Atrapados en el atasco del juzgado

El 1 de septiembre de 2004 comenzaron a funcionar en España los juzgados de lo Mercantil. Se estrenaba entonces la Ley Concursal, que puso fin a las antiguas suspensiones de pagos y a la maraña de normas dispersas y arcaicas que se derivaban de los códigos de derecho privado, civil y de comercio del siglo XIX. Un informe del Consejo General del Poder Judicial sugirió entonces que las nuevas salas podrían llegar a soportar, como media, 400 procedimientos, teniendo en cuenta que unos pueden ser bastante más complicados que otros. Era el número que se consideraba "más razonable". Pero, como con muchas otras cosas, la crisis hizo saltar por los aires la estadística. El año pasado, en los dos mercantiles de A Coruña se presentaron 2.015 casos y se resolvieron 1.441. En toda Galicia los seis juzgados especializados en asuntos empresariales tienen más de 3.000 procesos pendientes.

El año pasado las dos salas de A Coruña recibieron 2.015 asuntos

Sólo la suspensión de pagos de Fadesa contabiliza 10.000 acreedores

Los jueces tienen más trabajo del que son capaces de resolver

Sólo uno vale por todos. Es el concurso de Martinsa-Fadesa, que desde hace dos años ocupa al juez Pablo González-Carreró Fojón. Confiesa que su primera reacción cuando recibió la noticia fue de no creérselo: "No sabía que después de la venta la constructora seguía teniendo el domicilio social en A Coruña. Tengo que reconocer que no estaba preparado psicológicamente". Se le vino encima un tsunami. La suspensión de pagos de una constructora con 10.000 acreedores, un pasivo de 7.000 millones y tres ERES que dejaron la plantilla diezmada. Y por descontado, un caso muy seguido por los medios de comunicación. Lo peor es que solo era uno más de los asuntos de su juzgado, atendido por un secretario y cinco funcionarios en jornada de mañana. "Por lo menos los refuerzos llegaron en pocos meses", recuerda Carreró. Un juez de apoyo y cinco funcionarios le ayudaron a tomar las riendas del día a día. Pudo dedicarse por completo a desentrañar el lío contable de la constructora recién vendida por el empresario gallego Manuel Jove. Estirando su jornada hasta la tarde, cuando en las oficinas no queda nadie más que el personal de limpieza, el juez consiguió sacar adelante la primera fase del concurso.

Como la mayoría de sus colegas, sabe que tiene más trabajo del que puede resolver, algo que le frustra: "Eso significa que acumulamos retrasos, es terrible acumular retrasos". Esa sensación, compartida por la mayoría de la judicatura, explotó el 18 de febrero de 2009 en la primera huelga de jueces de la historia de España. Uno de los pilares de la democracia aireaba así su enorme enfado por tener que vivir todos los días situaciones casi kafkianas, con medios del siglo XX en el siglo XXI.

Algunas cosas han mejorado, (de los 36 nuevos órganos que se reclamaban el año pasado se han logrado 11) pero el atasco judicial continúa. Galicia es la quinta comunidad con más asuntos en trámite de España, un total de 181.415. Tiene las salas de lo contencioso-administrativo más congestionadas del país. En materia penal se acumulan 18.916 sentencias sin ejecutar. Los juzgados de lo Social añadieron a su cuenta el año pasado 5.130 procedimientos, con lo que ya tienen 17.938 sin resolver.

"¿Qué opino de las estadísticas? Que son muy frías, no les haría mucho caso", sonríe González-Carreró. En su despacho del edificio Proa en A Coruña las estanterías están llenas. "Hay asuntos que resuelves en un día y otros tardan cinco. En junio teníamos jornadas en las que se dictaban entre ocho y diez sentencias". Según las cifras presentadas esta semana por el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia, la mala situación económica ha llevado al concurso a 388 empresas en el último año y se han dictado más de mil notificaciones de embargo. No hay día en que el Boletín Oficial del Registro (BORME) no sume un puñado de concursos. El 90% de las suspensiones terminan con la liquidación de la empresa. Psicológico o no, lo cierto es que los expertos creen que se tarda demasiado en reconocer una situación de insolvencia.

"Ha subido muchísimo la actividad en los juzgados de primera instancia. Presentan números espectaculares, se ha generado un trabajo tremendo", suscribe el juez, que aún así se consuela. "¿Comparados con Levante? Estamos de maravilla. Si nos medimos con Cataluña, Valencia, Alicante... allí es espantoso. El Estado tardó mucho en dar refuerzos". Galicia, al menos, es un lugar distinto, esta vez para bien.

Sin corbata, en un día de calor en A Coruña, el juez habla de que la especialización en temas mercantiles no ha sido un camino de rosas. "A los jueces nos costaba al principio entender la verdadera situación de una empresa, leer un balance y entender la información económica, saber si una insolvencia se produce de manera fortuita o si ha habido movimientos negligentes por parte de los administradores. Porque nuestra formación en materia contable es limitada".

Se ha encontrado con situaciones complicadas, pero agradece que la norma concursal haya aclarado las cosas. "No estamos en 2006. En todo caso, no es un problema de la ley. Surge lo de siempre, la insuficiencia de medios o, mejor dicho, la adaptación de los que hay a las circunstancias. En 2008 esto fue la locura, ni siquiera por el número de procedimientos, lo más importante fue la litigiosidad". En la antesala de su despacho diez funcionarios comparten mesas y papeleo. Pegada en una estantería, una foto del grupo con bufandas de la Roja. "Los funcionarios son un encanto, no tenemos ninguna clase de conflicto". Utilizan ese espíritu de equipo para torear el día a día de un asunto como el de Fadesa. "Se generaron montones de demandas. En estos casos cada acreedor ve su problema, todo el mundo intenta posicionarse lo mejor posible".

Tras la suspensión de pagos está el drama de los ahorradores, de las pymes que no han podido sobrevivir. "No podemos asesorar a los acreedores, pero eso no quiere decir que no los veamos. Están detrás de los papeles, de los expedientes. Hay trabajadores, hay empresas pequeñas a las que le deben dinero, empresas grandes... Los jueces no estamos alejados de la realidad".

Pablo González no se considera una estrella. "Me gusta lo que hago, aunque tengo la sensación de que podría hacerlo bastante mejor". Empezó la carrera judicial en 1991, en el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción de Betanzos. Tres años después se trasladó a Ourense y en el 96 pasó a la sala de Primera Instancia de A Coruña, hasta que llegó al Mercantil. Cree que jueces como Garzón, como Grande Marlaska, son famosos a su pesar. "Es normal que acaben siendo conocidos por su trabajo". Hijo de juez, antes de Fadesa no tuvo asuntos espectaculares entre manos. "Somos seis hermanos y soy el único que estudió Derecho. Aprendo de los abogados constantemente, ellos hacen evolucionar el Derecho, abren las vías". Hace un paréntesis para loar el nivel de la curia de A Coruña, donde no sentó nada bien que, en su día, eligiese una administradora concursal de Valencia para el proceso de Fadesa. La bronca tenía mar de fondo detrás: los honorarios de los administradores se calculan como un porcentaje del activo de la empresa. Los del mayor proceso presentado en España se van a llevar un buen pellizco.

La semana que viene se inicia la fase de convenio, que durará tres meses. González-Carreró espera que hacia finales de este año se pueda cerrar el largo asunto de la constructora dirigida por Fernando Martín si se aprueba alguna de las propuestas de convenio. ¿Y si no? El juez se encoge de hombros: "Si los acreedores no lo aprueban seguiremos trabajando".