Administraciones: los datos no les pertenecen

Los españoles honrados han saldado sus cuentas con Hacienda. Si fueran británicos podrían saber en menos de un minuto a qué se han destinado sus impuestos. No es ciencia-ficción. Basta tener a mano los ingresos brutos de los últimos ocho años y entrar en www.wheredidmytaxgo.co.uk (adónde fueron mis impuestos). Teclee las ocho cantidades, añada la edad y el sexo. Y ahí lo tiene: cuánto dinero fue a pensiones, sanidad, educación, defensa, pagar intereses... hasta la última libra.

Calcularlo en un pispás es posible porque el Gobierno británico ha colocado al alcance de cualquiera en Internet millones de datos, incluidos los muchos que hacen posible este cálculo, que un habilidoso grupo de ciudadanos ha convertido en esta útil y sencillísima aplicación. Es un ejemplo práctico de un cambio de cultura que se está gestando en las Administraciones públicas -dar información de oficio, no a petición expresa- de EE UU y Reino Unido. Allí han dado los primeros pasos. España acaba de emitir los primeros balbuceos. ¿Asistimos al inicio de una revolución?

En el mundo anglosajón hay más tradición de control a los gobernantes

Los internautas crean herramientas para manejar la información

El Gobierno vasco permite hacer sugerencias a proyectos de ley

Los datos públicos son un negocio potencial de miles de millones

Los defensores del llamado "gobierno abierto", del que la difusión masiva de datos públicos es solo el principio, auguran que sí. Una revolución basada en tres patas: transparencia, participación (porque "no todas las buenas ideas nacen en Washington", como dice Beth Noveck, delegada de Barack Obama para estos asuntos) y colaboración (entre las Administraciones y con las empresas).

Sin Obama en la Casa Blanca y sin los avances tecnológicos que han transformado trabajosos procesos en trámites fáciles y baratos no existiría este movimiento que pretende, entre otros fines, aumentar el control ciudadano sobre cómo gestionan el poder -y los dineros de todos- los políticos electos. Obama introdujo el asunto en la agenda política al crear, poco después de estrenarse en la presidencia, www.data.gov, una puerta a miles de datos públicos que ya tenía la Administración sobre infinidad de asuntos. Con esa materia prima, miles, millones de tablas, alguien ha creado una herramienta (http://flyontime.us/) que permite conocer la probabilidad de que su vuelo llegue puntual, tarde o adelantado. Todo tras revisar instantáneamente miles de estadísticas.

Obama en EE UU y Gordon Brown en Reino Unido (data.gov.uk) -espoleado en buena medida por el escándalo de los gastos de los diputados, aunque David Cameron ha seguido luego su estela- tomaron la decisión política de poner a la vista prácticamente todo lo que no sean datos personales ni afecte a la seguridad nacional. Dentro de esta nueva manera de funcionar, el Gobierno británico ha revisado sus páginas web, más de 800, y ha concluido que sobra el 75%. No es de extrañar que los anglosajones lleven la delantera. Tienen una larga tradición de control de sus representantes y leyes de libertad de información. No es el caso de España, que no tiene una ley de acceso a la información de la Administración, aunque sí, paradójicamente, una sobre reutilización de la información del sector público desde 2007. El Gobierno de Zapatero prometió una ley de transparencia que no acaba de llegar.

Los defensores españoles del gobierno abierto piden que se dé la información de oficio y no como hasta ahora solo si alguien la pide. "Cuando le hablas a un funcionario de transparencia se echa las manos a la cabeza porque cree que el dato es suyo", cuenta César Calderón, coordinador del libro Open Government, la primera obra en español sobre el tema. Los de la Asociación Pro Bono Público pensaron que la mejor manera de difundir su reivindicación de que se liberen datos -"para que esté más claro quién lo hace bien y quién mal", explican Aitor García y Alberto Molpeceres- era montar un concurso. Dicho y hecho. Así nació el desafío AbreDatos 2010. La materia prima: datos en bruto sacados de la web de cualquier Administración, tablas, páginas de Excel, todo un mundo ininteligible para los no iniciados; el plazo: 48 horas, desde la medianoche de un viernes de abril hasta el domingo. Objetivo: transformar esos datos en información útil, comprensible y accesible vía Internet a cualquiera con unos conocimientos básicos de informática. Lo que los entendidos llaman una aplicación. El fin: demostrar que si en 48 horas, eso sí, durmiendo poco, un puñado de programadores puede crear aplicaciones razonablemente logradas, el potencial es inmenso.

