La Asamblea mantiene las bajadas de sueldo

El pleno de la Asamblea de Madrid dio ayer luz verde a la bajada salarial que afecta a todos los trabajadores del sector público, sean o no funcionarios, de la Comunidad. La Ley de Medidas Urgentes, aprobada ayer, modifica los presupuestos regionales para bajar un 5% el gasto de personal con el objetivo de ahorrar unos 400 millones al año, según cálculos del Gobierno autónomo. La nueva norma, que traspone el real decreto del Gobierno estatal sobre los recortes del gasto público, contó con el voto favorable de 63 diputados del PP, el de los tres parlamentarios del grupo no adscrito -imputados en el caso Gürtel- y la abstención del grupo socialista. IU votó en contra de bajar el sueldo a los funcionarios.

El debate parlamentario fue breve. Cada portavoz dispuso de apenas 10 minutos para fijar su postura sobre una ley que afectará a más de 170.000 trabajadores de la Comunidad de Madrid, entre funcionarios, personal laboral, trabajadores de empresas públicas y docentes. En la mente de todos, la huelga de trabajadores de Metro que rechazan este recorte.

170.000 afectados

Para suavizar la situación con los empleados del suburbano, el PP introdujo el pasado viernes una modificación de última hora por la cual la ley hace una excepción para Metro de Madrid. La empresa podrá aplicar la reducción salarial del 5% o acordar, mediante negociación colectiva, otras medidas para reducir los gastos de personal de la empresa en un 2,15% este año. Con esta coletilla a la Ley de Medidas Urgentes, los trabajadores y la dirección de Metro podrán acordar una rebaja en las prestaciones sociales, pluses, formación..., en lugar del descuento en la nómina. El diputado socialista, Adolfo Piñedo, vinculó la rectificación del PP a la huelga de Metro. "Si esa flexibilización era buena para Metro, por qué no se aplica al resto de empresas públicas de la Comunidad de Madrid". Y prosiguió: "Esta ley contraviene el real decreto estatal respecto de las empresas públicas y suspende el acuerdo de los funcionarios docentes", dijo ante el pleno de la Cámara madrileña.

La mayoría del PP en la Cámara rechazó las enmiendas del PSOE que pretendían "suprimir la reducción a los empleados públicos de la Comunidad, mantener el acuerdo con los docentes y crear un registro de personal directivo de la Administración regional". Al ver que sus propuestas quedaban descartadas, Piñedo dijo: "Tenemos dudas de que sea legal... No lo podemos apoyar. Nos abstenemos", añadió.

Sobre la firma

Jesús Sérvulo González

Redactor jefe de Economía y Negocios en EL PAÍS. Estudió Económicas y trabajó cinco años como auditor. Ha cubierto la crisis financiera, contado las consecuencias del pinchazo de la burbuja inmobiliaria, el rescate a España y las reformas de las políticas públicas de la última década. Ha cursado el programa de desarrollo directivo (PDD) del IESE.

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