La trama de Ciutat Vella pidió en un día 661 licencias para pisos turísticos

El 31 de diciembre de 2006 entraron en el registro de Ciutat Vella 675 solicitudes de licencia de apartamentos turísticos. De ellas, 661 llevaban la firma del mismo ingeniero, Joaquín Quílez, imputado en una trama de corrupción junto con dos ex funcionarios del distrito: Heliodoro Lozano, director de licencias y espacio público, y Elena Ariza, que fue secretaria jurídica, entre otros cargos. En la causa también están involucrados 25 empresarios -que declararon ante los Mossos- y tanto Quílez como Lozano estuvieron en prisión preventiva. Lo que investiga el juzgado es una trama de sobornos de empresarios al intermediario -el ingeniero Quílez- y de este a los funcionarios municipales con la misma finalidad: facilitar la tramitación de licencias, acelerar los tiempos habituales de la Administración o, sencillamente, evitar las inspecciones que hubieran puesto al descubierto las irregularidades. La relación entre Quílez y Lozano no se limitaba a la motivada por los apartamentos turísticos, explican fuentes municipales.

La entrada en bloque de peticiones colapsó las oficinas de Ciutat Vella

El 31 de diciembre de 2006 finalizaba el plazo para solicitar las licencias de apartamentos turísticos en aplicación del plan de usos aprobado en junio de 2005, que pretendía acotar esa actividad en un distrito que se vio desbordado. Hasta aquel momento, los apartamentos habían funcionado sin ningún tipo de requisito porque no existía normativa. La licencia para operar como apartamento turístico era de cambio de usos y suponía cumplir unos requisitos. Quien no los cumpliese estaba obligado a restituir el uso anterior: vivienda. La presentación en bloque de 675 solicitudes colapsó las oficinas, que quedaron completamente desbordadas. Esas solicitudes de licencias -de obras mayores- tienen un plazo para ser contestadas: tres meses, pero no pudo ser cumplido y, en consecuencia, todos los apartamentos siguieron funcionando por silencio administrativo. Todo ello ocurrió en una época de mudanza, con las elecciones municipales en mayo de 2007 y la posterior formación de gobierno. Itziar González, que fue edil de Ciutat Vella, se encontró con un fenomenal lío de licencias en espera y con un ingeniero (Quílez) que se movía por las oficinas "como Pedro por su casa", en expresión de un responsable de ese mismo distrito. Lozano -trasladado a Urbanismo- fue sustituido por otro director de licencias de confianza de la edil. Fue a partir de ese momento -primavera de 2008- cuando se empezaron a revisar las licencias de los apartamentos.

En esas comprobaciones, se observó que muchos de los expedientes que llevaban la firma del despacho de ingeniería de Quílez adolecían de carencias en la documentación. Algunos tuvieron que ser literalmente reconstruidos. A veces, las obras que se presentaban no se correspondían con las ejecutadas, explicaron fuentes municipales.

Las inspecciones de los apartamentos -con Lozano ya fuera del distrito- supusieron la denegación de permiso a 218. Muchos de ellos, no obstante, siguen operando.