Editorial:
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Es responsabilidad del director, y expresa la opinión del diario sobre asuntos de actualidad nacional o internacional

La factura del amianto

Uralita indemnizará a afectados por un material tóxico aún muy extendido en España

La lucha contra el uso del amianto, un material de cuya toxicidad ya hubo pruebas científicas hace 60 años, es desesperadamente lenta en España, donde fue legal hasta 2001. Un juzgado de Madrid acaba de dar, sin embargo, un paso de gigante al reconocer que vecinos de la fábrica de Cerdanyola, Barcelona, que vivieron durante décadas sobre un cementerio de amianto, tienen derecho a ser indemnizados por la empresa Uralita, aunque la compañía, como muchas otras, alega que cumplió en todo momento con la legislación vigente. Lo novedoso de la sentencia sorprende por lo obvio: toda empresa debe velar porque los materiales tóxicos con los que trabaja no dañen la salud de la población. Verter toneladas de residuos por las calles para asentarlos no parece la mejor forma de hacerlo.

De hecho, la retirada del mineral instalado o acumulado en vertederos es la gran asignatura pendiente en España. La normativa establece que todo material con amianto debe ser retirado por empresas especializadas y depositado en vertederos especiales. Es una operación costosa, cuyo cumplimiento es imposible de controlar, según admiten Ayuntamientos como el de Cerdanyola. Tampoco parece viable exigir a los particulares que cumplan el mismo proceso para deshacerse de las placas de uralita que se mantienen en cientos de miles de hogares.

El riesgo de todo ello es que, como denuncian sindicatos y organizaciones sociales, en las próximas décadas siga habiendo un tráfico descontrolado de residuos hacia contenedores de basura y restos de obras, cuando no directamente hacia descampados y cunetas. Una vez más, las letales consecuencias tardarán mucho tiempo en hacerse visibles.

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Existen pocas lecciones más duras que la del amianto. Industria y Gobiernos cayeron rendidos a las ventajas a corto plazo -beneficios, empleo- de un material barato y con cientos de aplicaciones en el desarrollo industrial del siglo XX. La factura que dejó para el futuro es descomunal. La Comisión Europea estima que en las primeras décadas de este siglo medio millón de europeos morirán por varias formas de cáncer, en lo que no duda en llamar la "epidemia del amianto". Muchos más envejecerán en unas condiciones terribles, con los pulmones destrozados por las cicatrices causadas por las fibras microscópicas que respiraron tres o cuatro décadas atrás.

En España, casi todo lo relacionado con el amianto se ha hecho tarde y mal, quizá por la complicidad que se adivina entre la industria y las Administraciones. Está por llegar la hora en que se diseñe y ejecute con los medios necesarios un plan nacional (y un fondo de compensación) a la altura de una tragedia que afecta a miles de personas y sus familias. El vacío lo han llenado médicos, sindicalistas y abogados que, muchas veces a título personal, llevan años luchando para hacer reaccionar a un Gobierno lento y a una sociedad desinformada.

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