Maniobras para librarse del 'caso Millet'

El líder de la oposición al Gobierno catalán, Artur Mas, presidente de Convergència i Unió (CiU), intentó el sábado pasado convertir la agónica gestación de la sentencia del Tribunal Constitucional sobre el Estatuto de Cataluña en una de aquellas situaciones en las que un cazador mata dos pájaros de un tiro. Lo hizo de forma que el beneficiario de la caza fuera, también, la propia federación nacionalista catalana, aunque, en este caso no era el cazador. Mas propuso que si el tribunal recortase el Estatuto, como daba por seguro que iba a ocurrir, el presidente de la Generalitat, José Montilla, convocara elecciones autonómicas. Es decir, disolviera el Parlament y llamara a los ciudadanos a las urnas para la fecha más próxima posible, que debería ser a la vuelta de las vacaciones de verano. El adelanto electoral estaría justificado, a juicio de Mas, porque con él daría al electorado catalán la oportunidad de manifestar su rechazo o su apoyo a la sentencia dando o negando su voto a los partidos que han defendido el Estatuto.

El adelanto electoral pedido por Mas abortaría la investigación parlamentaria del 'caso Millet' que afecta a CiU

La petición de Mas, que en anteriores ocasiones había sido también formulada por el secretario general de CiU, Josep Antoni Duran Lleida, tenía la virtud de dar todavía más trascendencia a una sentencia ya de por sí políticamente muy relevante. El tribunal pasaba a tener no solo la responsabilidad que le corresponde, la de pronunciarse sobre las leyes, sino también la de cargarse de rebote al Gobierno catalán de turno.

La toma de posición de Mas ha sido, sin embargo, interpretada por los tres partidos que forman el Gobierno de la Generalitat, en otra clave política, muy distinta y alejada del Estatuto y su constitucionalidad. La han recibido como un nuevo intento de CiU de poner fin a la investigación parlamentaria en curso estos días sobre el caso Palau, el otro gran asunto que en las últimas semanas monopoliza la atención política en Cataluña.

A medida que estas investigaciones avanzan, van apareciendo datos, documentos, declaraciones y silencios que comprometen más y más a CiU en el trajín de importantes cantidades de dinero entre el factótum del Palau de la Música y el Orfeó Català, Fèlix Millet, y determinadas empresas constructoras que trabajaban para la Generalitat en la etapa de los gobiernos de CiU presididos por Jordi Pujol. Un triángulo, el formado por Millet, CiU y ciertas empresas que, más allá de los beneficios particulares que el propio Millet confesó haber obtenido, se revela cada día un poco más como un nuevo caso de financiación irregular de un partido político.

Tras el desconcierto inicial provocado por el inesperado estallido del caso Millet, la respuesta de CiU se orientó a desactivarlo intentando poner el foco sobre un aspecto lateral que afectaba al Ayuntamiento de Barcelona y al Gobierno catalán, el proyecto de construcción de un hotel junto al Palau de la Música, cuya conveniencia y tramitación ha sido muy controvertida. Hasta el extremo de que, finalmente, ha sido desechada. En síntesis, CiU intentó, primero, descalificar la investigación parlamentaria afirmando que se trata de una persecución política del primer partido de la oposición orquestada por el Gobierno de izquierdas. Después, intentó convertir el caso Millet, en el caso del hotel, como si unas decisiones urbanísticas y administrativas polémicas adoptadas por dos instituciones gobernadas también por la izquierda tuvieran el mismo significado y alcance que la presunta financiación ilegal de un partido. Los partidos de la izquierda han interpretado que la propuesta de adelanto electoral con la excusa de la sentencia sobre el Estatuto lanzada por Mas es, en realidad, una maniobra, la tercera línea defensiva levantada por CiU para librarse del caso Millet más que una respuesta a la decisión del Tribunal Constitucional. Y la han rechazado.

La sospecha de que se trataba de una excusa se basa también en que, a estas alturas de la legislatura, que finaliza el 1 de noviembre, un eventual anticipo de las elecciones sólo sería, en la práctica, un adelanto de dos o tres meses, con lo que, en realidad, la respuesta de los electores al Constitucional que Mas afirmaba perseguir con él podrá producirse igualmente.

La sentencia del Tribunal Constitucional sobre el Estatuto está destinada a tener un fuerte impacto sobre el debate político catalán, de manera que, probablemente, relegará el caso Millet a un segundo plano. Aunque no tanto como para cerrar la investigación parlamentaria. Habrá que ver qué sale finalmente de ella.