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COLUMNA

Lo que el independentismo le debe al PP

Leída la sentencia del Tribunal Constitucional (TC), resulta que el Congreso de los Diputados y el Senado aprobaron en su día un Estatuto de Cataluña de corte confederal. Parece mentira, pero a Francisco Caamaño, Alfredo Pérez Rubalcaba y Alfonso Guerra se les pasaron por alto a la hora de negociar el proyecto nada menos que 41 goles confederales. Tiene gracia. Caamaño, Rubalcaba y Guerra, confederales.

El PP es minoritario en Cataluña, el 17% de los votos cuando más, y esta relativa debilidad cegó al resto de los partidos catalanes, que suman el 80% del Parlament. Creyeron que bastaba con tener como aliados en las Cortes al PSOE, a Izquierda Unida y a los partidos vasquistas y galleguistas. Se equivocaron, ahora se ve con claridad. No bastaba. La relación de fuerza política real no es solo la parlamentaria. Ni de lejos. Incluye los poderes económicos, los judiciales, los sindicales, el universo de los medios de comunicación. Incluye el control de un Tribunal Constitucional del que no debía ignorarse que el PP lo había trufado de jueces ultraderechistas, como los que redactan alucinantes votos particulares con citas bíblicas.

Se ha abierto una situación nueva, inestable, en la que es la Constitución la que entra en crisis. Al menos en Cataluña

Para sacar adelante un Estatuto de Cataluña en 2005 había que contar con la derecha española. Las dificultades para ello procedían de que, a diferencia de cuando se negociaron la Constitución de 1978 y el Estatuto de 1979, la derecha española estaba unificada en un solo partido, y sigue estándolo. La versión moderada y centrista que representó en 1979 la UCD de Adolfo Suárez ha sido engullida por aquella Alianza Popular que reunía a la extrema derecha, el partido del nacionalismo españolista más conservador, cuando no franquista. La que rechazó el Título VIII de la Constitución. El acuerdo con el PP resultó, pues, imposible en 2005, entre otras razones porque el PP no lo necesitaba ni lo quería. Contaba con que el TC le daría un día u otro lo que quisiera, le convertiría en confederales a Caamaño, Rubalcaba, Guerra y, por supuesto, a Rodríguez Zapatero, y entonces le permitiría presentarse a sí mismo como único garante de la españolidad.

Así fue como se llegó a la sentencia del 28 de junio y la manifestación del 10 de julio. El Tribunal Constitucional dijo no conocer otra nación que la España de matriz castellana, de la que con gran esfuerzo de generosidad concedió que los catalanes podían ser, si se empeñaban, una especie. Aunque, en realidad, la lectura del párrafo más bien parece sugerir que se trataría de una subespecie o infraespecie.

Por decirlo en el lenguaje ahora plenamente constitucional y estatutario, el siguiente sábado por la tarde la especie decidió personarse masivamente en la calle, anegar el centro de Barcelona, y entonces, por primera vez desde la muerte del dictador, se produjo algo que la entusiasta participación de la Cataluña progresista y catalanista en la Transición y en la construcción del sistema democrático no había dado nunca. Una novedad histórica tomó cuerpo por vez primera en el paseo de Gràcia: centenares de miles de ciudadanos de Cataluña se manifestaron aceptando, asumiendo, que el color dominante fuera no ya como tantas veces el de las senyeres cuatribarradas, sino el azul con la estrella independentista. Nunca hasta ese momento el autonomismo y el federalismo catalán se habían situado como hicieron el sábado bajo la hegemonía, por lo menos cromática, del independentismo. La deriva que esto vaya a tener es una incógnita, pero está claro que el vector en expansión es el independentismo, ante el que se abren expectativas inéditas. Se las debe al PP.

La del sábado fue, en cualquier caso, una manifestación de las más grandes, las que marcan hitos y tendencias, aquellas que expresan y confirman grandes mayorías políticas. Como la citada de 1977 y la que en 2003 expresó el rechazo a la aventura bélica de PP de Aznar en Irak, por ejemplo. Es la manifestación que en Cataluña se produce cuando el conjunto de la izquierda y CiU tocan a rebato conjuntamente. Lo que queda fuera son los marginales. El PP y sus amigos, mal que les pese. Los demás están todos.

La paradoja del caso es que probablemente la presidenta del TC tenga razones para pensar que ha salvado el Título VIII de la Constitución, cuya minimización era el verdadero objetivo de la embestida del PP contra nada menos que 127 artículos del Estatuto. Pero lo ha salvado a costa de Cataluña, que quería expandirlo. Se ha abierto así una situación nueva, inestable, en la que es la Constitución la que entra en crisis. Al menos en Cataluña.

* Este artículo apareció en la edición impresa del Martes, 13 de julio de 2010