Crece la presión para que Convergència aclare su relación con el 'caso Millet'

La publicación de más datos que apuntan a un supuesto pago de comisiones de Ferrovial a Convergència Democràtica de Catalunya (CDC) o a la Fundación Trias Fargas (ahora denominada Catdem) redobla la presión política sobre CDC para que explique su relación económica con el ex presidente del Palau de la Música Fèlix Millet y su equipo de gestores. Los partidos del Gobierno catalán exigen que CDC explique evidencias de una presunta financiación irregular.

La Vanguardia publicó ayer que Fèlix Millet había anotado pagos al contable (fallecido) de Convergència Carles Torrent. Estos apuntes, hallados en su ordenador, en el de su secretaria y en el de la secretaria de Jordi Montull, describen supuestas comisiones del 4% por las obras de la Ciudad de la Justicia y de la línea 9 del metro. De este porcentaje, el 2,5% iba a parar a Carles Torrent y el 1,5% a Millet. Las comisiones por las obras de la Ciudad de la Justicia (2006) subirían a casi dos millones de euros y por la línea 9 del metro (2004) serían de 3,46 millones de euros.

Además, Millet pidió en 1999 a Torrent que hiciera "lo imposible" para conseguir obras para Agroman, que aquel año se iba a fusionar con Ferrovial. "Si no fuera que estamos quedando mal, no te insistiría", escribe.

No es la primera vez que anotaciones del equipo de Millet desvelan supuestos desvíos de dinero de Ferrovial hacia CDC. Hace un par de meses trascendió (El PAÍS, 21 de mayo) que la ex directora financiera del Palau Gemma Montull había anotado en julio de 2008 un cobro de Ferrovial y pagos a empresas de mailing que han trabajado para CDC y a la Fundación Trias Fargas.

Los nuevos datos aparecen en vísperas de que la comisión de investigación del Parlament sobre el caso Palau reanude hoy las comparecencias. Están citadas Gemma Montull; Elisabet Barberà, ex secretaria de Fèlix Millet, y la ex directora general de la Fundación Orfeó Català Palau de la Música Rosa Garicano.

Convergència emitió ayer un comunicado en el que critica que "aparezcan de nuevo" informaciones derivadas de archivos informáticos de los que el partido no tiene constancia. CDC subraya que el hecho de que su administrador falleciese el 2005 "no ha permitido contrastar más allá de lo que es la corrección que figura en la contabilidad oficial, auditada". El partido destaca que los documentos no están firmados, "lo que deja la puerta abierta a que tal vez no fueran enviados a su destinatario", y solo reconoce una relación entre el Palau y su fundación basada en convenios legales con finalidades culturales.

No son de la misma opinión los partidos que integran el Gobierno catalán. ICV-EUiA ha pedido una reunión urgente para decidir si se pide la comparecencia parlamentaria del líder de CDC, Artur Mas, ante "evidencias cada vez más claras de financiación irregular". El presidente de Esquerra Republicana, Joan Puigcercós, ha asegurado que el líder de CiU tiene "el deber de desmentir o confirmar si Convergència se ha lucrado con dinero público o privado que iba a parar al Palau". Puigcercós señala: "CiU es un partido fuerte del país y no nos podemos permitir que exista ninguna sombra de duda que manche las futuras decisiones de la política catalana".

El portavoz adjunto del PSC en el Parlament, Joan Ferran, ha declarado que CDC pide elecciones anticipadas porque "ya se ve venir qué puede salir de la comisión de investigación" y prevé que "no será capaz de explicarlo".

En opinión de Ferran, si bien CDC había dicho que las comisiones parlamentarias no sirven para nada, "se están corroborando las tesis de presunta financiación ilegal" del partido.