Montilla acusa a Convergència de financiación irregular a través del Palau
Artur Mas niega las evidencias e insiste en que "no hay ni habrá pruebas" - El tripartito y el PP piden que la justicia intervenga para aclarar el caso
El camino de rosas que Convergència i Unió esperaba seguir para volver a la Generalitat tras siete años de Gobiernos de la izquierda en Cataluña amaneció ayer repleto de baches y curvas peligrosas. El informe de la Agencia Tributaria concluyendo que Convergència Democràtica recibió hasta 5,9 millones de euros de la constructora Ferrovial a través del Palau de la Música levantó una nueva tormenta política en Cataluña. El presidente de la Generalitat y líder del Partit dels Socialistes (PSC), José Montilla, acusó a Convergència Democràtica de recibir dinero ilegalmente. "Hay algo más que indicios de financiación irregular", dijo Montilla, quien llamó a Mas a dar explicaciones.
El caso del Palau de la Música, del que su ex presidente Fèlix Millet desvió presuntamente 35,1 millones de euros, fue, según Hacienda, una ingente fuente de ingresos para el partido de Artur Mas. Los peritos de la Agencia Tributaria han hallado pruebas de que la constructora Ferrovial pagaba a Fèlix Millet comisiones de cerca del 4% por la adjudicación de obras públicas de los Gobiernos de Jordi Pujol, que luego la formación nacionalista se repartía con Millet.
El Gobierno catalán y el PP creen que Hacienda confirma sus sospechas
Ferrovial se declara ajena al destino que Millet haya dado a sus aportaciones
Ferrovial, Millet y CDC cruzaron varias cartas sobre los pagos
El PSC cree que es el caso más grave de corrupción de la historia de Cataluña
Para todo el arco político catalán excepto CiU, el informe es la demostración de que el partido de Artur Mas se ha financiado irregularmente, aunque los nacionalistas se han enrocado en la estrategia de decir que no hay "nada de nada" y que se trata de una gran campaña de acoso político a una formación que se encuentra en su mejor momento de popularidad de la última década.
Fue el propio Artur Mas quien ayer dio la cara para intentar que el temporal pase lo más rápido posible. De hecho, los ex consejeros Felip Puig y Pere Macias rechazaron hablar con este diario. Mas echó mano de la misma estrategia que el Partido Popular ha utilizado desde que estalló el caso Gürtel: negarlo todo, desdeñar las pruebas periciales y culpar de todo a un grupo de delincuentes, en este caso Fèlix Millet, que nada tendrían que ver con Convergència. Pese a las evidencias que destapa la Agencia Tributaria en su informe de 82 páginas, Mas compareció ayer ante las cámaras de TV3 para decir que "no hay absolutamente ninguna prueba contra Convergència y estoy seguro de que no la habrá". También afirmó no saber nada de las comisiones del 4% que los peritos ven probadas e incluso dijo estar dispuesto a defender una por una las adjudicaciones de obras públicas hechas por los Gobiernos de Jordi Pujol, de los que Artur Mas fue consejero.
Mas, concretamente, pidió al Gobierno catalán y a la Justicia que examinen cada uno de los concursos de aquella época que ganó Ferrovial. Según la Agencia Tributaria, las adjudicaciones a esta constructora serían el eje de la trama de comisiones irregulares, sobre todo a raíz de dos obras: la línea 9 del metro de Barcelona, todavía en construcción, y la Ciudad de la Justicia de L'Hospitalet, inaugurada el año pasado. "Las adjudicaciones a Ferrovial estaban perfectamente bien hechas", aseguró Mas.
La compañía de la familia Del Pino, la segunda constructora española por capitalización bursátil, aseguró ayer en un comunicado que es "completamente ajena" al destino que Fèlix Millet pudiera haber dado a sus aportaciones. La empresa coincidió con el líder de CiU en señalar que las licitaciones mencionadas en el informe de la Agencia Tributaria se desarrollaron "conforme a rigurosos procedimientos administrativos" y que las obras se adjudicaron a "la oferta más ventajosa para los intereses públicos".
No es la primera vez, sin embargo, que la constructora aparece relacionada con presuntos pagos a partidos. Los socialistas catalanes ya denunciaron en 1989 que la constructora había ayudado a enjuagar la colosal deuda que dejó a las arcas nacionalistas la denominada "operación reformista" capitaneada por Miquel Roca en 1986. Esa fracasada operación electoral se habría financiado, según los socialistas, con la ayuda de Ferrovial, después de que esta recibiera un suculento encargo para construir la autopista de peaje que enlaza Terrassa y Manresa, en Barcelona. Entonces, como ahora, CDC lo negó todo e instó a quienes dudaran de su palabra de acudir a la justicia.
La diferencia es que ahora hay abundante documentación, que señala que las aportaciones de Ferrovial no correspondían a patrocinio, sino al pago de supuestas comisiones por obras adjudicadas. Para empezar, los tres vértices del triángulo que constituye la presunta trama -Ferrovial, Millet y los tesoreros de CDC- se cruzaron varias cartas en las que se referían a dichos pagos. Y además de la documentación hallada, los peritos de Hacienda constatan que el Palau desviaba casi automáticamente los fondos procedentes de Ferrovial hacia la fundación de CDC y las empresas que realizaban campañas electorales para el partido.
