Recortes, devoluciones, deuda y fraude

La Conselleira de Facenda acaba de anunciar un fuerte recorte del presupuesto para el año que viene. Alrededor de 950 millones menos de gasto, que vienen explicados fundamentalmente por la necesidad de recortar el endeudamiento en más de 800 millones. Las consecuencias directas de este ajuste las notaremos en los servicios autonómicos gallegos: sanidad, educación, servicios sociales o cultura. Pero también en los que prestan los ayuntamientos, porque una parte de los recursos de los municipios procede de la caja autonómica. Si bien la crisis económica ha tocado fondo y comenzamos a recuperarnos, lo peor en el ámbito público está por llegar: 2011 y 2012 serán años duros.

Dos son los factores que explican este diferencial en los tempos. Primero, la inercia en la evolución del sistema de financiación autonómica, en la que las comunidades autónomas trabajan con anticipos y previsiones que no suelen reflejar bien los cambios bruscos en la coyuntura, como el que hubo entre 2008 y 2009. Segundo y sobre todo, el ajuste del déficit en el que se ha embarcado España hasta 2013.

El Parlamento debe respaldar sin fisuras que se aplacen las devoluciones pendientes

A partir de lo anterior, pueden hacerse una serie de reflexiones y sugerencias. En primer lugar, lo responsable es lo que planea hacer la Xunta: respetar los escenarios de consolidación fiscal acordados con el ministerio. Independientemente de que te gusten o no, es necesario que se respeten los acuerdos multilaterales. Cuestión distinta es que lo acordado sea justo y razonable. En mi opinión, con una sanidad, educación y servicios sociales en manos autonómicas, el esfuerzo de consolidación que se le demanda a Galicia es excesivo. Y ese exceso se agrava cuando además se nos exige la pronta devolución de la diferencia entre lo que se le anticipó en 2008 y 2009 y lo que finalmente nos ha correspondido: más de 2.000 millones. Una diferencia que, dicho sea de paso, no tiene que ver con la irresponsabilidad del bipartito gallego (en 2008 y 2009 presupuesto en línea con el resto de comunidades autónomas, incluidas las gobernadas por el PP), sino con errores de cálculo del ministerio.

A expensas de que el Consejo de Política Fiscal y Financiera reabra la discusión sobre el reparto del esfuerzo de consolidación, creo que se debería presionar para que las devoluciones pendientes se aplazaran hasta que mejore la coyuntura o, al menos, se ampliase el plazo de pago. Esta es una propuesta que se desgranaba en esta columna hace unos meses (El País Galicia, 03/10/2009) y que, con alguna variante, ahora se defiende desde la Xunta. Creo que el Parlamento gallego debería respaldarla sin fisuras. Siempre, claro está, que la responsabilidad original de la misma se atribuya a errores más o menos justificables del ministerio y no a la irresponsabilidad del bipartito; algo que se puede demostrar con los números en la mano (¿Un bipartito irresponsable?, La Región, 09/05/2009).

Además de la necesaria austeridad, existen dos vías por las que podemos compensar el ajuste anunciado. La colaboración público-privada en la financiación de inversiones y el combate contra el fraude fiscal. El principal problema de lo primero se encuentra en que, en realidad, es deuda futura que hay que devolver. Y la ilusión financiera que supone disfrutar ahora y pagar después puede hacernos poco rigurosos, tanto a la hora de lanzarnos a ejecutar proyectos, como cuando se trata de aceptar los costes que proponen las empresas. La consigna debe ser, por tanto, prudencia y rigor. Finalmente, la crisis debería ser un buen momento para darle el impulso a la lucha contra el fraude fiscal permanentemente pospuesto. El fuerte crecimiento económico desde 1996 permitía llenar las arcas autonómicas sin tomarse muy en serio el combate contra el fraude. Pero la situación ha cambiado y la necesidad recaudatoria se suma a la obligación de que el sistema fiscal sea justo y equitativo. Sabemos que no lo es y que como consecuencia de la fuerte centralización de la gestión tributaria en España, la responsabilidad fundamental es del nivel central de gobierno. La reducción de las listas de espera sanitarias gallegas está directamente relacionada con la reducción del fraude que logre la Agencia Tributaria.