Tres años después de la fecha de caducidad

Tres años después, el Senado ha vuelto a dejar la asignatura de la renovación del Tribunal Constitucional pendiente para septiembre. El día siete de ese mes, PP y PSOE volverán a examinarse, después de que el pasado jueves, los seis portavoces de la Cámara alta examinaran, a su vez, a 20 candidatos para intentar seleccionar cuatro nombres. Fue una suerte de casting al que los aspirantes se sometieron con paciencia durante casi seis horas y dos años después de haber sido seleccionados por las comunidades autónomas. "Creo que alguno de los candidatos propuestos ya casi ni se acordaba que lo era después del tiempo que ha pasado", comentó -y no bromeaba- Joseba Zubia, del PNV.

Ese mimo día, por la mañana, Zapatero había intentado justificar en el debate del estado de la nación el retraso en la renovación del tribunal -además de los que elige el Senado, el Congreso debe nombrar a otros cuatro, uno de ellos vacante desde hace dos años-. Aseguró que el PSOE tenía que ser "muy exigente" con los candidatos y seleccionar a "personalidades del máximo prestigio para recuperar la posición institucional del Tribunal y fortalecer al máximo su crédito". Por la tarde, 20 juristas de prestigio se sentaron, efectivamente, frente a los portavoces del Senado, recitaron sus largos currículos y esperaron unas preguntas que ningún senador se atrevió a hacerles, a diferencia del proceso practicado en EE UU para nombrar a los magistrados del Tribunal Supremo, donde los senadores indagan, antes de tomar su decisión, si el candidato propuesto por el presidente cree en Dios, está a favor del aborto o de la tenencia de armas.

Todos resultaban "más que idóneos", según las tímidas intervenciones de los portavoces, pero al término del maratoniano examen seguía sin haber acuerdo ni ganas de buscarlo. La víspera, el estratega jurídico del PP, Federico Trillo, había calificado de "mascarada abocada no tener buen fin" el examen y con esa actitud descreída asistió el portavoz del grupo en el Senado, Pío García-Escudero al desfile de juristas. Terminado el examen, el PSOE aseguró que "el acuerdo estaba más cerca" y que había "candidatos de sobra", pero el PP volvió a poner la negociación a cero, insinuando que podría incorporar nuevos nombres a la lista de aspirantes. "Al PP le interesa fosilizar la actual estructura del Tribunal porque responde a sus intereses. En dos tercios, pertenece a la etapa de Aznar", asegura el portavoz de la Entesa Catalana, Carles Bonet (ERC), consciente al igual que el resto de grupos de que más que de los currículos de los examinados, los nombramientos dependen del pacto entre PP y PSOE. Lo que sigue es un resumen del examen al que fueron sometidos 20 juristas "más que idóneos" para ocupar el Constitucional.