La Xunta reduce a la cuarta parte las ayudas para rehabilitar viviendas

El propietario de una vivienda en un casco antiguo podía recibir una subvención máxima de 24.000 euros para rehabilitarla. Hasta el pasado 20 de julio, cuando entró en vigor la resolución de la Xunta que convoca las ayudas a fondo perdido para recuperar viviendas en conjuntos históricos, que rebaja el límite hasta 6.600 euros. La reducción del máximo en un 72,5% está provocando la alarma en los alrededor de 70 ayuntamientos gallegos con cascos históricos, que ya están experimentando las consecuencias de una medida que rompe con década y media de políticas de decidida apuesta por la rehabilitación en Galicia.

El Instituto Galego da Vivenda e Solo (IGVS), dependiente de la Consellería de Medio Ambiente, Territorio e Infraestructuras, publicó el pasado 19 de julio en el Diario Oficial de Galicia la resolución. La nota de la Xunta hacía referencia al total de los fondos destinados, 4,98 millones de euros, pero no decía ni una sola palabra de la rebaja de los máximos subvencionables. Fue a partir del día siguiente, cuando la orden entró en vigor y se abrió el plazo de un mes para la presentación de solicitudes, cuando la alarma se comenzó a extender por los ayuntamientos con casco histórico. Ayer, concejales y alcaldes socialistas de varios de ellos expusieron el problema a la dirección del Grupo Parlamentario del PSdeG, que anunció la presentación de iniciativas en la Cámara para forzar una rectificación de la consellería que dirige Agustín Hernández.

El recorte afecta a obras ya iniciadas o con la autorización concedida

"Ningún vecino se atreve a rehabilitar", lamenta el alcalde de Ribadavia

"Con una subvención máxima de 6.600 euros, ningún vecino se mete a rehabilitar nada", lamenta el alcalde de Ribadavia, Marcos Blanco, que lidera a los ayuntamientos de la provincia de Ourense afectados por el drástico recorte. A la reunión de ayer con las diputadas Mar Barcón y Carmen Cajide asistieron alcaldes, concejales y portavoces de otros ayuntamientos que están acusando la rebaja de las subvenciones, como Ourense, A Coruña, Ferrol, Castro de Rei, Baiona o Castro Caldelas.

La caída de las ayudas se agrava por su aplicación a obras que están en ejecución o a subvenciones que ya estaban concedidas, cuyos solicitantes han firmado créditos para financiar las rehabilitaciones. Barcón acusó a la Xunta de ir "contra los ciudadanos" y contras las pequeñas y medianas empresas que ejecutan los trabajos, y que estaban encontrando en la rehabilitación una válvula de escape a la crisis en el sector inmobiliario. "También las pequeñas empresas locales de albañilería o fontanería se van a ver afectadas", lamenta Marcos Blanco.

La resolución del IGVS establece ayudas a la rehabilitación y a la renovación de viviendas. En ambos casos distingue entre cascos históricos y en el medio rural, a los que se destinan 2,58 y 2,4 millones de euros, respectivamente. En los primeros, el recorte es tan severo en las ayudas a la rehabilitación como en las concedidas para renovación de viviendas, cuyo límite pasa de 30.000 euros a 8.600. Las subvenciones en el medio rural se establecen por un sistema distinto que considera la renta de los solicitantes, aunque, según los socialistas, supone igualmente un recorte global de las ayudas.

La propia Consellería de Medio Ambiente, Territorio e Infraestructuras asumió ayer la reducción de las subvenciones, que justificó por los "incrementos irresponsables" que llevó a cabo la antigua Consellería de Vivenda, que dirigía la nacionalista Teresa Táboas. La Xunta argumenta además que "pese al ajuste", las cuantías concedidas son "más elevadas que las del Ministerio de Vivienda". La misma línea sigue para defender al Gobierno gallego el PP, que salió al paso de las acusaciones del PSdeG con una crítica a la "falta de vergüenza política" de este partido por censurar el caso gallego y no "los recortes del ministerio".

La consellería de Hernández justifica no sólo los recortes, sino otras restricciones incluidas en la nueva reglamentación de las ayudas, como que ningún miembro de la unidad familiar que las solicita disponga de otra vivienda. También se prohíbe que las casas rehabilitadas se destinen al mercado del alquiler, para evitar "que se haga negocio con fondos públicos".