Barcelona lleva al Constitucional el veto al endeudamiento

El real decreto ley de medidas extraordinarias para reducir el déficit invade competencias de la Carta Municipal de Barcelona y por ello el Ayuntamiento aprobó ayer el inicio de los trámites para recurrir el decreto ante el Tribunal Constitucional. En el recurso, el Consistorio pedirá al Gobierno que modifique su redacción y suprima la prohibición genérica de endeudarse a los entes locales.

El pleno aprobó ayer por unanimidad la proposición de ERC para la preparación del recurso en defensa de la autonomía local. Todos los grupos estuvieron de acuerdo en que el decreto invade la Carta Municipal, que establece que para la concertación de operaciones de crédito el Ayuntamiento de Barcelona no necesita autorización externa.

El decreto del déficit invade las competencias de la Carta Municipal

El de ayer fue un pleno municipal de cuentas. Se aprobó la rendición de cuentas de 2009 con los votos del gobierno y el apoyo de ERC. CiU y el PP votaron en contra alegando que el cumplimiento de las inversiones dista mucho del 90% mantenido por el biparito y ERC. Con el horizonte de un posible relevo, CiU fue muy crítica respecto al estado de las cuentas del Consistorio. El edil Antoni Vives recriminó al gobierno de Jordi Hereu el endeudamiento -aprobado con el apoyo de ERC- de 240 millones de euros y el Plan Económico y Financiero del Ayuntamiento por considerar que ambos restan capacidad de inversión al Consistorio para los próximos años. "De todas maneras, la actitud de CiU en este capítulo será de colaboración porque nos tocará gestionarlo a nosotros", dijo Vives. Jordi William Carnes, primer teniente de alcalde y responsable del área económica, defendió el equilibrio de las cuentas: "Deberían estar contentos de la salud financiera de este Ayuntamiento si realmente les toca gobernar". Otra proposición de corte económico y vinculada a los efectos de la crisis - a propuesta de CiU y aprobada por unanimidad- fue la de instar al Gobierno a "compensar" el saldo deudor de la participación en los tributos del Estado del Ayuntamiento de Barcelona y el resto de los municipios correspondientes a los años 2008 y 2009, y en el caso que se produzca, a 2010. El PSC, CiU, ERC y el PP dieron el visto bueno a la privatización de los servicios funerarios. ICV se opuso alegando que un servicio público no debe pasar al control del sector privado.

Las vacaciones de verano parecían planear sobre la última sesión del pleno. Tal vez por ello no hubo mucha polémica. Solo el Partido Popular aludió a los diversos episodios de crisis que ha atravesado el gobierno de Hereu: renuncia de la edil de Ciutat Vella, Itziar González; el cese de Carles Martí, ex primer teniente, por el fiasco de la consulta de la Diagonal; la inculpación del cuarto teniente, Ramon García-Bragado, por el caso del hotel del Palau, y la investigación judicial en marcha de supuestos sobornos en Ciutat Vella.