La CPI tropieza en la primera piedra

Debería haber sido ser el caso que marcara un punto de inflexión en la aplicación de la justicia internacional, por convertir el uso de niños soldado en un crimen de guerra. Sin embargo, los problemas del proceso seguido en la Corte Penal Internacional (CPI) contra Thomas Lubanga, ex líder rebelde congoleño de la etnia hema (pastores) acusado de lanzar a la batalla contra sus rivales lendu (agricultores) a menores de 15 años, pueden dar al traste con un esfuerzo de décadas. El que fuera presentado por la Fiscalía como responsable de robarle la infancia a sus propios compatriotas está a un paso de salir libre por un problema de procedimiento nada desdeñable.

Si el fiscal jefe, Luis Moreno Ocampo, no desvela ante los jueces la identidad de un testigo protegido, Lubanga tiene los días contados en su celda de La Haya, sede de la Corte. Mientras se ultima un recurso para impedirlo, el acusado calla. Sus señorías, por el contrario, se han mostrado implacables. Liberarán al reo si consideran que no pueden garantizarle un juicio justo.

En realidad, no tienen otro remedio. Puede que la justicia internacional tenga un aura especial, con sus sedes exóticas y la fama de algunos de sus juristas, como la ex fiscal Carla del Ponte, acusadora del ex presidente serbio Slobodan Milosevic. Pero sus procesos no difieren tanto de los de un juzgado ordinario. Con las excepciones propias de cada estatuto interno, tribunales como los de la antigua Yugoslavia, Ruanda o Camboya, y desde luego la Corte Penal, la única permanente contra el genocidio, tienen la misma obligación: garantizar un proceso imparcial.

Y eso es lo que parece estar embarrando el caso contra Lubanga, antiguo líder de la Unión de Patriotas Congoleños. En 2009, nada más abrirse el caso, los jueces ya advirtieron a la Fiscalía que tendrían que decretar la libertad del reo, "si no presentaban unos documentos con información posiblemente exculpatoria". El problema se solucionó. Lo de ahora es más delicado aún. La integridad del testigo anónimo, que Moreno Ocampo invoca como obligación suprema, no puede ponerle en situación de desacato a la Corte. Por eso su equipo prepara la demanda contra la puesta en libertad del acusado. Un feo embrollo, cuando todo había empezado con expectación. El fiscal acusó a Lubanga de haber usado niños como escudos humanos. Como cocineros, portadores, espías, asesinos, o bien esclavos sexuales. Él dice que es un político y no un soldado. Sus letrados, que los niños soldado (Naciones Unidas cuenta hasta 30.000 entre 2002 y 2003) "eran un fenómeno aceptado por todas las partes en conflicto en Congo desde 1960". El plazo de interposición del recurso del fiscal es de cinco días.