Tiempo muerto

La reunión de los presidentes del Gobierno central y de la Generalitat se saldó con un único mensaje: el Ejecutivo de Zapatero asume las reacciones a la sentencia del Estatut como expresión de un malestar real que no solo incumbe a Cataluña, sino también al resto de España. Frente a las interpretaciones que han vinculado al clima preelectoral existente en Cataluña a las distintas iniciativas de las fuerzas políticas tras conocerse la sentencia, Zapatero quiso escenificar con Montilla el rechazo a la trivialización de una crisis que no resolverá el simple transcurso del tiempo; tampoco desahogos colectivos como la manifestación del 10 de julio ni declaraciones institucionales, como la resolución aprobada por el Parlament el pasado viernes.

Más allá de este mensaje, sin embargo, todo fueron incógnitas. Las declaraciones posteriores a la reunión no permitieron aclarar si la principal preocupación que guió a Zapatero y Montilla fue resolver el deterioro del sistema autonómico provocado por los avatares del Estatut o, por el contrario, afinar la estrategia ante las próximas elecciones catalanas. Unas elecciones en las que no solo se decide el próximo Gobierno de la Generalitat, sino el peso de la agenda soberanista en los próximos años. La reunión pareció dirigida a identificar una vía intermedia entre quienes proponen desentenderse del malestar que la sentencia ha provocado en los partidos catalanes, confiando en que se trata de algo pasajero, y quienes sostienen que ha roto el pacto constitucional.

Falta por saber si esa vía intermedia dispone de margen político suficiente. No es posible descartar que CiU la considere insuficiente y que ERC coloque más alto el listón de su rechazo, con lo que se desencadenaría una escalada en la que los socialistas catalanes tendrían dificultades para mantenerse en la posición pactada entre Zapatero y Montilla. Hay cierta lógica en intentarlo, aunque se trate de una estrategia cuyo éxito depende más de los movimientos de las otras fuerzas políticas.

Desde el punto de vista institucional, en cambio, el Gobierno central y la Generalitat de Montilla, que ya no parece actuar como tripartito ante la inminencia de las elecciones, tendrán que hacer serios esfuerzos para alejar la sospecha de que están tratando de sortear la sentencia por caminos tortuosos, salvo en aquellos aspectos expresamente contemplados por el Constitucional, como el referido al poder judicial catalán. Las declaraciones de Montilla presentando al Tribunal que se ha pronunciado sobre el Estatut como un actor inesperado que ha venido a interferir un pacto político entre Cataluña y el resto de España no marchan en esa dirección, además de poner a disposición del PP un flanco muy difícil de cubrir.

Habrá que esperar a que el Gobierno central y la Generalitat concreten lo que ayer solo fueron aproximaciones genéricas a un problema que, en efecto, no es solo de Cataluña. Se ha declarado un tiempo muerto, pero aún no se sabe exactamente para qué.