El Ejecutivo vasco se ha subido al carro, impulsado por el lehendakari, Patxi López. Patrocinó uno de los premios de AbreDatos. El director de Administración Ciudadana, Alberto Ortiz de Zárate, ex funcionario y bloguero, explica que esa información está guardada en cajones dispersos de la Administración, "es información que se ha generado con el dinero del contribuyente, es una pena que todo eso se quede sin usar". Ellos han empezado a colgar datos en la web opendata.euskadi.net. Ya hay datos meteorológicos o de contrataciones. El Gobierno asturiano tiene el soporte técnico y acaba de empezar a abrir los primeros cajones. El Ministerio de Política Territorial detalla en su página pueblo por pueblo las inversiones del plan de Zapatero 2010 para fomentar el empleo. Lo mismo hace el Ayuntamiento de Gijón sobre un mapa de la ciudad sacado de Google Maps.

Pero no toda la información es igual. Ni tiene el mismo valor. Existen tres tipos, explica José Manuel Alonso, responsable de Open Data de la fundación CTIC, de Asturias: "La información políticamente sensible, la administrativamente sensible y la que no es ni lo uno ni lo otro". Lo que se libera es sobre todo del tercer grupo. "Es muy fácil saber dónde quedan las farmacias, pero es muy complicado saber cómo se desarrolla una obra concreta, si se ha contratado a la gente prevista o si lleva retraso". Alonso recomienda como ejemplo de transparencia una web del Ayuntamiento de Washington DC (track.dc.gov) donde cada departamento informa a la ciudadanía si está cumpliendo, o no, lo prometido, los objetivos anuales que se puso.

Los promotores de esta nueva filosofía repiten como un mantra que la liberación de datos es "condición necesaria, pero no suficiente" para el buen gobierno. El fin es lograr "una democracia de mayor calidad", dice Calderón. Tener la información es el principio. Una segunda pata sería el gobierno participativo, que la ciudadanía se implique, que opine. Internet facilita el contacto directo. "La Administración debe escuchar constantemente a los ciudadanos. ¿Qué le preocupa? ¿Qué necesita?", añade el también director de la consultora Autoritas.

Es un servicio, una oportunidad, que ofrece el portal Irekia (abierto), del Gobierno vasco. Basta registrarse con nombre y apellidos para comentar o aportar sugerencias al proyecto de ley de cambio climático o al plan de deslegitimación de la violencia.

La tercera pata es la colaboración en su doble vertiente: que la gente haga sus propuestas -en Irekia, un internauta propone una bajada de sueldo de los políticos; otro, mejoras para los sordos-. Cuenta la directora del portal, Nagore de los Ríos, que "la primera reacción de la ciudadanía ha sido insultar". Pataleo. "En cuanto hemos abierto la ventana han sacado el enfado contra la clase política. Es una fase que se tiene que dar. Lo verdaderamente interesante, que aún no ha llegado, será cuando los ciudadanos hagan crítica constructiva".

De los Ríos dedica parte de su tiempo a lo que denomina "la evangelización" entre sus compañeros del Ejecutivo vasco, se trata de que "tengan en mente" siempre las nuevas tecnologías. La concienciación de sus compañeros de la Administración central es también una de las tareas de Sebastián Muriel, el director de Red.es, entidad del Ministerio de Industria que promueve la sociedad de la información. Muriel destaca que la liberación de datos "es buena no solo por transparencia y buen gobierno, sino también porque tiene un enorme potencial económico, estimado en entre 26.000 y 47.000 millones de euros anuales en la UE". España ha abierto 450 bases de datos (www.proyectoaporta.es). ¿Cuántas tiene la Administración central? No se sabe. Red.es está inventariándolas. Comparar hoy el número de bases de datos liberadas es difícil, es como sumar peras y manzanas, explica un experto.

Datos que en manos de emprendedores se convierten en fuente de riqueza, como quedó claro en una jornada organizada recientemente por el proyecto público Aporta.

José Luis Marín vive de orientar a empresarios en el maremágnum de los concursos públicos del territorio de la UE. Dirige Euroalert.net, un servicio de pago que incorpora mil anuncios nuevos al día. Los menores, presupuestados en 200.000 euros; los más curiosos: Copenhague compra árboles de Navidad; el Ejército francés, miles de boinas, o Singapur, preservativos. El mayor (4.000 millones), para construir autopistas en Reino Unido. La empresa, de Valladolid, tiene 10 empleados.

Los que esperan con ansia la liberación de datos en España advierten de que el proceso debe incluir unos requisitos técnicos para ser realmente útil (las páginas escaneadas con un leve ángulo, que impide que las máquinas lo lean, son su pesadilla). Es necesario que estén en formatos que puedan alimentar automáticamente a los ordenadores. Y que se puedan reutilizar libremente con solo mencionar la fuente.