Obras con criterio

El ministro de Fomento, José Blanco, detalló ayer en el Congreso su plan de recorte de inversiones que, en síntesis, supone rescindir 32 grandes proyectos de infraestructuras y retrasar otros 199 proyectos entre uno y cuatro años. La austeridad inversora de Fomento es consecuencia del tijeretazo de más de 6.400 millones de euros que el Gobierno tendrá que ejecutar entre 2010 y 2011 para cumplir con los objetivos de ajuste presupuestario imprescindibles para reducir el déficit público. No es necesario subrayar que, por desgracia, los recortes del gasto público son más eficaces y de efectos más rápidos cuando se aplican en las partidas de gastos sociales y en las de inversión pública.

La intervención del ministro se ocupó mucho en justificar la perentoriedad de los recortes y en defender la recuperación de algunas inversiones a través de contratos privados. Está bien, por supuesto, explicar el alcance de la austeridad inversora en infraestructuras. Pero aunque anunció una nueva etapa para la política de infraestructuras ("el Gobierno está decidido a revisar viejos dogmas"), eludió detalles y no quedó claro si el gasto en infraestructuras retornará a las tasas previas a la crisis una vez se recupere la estabilidad presupuestaria. La cuestión requiere un mínimo de reflexión, porque una cosa es el volumen de infraestructuras que la economía española necesita, otra muy distinta es cuántas puede pagar y, por último, cuántas de las inversiones aprobadas entre 2000 y 2008 son ejercicios de megalomanía. No se entiende que cada autonomía quiera tener su propio AVE, sus aeropuertos y autovías locales al margen de la racionalidad económica o de transporte; y se entiende todavía menos que, a sabiendas de la crisis de solvencia de las cuentas públicas, las autoridades autonómicas sigan reclamando, en tono amenazante, el cumplimiento de inversiones que, como el ministro se esfuerza en explicar, no se pueden pagar.

Esta es la oportunidad de proponer un nuevo plan de infraestructuras para los próximos 10 años que recoja las que el país necesita, con demostración de su rentabilidad, cálculos precisos de su financiación y adscripción a los agentes adecuados. Las comunidades autónomas han de pagar o contribuir a ello por los servicios que quieren para sus ciudadanos. En todo caso, el recorte de Blanco no debe entenderse como la suposición de que España no necesita más infraestructura pública.

Por el contrario, la necesita, pero también necesita un orden de prioridad en su construcción. Hay que recordar, además, que el ahorro que se obtiene con el recorte de los proyectos públicos no equivale al gasto presupuestado. Cuando se detiene una obra pública se deja de gastar una parte del proyecto, según la fase de realización en que se encuentre la obra; pero, por contra, el Estado deja de percibir impuestos y cotizaciones sociales; y tiene que pagar más desempleo.