Buena parte de esa documentación ya afloró durante la comisión de investigación que el Parlamento catalán cerró la semana pasada con la conclusión de que Convergència se había financiado de forma irregular. Los grupos de la mayoría gubernamental (PSC, ERC e ICV-EUiA), así como el PP, ven ahora más probada si cabe la conclusión a la que llegaron y que Convergència calificó de "caza de brujas".
La demanda ahora es que actúe la justicia. El diputado del PSC y portavoz en la comisión parlamentaria sobre el caso Palau Jordi Terrades, lamentó el "intolerable silencio" de Artur Mas "ante lo que podría ser el escándalo de corrupción más importante y grave de la historia de Cataluña". Y lanzó un reto al líder de CDC: "¿Dejará Mas de ser diputado si en los próximos meses la justicia confirma la financiación irregular de CDC a través del Palau de la Música?".
Pere Bosch, diputado de ERC, que también busca erosionar a CiU poniendo de relieve que un partido nacionalista se financie con empresas constructoras con sede en Madrid, hizo ayer hincapié en que el Palau era un canal para que CDC se financiara ilegalmente. También ICV pidió por boca de su diputada Laia Ortiz que el juez abra diligencias para investigar esta nueva derivada del caso del Palau de la Música.
![Artur Mas, en el Parlamento catalán, en una imagen de archivo.](https://imagenes.elpais.com/resizer/v2/ZUIPTLDYL5SWK7D5MNXTR42LJI.jpg?auth=d55cc638bbb02c554e2762b29c0fa80cb650c9ab9d1b0b7b0aa548bb6cd452ca&width=414)
Testimonios ante el Parlamento catalán
- El responsable de las finanzas de Convergència Democràtica, Daniel Osàcar, niega haber hablado con frecuencia con el ex directivo del Palau, Jordi Montull.
- Osácar asegura no ser el "Daniel" al que, según la documentación incautada, iban los "pagos" procedentes de la constructora Ferrovial a través del Palau.
- El ex consejero de Obras Públicas Pere Macias resta valor a la documentación incautada, que califica de "papelitos". Daniel Osácar opina que esos "papeles" carecen de "veracidad".
- Pedro Buenaventura, ex delegado de Ferrovial, sostiene que Fèlix Millet no les ayudaba a conseguir "obra pública", aunque sí contratos privados.
Informe de la Agencia Tributaria
- Daniel Osàcar telefoneó a Jordi Montull el 29 de enero de 2007, el 16 de noviembre de 2007, el 22 de enero de 2008, el 9 de marzo de 2009 y el 23 de marzo de 2009.
- Tras dos páginas y media de argumentos, el informe concluye: "La identidad completa de la persona que figura como 'Daniel' sería Daniel Osàcar i Escrig".
- Los trabajos periciales acreditan que los papeles que apuntan a supuestas comisiones y las agendas incautadas se corresponden con movimientos bancarios en las cuentas del Palau.
- El informe incluye una carta en la que Fèlix Millet pide al ex tesorero de CDC Carles Torrent que se adjudique una depuradora a Ferrovial.
Un año de 'caso Palau'
- Julio de 2009. Los Mossos registran el Palau de la Música.
- Septiembre de 2009. Fèlix Millet, presidente del Palau, confiesa haber desviado 3,3 millones. La primera auditoría eleva la cantidad a diez.
- Octubre de 2009. El juez imputa a Millet por falsedad documental y apropiación indebida. CDC admite que su fundación cobró 630.000 euros del Palau.
- Noviembre de 2009. CDC accede a devolver los 630.000 euros, que el Palau denuncia que se pagaron ilegalmente.
- Febrero de 2010. Los auditores elevan a 35 millones el agujero del Palau. La documentación incautada indica que Millet pagó dos millones a tres empresas que realizaban campañas electorales a CDC.
- Mayo de 2010. El caso salpica al tesorero de CDC, Daniel Osácar. El Parlamento catalán acuerda crear una comisión de investigación. Nuevos papeles, además, señalan que Millet tenía a sueldo al ex alcalde y a un concejal de CiU en L'Ametlla del Vallès (Barcelona).
- Junio de 2010. Millet y su mano derecha Jordi Montull ingresan en prisión por la operación del hotel del Palau.
- Julio de 2010. Nuevos documentos indican que Convergència cobró supuestamente más de 5,8 millones por comisiones de Ferrovial. El caso salpica a su ex tesorero Carles Torrent y al ex diputado Jaume Camps. La Oficina Antifraude ve indicios de que Millet intermedió entre constructores y políticos. El Parlamento acuerda llevar el caso a la fiscalía.
- Agosto de 2010. La Agencia Tributaria concluye que la constructora Ferrovial pagó comisiones del 4% por obras que adjudicó CiU a través del Palau.
Ferrovial niega los pagos
La constructora Ferrovial Agroman se declaró ayer "completamente ajena" al destino que Fèlix Millet hubiera podido dar a "las aportaciones realizadas en concepto de patrocinio", que según la contabilidad de la entidad musical ascienden a más de 12 millones de euros desde 1998. En un comunicado, la empresa de la familia Del Pino aseguró que "todas las actividades patrocinadas" corresponden a actividades que luego se realizaron.
Según la constructora, las licitaciones que menciona la Agencia Tributaria se desarrollaron de acuerdo con "rigurosos procedimientos administrativos" y cumplieron los "requerimientos legales". "Los pliegos establecieron criterios objetivos de valoración con suficiente precisión y la adjudicación se hizo a la oferta más ventajosa para los intereses públicos", sostiene la empresa. Según Ferrovial, Hacienda no ha analizado esos procedimientos.
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