se debe "perseguir por la vía correspondiente", por si se ha incurrido en una infracción administrativa.

Por su parte, y tal como informó ayer este periódico, el representante del Estado aporta en su escrito diversas sentencias del Tribunal Constitucional sobre elecciones "de carácter administrativo" en las que participaron formaciones del entorno de Batasuna y a las que se aportaron "pruebas de procesos penales". Entre dichas sentencias figuran las de candidaturas al Parlamento vasco de Iniciativa Internacionalista, la de la agrupación de electores de D3M o las de formaciones como Aukera Guztiak o Herritarren Zerrenda.

En definitiva, el fiscal y el abogado del Estado instan la revocación del auto del 3 de agosto del juzgado de instrucción de Alicante y piden que se dicte otro que acuerde poner los hechos en conocimiento del Consejo Superior de Deportes y la Federación Española de Fútbol para que estos organismos adopten las medidas que consideren oportunas.

En el sumario del caso Brugal está imputado Ortiz por los supuestos delitos de cohecho, tráfico de influencias y fraude.

Por otro lado, el colectivo de Comerciantes por Alicante pidió ayer el "el cese inmediato" de las noticias que dañan la imagen del Hércules.