Un geriátrico privado de Outes se quedó con bienes de los residentes

Un matrimonio y su hijo, dueños de una residencia geriátrica situada en el municipio coruñés de Serra de Outes, están acusados de un posible delito de estafa por apropiarse de viviendas y de fincas de ancianos ingresados. En total, son sospechosos de quedarse, bajo la excusa de sufragar sus honorarios, con cuatro casas y 50 solares.

El caso que instruye desde hace ya tres años el Juzgado número 1 de Muros está pendiente de calificación para la apertura de juicio oral. La titular del centro denominado La Paz, Purificación García Brea, su marido, Atilano Iglesias Pérez, y el hijo de ambos, Cristian, son imputados por el "considerable incremento patrimonial de sus bienes" que les fueron transmitidos por personas residentes "en las viviendas comunitarias que ellos regentan". Hay además "sospechas e indicios" de que los ancianos, "ya desconectados de su entorno familiar y social, tuvieran una dudosa capacidad para realizar esas transmisiones de sus propiedades", según recogen las diligencias judiciales.

Todo se destapó en 2006 a raíz de la denuncia de la hija de una anciana

Las declaraciones de los familiares directos de los ancianos desposeídos de sus bienes, en su mayoría ya fallecidos, coinciden en destacar las dificultades que tenía para visitarlos y en poner en duda la capacidad mental de sus padres, abuelos o tíos para firmar el poder notarial por el que cuatro casas situadas en Noia y Serra de Outes y medio centenar de fincas acabaron entre los años 2003 y 2006 a nombre de Purificación García. Su hijo, aquejado de una enfermedad mental como él mismo relató ante el juez, también es dueño de tres bienes inmuebles. Regenta junto a sus padres la residencia La Paz, abierta en 1996 en el Cruceiro de Roo, en Serra de Outes, con 24 plazas para personas mayores no dependientes. No se cerró, como pedía el fiscal, el centro a raíz de la investigación abierta en 2007. Pero el juez puso a la residencia bajo supervisión mensual de la Xunta y adoptó varias medidas contra García, peluquera de profesión, su marido, jubilado, y su hijo: les fue retirado el pasaporte, están obligados a personarse cada semana ante el juzgado y se les prohibió taxativamente realizar cualquier negocio o transacción jurídica con alguno de los ancianos que residen en La Paz.

Todo se destapó a raíz de la denuncia en 2006 de la hija de una mujer ingresada en esa residencia. El juez ordenó un año después a la Guardia Civil investigar el caso y su informe, emitido en febrero de 2008, fue revelador: el matrimonio se hizo con bienes de ancianos que residían en el geriátrico bajo la excusa de sufragar las cuotas de sus servicios. Cobraba por vivir en La Paz unos 1.500 euros mensuales a una pareja que, al no tener más ingresos que sus pensiones (unos 600 euros), transmitió por poder notarial a Purificación García en septiembre de 2003 dos casas ubicadas en Noia.

El hombre de ese matrimonio padecía cáncer y murió, tres meses después de donar sus propiedades, en el Hospital de Santiago. Ambas viviendas fueron puestas a la venta en 2007 en una inmobiliaria por 186.000 euros, según relataron las hijas de los ancianos, ya fallecidos. La esposa de otra pareja residente, ciega y con una pierna amputada, también murió a los seis meses de ingresar en La Paz, a cuya titular le transmitieron una casa y 50 fincas ubicadas en Outes. Esa muerte "extrañó" a su sobrina, según declaró ante la Guardia Civil.

Algunos familiares de ancianos reconocieron haber permitido que sus padres firmasen un poder notarial en favor de Purificación García para cubrir, con sus propiedades, los gastos de su estancia. Pero otros no, e incluso declararon que sus padres o tíos no estaban en condiciones mentales de decidir esas transmisiones patrimoniales. "La capacidad de razonamiento de mi tío estaba limitada, si estuviera en plenitud de facultades no hubiera vendido la madera de sus fincas", relata un sobrino que debía ser el heredero de los bienes que finalmente se quedó la titular del geriátrico. El hijo único de otra residente que donó su casa para pagar su estancia en la residencia reconoció haber dicho a Purificación García que no le interesaba la herencia, pero destacó los problemas psiquiátricos que padecía desde hace años su madre, con la que apenas mantenía relación.

Las familias, fuesen o no consentidoras de pagar con sus bienes la estancia en la residencia, coinciden en relatar las dificultades que tenían para visitar a sus parientes en la residencia. García nunca los dejaba a solas cuando venían a ver a sus padres o abuelos "por lo que no podían hablar o quejarse del trato", limitaba el tiempo de visita y acaba por pedirles que no volvieran "con la disculpa de que los residentes se quedaban llorando y eso no les sentaba bien".