La fiscalía acusa a Repsol de "graves negligencias" en la fuga en alta mar

Los fallos de seguridad de Repsol en las prospecciones realizadas el año pasado frente al delta del Ebro provocaron al menos uno de los episodios de fugas de crudo en la zona. Así lo denuncia la fiscalía, que ha acusado por posible delito contra el medio ambiente a dos directivos de la división de seguridad ambiental de RIPSA (Repsol Investigaciones Petrolíferas, SA), filial de la petrolera encargada de dirigir los trabajos de perforación de dos pozos petrolíferos ubicados a unos 40 kilómetros de la costa catalana. El fiscal acusa a ambos ejecutivos de provocar las fugas de crudo detectadas en mayo por su "grave negligencia en el diseño de la instalación y en la previsión de riesgos", según el escrito entregado en el Juzgado de Instrucción número 3 de Tarragona, que investiga el caso. Los vertidos detectados, de los que la petrolera no informó a las autoridades, se produjeron en mayo y junio del año pasado, durante las perforaciones para las que Repsol subcontrató a la empresa estadounidense Pride of North America, a la que también se acusa en el proceso.

El líquido derramado equivale a 140 piscinas olímpicas

Hasta ahora el fiscal solo ha formulado acusación por el primer episodio de fugas detectado. Los dos directivos acusados de un delito contra el medio ambiente son A. V. y R. C., máximos responsables en materia de seguridad de RIPSA en las sedes de esta empresa en Madrid y Barcelona, respectivamente, según fuentes próximas a la compañía.

La fiscalía solicita al juez que cite a declarar como imputados a estos dos directivos para que expliquen su papel en los supuestos fallos de seguridad. El Código Penal castiga el delito ecológico con penas de entre seis meses y cuatro años de prisión. La querella del fiscal que inició el proceso se dirige también contra Repsol, que, en caso de condena, deberá responder como responsable civil subsidiaria de las indemnizaciones que se impongan a los directivos.

La petrolera insistió ayer en la mínima afectación que supusieron los escapes y señaló que todavía no le consta la causa abierta por el juez sobre la perforación de Montanazo D-5 y Lubina 1. Así bautizó Repsol estos viejos pozos, de difícil acceso, perforados hace 16 años. Entonces se descartó su explotación por dificultades técnicas.Repsol considera que las perforaciones de 2009 comportaron vertidos, pero también la certeza de que la tecnología actual ya permite activar ambos pozos. El contrato adjudicado en febrero por Repsol prevé que la compañía francesa Technip empiece a acondicionarlos a principios de 2011 y la duración prevista de los trabajos es de dos años.

La contundencia del escrito del fiscal, que vincula directamente los vertidos a fallos de seguridad de Repsol, abre dudas entre los ecologistas sobre la viabilidad del proyecto. "Es un riesgo demasiado alto para obtener tan poco crudo", insistió ayer el grupo ecologista Greenpeace, a la espera de que avance la investigación judicial. El juzgado abrió diligencias previas el pasado miércoles, lo que explica que Repsol no haya recibido todavía la notificación de la decisión.

El escrito fiscal ahonda únicamente en el episodio de vertidos ocurridos en mayo y relativos al pozo Lubina 1. El segundo vertido del que se tiene constancia se produjo al mes siguiente y también se encuentra bajo investigación, señalan fuentes judiciales. Ninguno de los accidentes fue comunicado a las autoridades, por lo que la fiscalía admite que pudo haber otros escapes de crudo media o baja intensidad que no fueron detectados, algo que deberá esclarecer la investigación judicial.

La fiscalía obtuvo información detallada del primer vertido gracias a las fotografías captadas por un satélite de la Agencia Marítima Europea. Del análisis de esas imágenes se desprende una apreciación inicial del alcance de esta primera oleada de vertidos: los pozos escupieron unas 115 toneladas de crudo entre el 14 y 15 de mayo, además de unas 15 toneladas de otras sustancias contaminantes, como aceite. Ello supone el equivalente a verter unas 140 piscinas olímpicas repletas de crudo al Mediterráneo. Comparar la cifra con los trágicos accidentes de otras mareas negras confirma la baja incidencia de los vertidos, argumento defendido por Repsol. El Prestige, por ejemplo, derramó 77.000 toneladas de fuel frente al litoral gallego en 2002. Pero la cifra que aporta el fiscal se refiere a una parte de los episodios detectados, señalan fuentes judiciales. Más que la cantidad, advierten, la gravedad del asunto se encuentra en la acusación del fiscal, que carga contra la seguridad de Repsol durante los trabajos de perforación en una zona sensible. La acusación de fiscalía subraya que el vertido se produce en aguas ricas en biodiversidad, próximas al parque natural del Delta del Ebro y uno de los principales caladeros para los pescadores de la zona. Además el vertido, señala el escrito, puso en riesgo la fauna marina de la zona.