La renovación del TC

El Senado ha puesto en marcha el proceso de renovación de los cuatro magistrados del Tribunal Constitucional (TC) cuya designación le corresponde. Lo hace casi tres años después de concluido el plazo legal, lo que pone de manifiesto el grado de irresponsabilidad institucional con que se conducen, con escasa diferencia, el PP y el PSOE, los dos partidos que por la fuerza de su representación parlamentaria tienen encomendada esa tarea. La renovación se produce, además, en un momento en el que el prestigio del TC se encuentra en el nivel más bajo de su historia, como consecuencia del penoso proceso de elaboración de la sentencia sobre el Estatuto catalán, dificultado sin duda por el carácter anómalo de "recurso a la totalidad" que ha tenido la iniciativa del PP contra esa norma.

Por primera vez las asambleas legislativas de las comunidades autónomas han podido participar en la presentación de candidatos, de acuerdo con una reciente reforma legal. Además de corresponderse con el carácter territorial del Senado, la reforma busca enriquecer la composición del tribunal con la presencia de magistrados originariamente propuestos por las entidades territoriales. Pero hecha la ley, hecha la trampa, pues el PP se las ha apañado para presentar en todas las comunidades a los dos mismos candidatos: el presidente del anterior Consejo del Poder Judicial, Francisco Hernando, y su portavoz, Enrique López, si bien este último ya ha quedado oficialmente descartado por no cumplir el requisito legal de llevar al menos 15 años en el ejercicio profesional.

Del examen de los 20 candidatos de los 22 propuestos por las comunidades autónomas, el Senado, que se ha dado hasta septiembre para decidir, debería escoger a los de mayor solvencia jurídica e independencia de criterio, de inequívoca sintonía con los valores constitucionales y con el grado de especialización exigible a los miembros del Constitucional. Pero tal y como se llevó a cabo ese examen la semana pasada -un trámite más bien rutinario que un verdadero escrutinio- es dudoso que la selección responda a aquellos criterios. No parece que en ese "perfil profesional" encaje la trayectoria de Hernando, marcada sobre todo por la puesta a disposición del PP del anterior Consejo del Poder Judicial, en su estrategia de rechazo frontal a las iniciativas legislativas del Gobierno de Zapatero en su primera legislatura.

De qué tipo de TC se perfile dependerá en buena medida la calidad de la democracia española y la perdurabilidad en el tiempo de la Constitución de 1978. La función de "constituyente prorrogado" que despliega el TC debería impulsarle a una interpretación siempre actualizada de la Constitución que, respetando su originario espíritu de consenso y pacto, tenga en cuenta los cambios políticos y sociales de la España actual. Una interpretación así habría mejorado la sentencia sobre el Estatuto catalán.